Economía El Gobierno renegociará los precios de naftas y tarifas de electricidad y gas para contener el efecto de la devaluación  Será la principal tarea del nuevo ministro de Energía, Javier Iguacel. El Ejecutivo deberá seguir recortando subsidios por el acuerdo con el FMI.
La Casa Rosada le encomendó al nuevo ministro de Energía, Javier Iguacel, una tarea que Juan José Aranguren no quería o no podía cumplir: renegociar contratos y acuerdos tácitos con los distintos sectores energéticos para moderar el impacto de la devaluación en los precios de la nafta, el gas y la electricidad de los próximos meses.
Fuentes de Jefatura de Gabinete anticiparon a los diarios Clarín y La Nación que el Gobierno busca renegociar esos acuerdos con las productoras de petróleo y crudo y las transportistas y distribuidoras de electricidad y gas.
El aumento de la nafta deberá ser dosificado. A comienzos de mayo, Aranguren y los distintos actores de la cadena petrolera habían acordado un congelamiento de precios por dos meses para dilatar el traslado a precios de la devaluación del peso de la zona de los 20 pesos a la de los 23. Ese convenio se cayó con el dólar a 25: la nafta aumentó 5% este mes y tenía pautado un incremento del 3% en julio, aunque debía actualizarse cerca de 20 por ciento para seguir al dólar.
El 80 por ciento de los costos del sector son dolarizados. Y que, a partir de octubre pasado, Aranguren desactivó un esquema de "barril criollo" que mantuvo precios artificialmente altos cuando el crudo bajaba en el mundo pero que hubiera servido ahora para contener los valores.
Ese esquema -fijar un precio interno para el crudo- podría reactivarse con Iguacel, un ingeniero en petróleo que fue vicepresidente de Pluspetrol antes de incorporarse a la función pública.
En el caso de las tarifas de luz y gas, el problema es doble. Por un lado, la generación de energía tiene costos dolarizados. Algunos de ellos son importados y otros deberán renegociarse con los productores del combustible. Además, tanto el transporte como la distribución acordaron senderos de actualización tarifaria en base a precios mayoristas, que ahora podrían reverse.
Pero, por otro, el Gobierno se comprometió con el FMI a desandar la estructura de subsidios para reducir el gasto. En 2019, debe recortar el equivalente a 0,4 por ciento del PBI: unos $68.000 millones. Cada demora en el aumento tarifario implica mayores transferencias del Estado a las empresas para cubrir esos costos.
Según la Casa Rosada, habrá más aumentos de tarifas -las nuevas rondas de audiencias públicas y subas están pautadas para octubre y noviembre- pero deberán ser inferiores a los que corresponderían bajo al esquema actual.
Fuente: TN
Martes, 19 de junio de 2018
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