Judiciales Stolbizer denunció a funcionarios de Macri por supuestas negociaciones incompatibles 
La exdiputada Stolbizer pidió investigar una contratación del ministerio de Modernización a la firma Labcom, propiedad de tres integrantes de la Administración Pública Nacional.
Incompatibilidad. Esta se convirtió en una de las palabras clave en las contrataciones del Estado durante la gestión de Mauricio Macri. La exdiputada Margarita Stolbizer, acaba de denunciar al Gobierno por la contratación de una empresa de consultoría que no tiene empleados estables y cuyos socios cumplen tareas en la función pública o comparten negocios con el Presidente de la Nación.
Según consta en la presentación que realizó esta mañana Stolbizer y que quedó a cargo del juzgado de Claudio Bonadio, el Ministerio de Modernización y el Gobierno de la Ciudad contrataron a la consultora Labcom SA por un monto total de casi cuatro millones de pesos durante 2016-2017, sin tener en cuenta que sus socios estaban vinculados al Gobierno.
Labcom SA se constituyó el 16 de febrero de 2012, pero recién se inscribió como proveedora del Estado el 12 de agosto de 2016, casi un mes antes de presentarse para competir por el primer contrato que se le otorgó.
En su denuncia, la exlegisladora detalla quiénes son los socios de la firma y por qué resultaría incompatible con la función pública la contratación de su empresa.
El socio principal de Labcom es Luciano Elizalde Acevedo, un hombre conocido en el mundo de la comunicación, investigador del CONICET y decano de la Universidad Austral. Pero Elizalde Acevedo es, además, dueño de un campo en Salta en condominio con su familia, pero también con el Presidente de la Nación.
“Se trata de la Finca Pluma de Pato en la localidad de Coronel Sola, departamento de Rivadavia de la Provincia de Salta. El Presidente Macri adquirió estas hectáreas (el 18,69%) como dación de pago de una deuda que mantenía Nicolás Caputo en mayo de 2015”, indica la denuncia.
Consultados por TN.com.ar sobre este punto, desde la empresa señalaron que el campo se compró en 2006 y que “fue un negocio de inversión familiar realizado con su padre y sus hermanos. No tenía, no tuvo, ni tiene relación directa con el Presidente Macri. El Presidente no conoce a nadie de la familia porque, directamente, no existe relación con ellos”.
Los otros dos socios son Juan Pablo Peredo, director de Nación Fideicomiso entre el 23 de diciembre de 2015 y mediados de 2017 y Alejandro Alonso, empleado del Ministerio de Justicia. Sobre el primero, la empresa aclaró que “la Oficina Anticorrupción (OA) encontró que la función de Director (en Nación Fideicomiso) era compatible con su cargo de socio gerente de LABCOM S.A. y produjo un dictamen a favor de la falta de incompatibilidad”.
En el caso de Alonso, en tanto, señalaron que renunció a sus acciones el 5 de enero de 2016, es decir previo a la contratación del Ministerio de Modernización. Sin embargo, en las actas de asamblea solicitadas por Stolbizer a la Inspección General de Justicia (IGJ), Alonso figura en el listado de accionistas de la asamblea del 17 de julio de 2017 (ver foto).
Desde el Ministerio de Modernización que conduce Andrés Ibarra, adelantaron a TN.com.ar que en virtud de esta denuncia ya notificaron “a la Oficina Anticorrupción de esta contratación para que nos señale las acciones y/o medidas a tomar al respecto o para que nos emita su opinión acerca de esta situación”.
Las contrataciones
El 22 de noviembre de 2016, el Ministerio de Modernización, adjudicó a la empresa un contrato de consultoría por 18 meses (desde el 2 de diciembre de 2016 hasta el 2 de junio de 2018) y un monto total de $1.206.000. El objeto de la contratación, que se realizó mediante concurso privado de precios, era un trabajo de consultoría de seguimiento de la Evolución Proyectos Centrales del Ministerio.
Pero en su denuncia, Stolbizer señala que esa adjudicación se realizó sin “advertirse que los integrantes de dicha empresa eran funcionarios públicos a esa fecha, que la empresa no contaba con empleados registrados y que no tenía ingresos”.
“La empresa también resulta adjudicataria de licitaciones en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Para citar un ejemplo, en el 2017, el Gobierno de la Ciudad le adjudicó la contratación de un servicio de consultoría en comunicaciones (licitación 8/17) por un total de 2.604.000 pesos”, indica el escrito presentado a la justicia.
Otras inconsistencias
En su denuncia, Stolbizer, patrocinada por la abogada Silvina Martinez, llama la atención también sobre otras caracteristicas de Labcom SA. Señala que la compañía no tiene empleados registrados en AFIP y que sus ingresos corresponden casi en su totalidad a los montos percibidos por los contratos con el Estado.
“Analizados los estados contables cerrados al 31 de mayo de 2017 en comparación con el ejercicio anterior, puede advertirse que los ingresos de la empresa en su mayoría responden a las contrataciones con el Estado Nacional y con la Ciudad de Buenos Aires. En el año 2016 surgen ingresos por servicios prestados y alquileres por $ 4.641.036,23 y durante el año 2017 $ 2.315.876,31. Sin embargo, no se registran montos por costo de los servicios. Tampoco se registran rubros destinados al pago de empleados”, detalla el texto.
Desde Labcom, en tanto, indicaron a este medio que la firma provee servicios también a empresas privadas y que por tanto cuenta con otros ingresos. Y sobre la nómina de empleados, adviertieron: “Como consultora, LABCOM trabaja por proyecto y contrata personal especializado que factura en el formato de Monotributista. Ante cada proyecto, se realiza un diseño de equipo especial, y con esta estructura ad hoc se avanza en la realización del proyecto”.
En el Ministerio de Morenización, en tanto, explicaron que los trabajos encargados a Labcom SA fueron “encabezados por Luciano Elizalde y desarrollados por distintos profesionales. Como es práctica habitual en los servicios de consultoría, los mismos fueron contratados por LABCOM SA para este proyecto específico bajo la modalidad de monotributo”.
Sin embargo, las explicaciones no convencieron a Silvina Martínez, abogada de Stolbizer. “En el periodo analizado, mediados 2016 a mediados de 2017, si uno mira los ingresos de la empresa no se advierte entrada de dinero por contrataciones privadas, ya que las sumas que figuran en los balances presentados en la IGJ, si las sumas, te da casi el mismo monto percibido por las contrataciones de la Ciudad y el Ministerio de Modernización de la Nación”, indicó.
Respecto de la ausencia de una planta fija de empleados en la compañía y un domicilio físico concreto, la abogada remarcó a TN.com.ar que “para presentarte al pliego tenes que tener la gente contratada, sino sos una cáscara que si te dan el contrato armas la empresa”.
Fuente: TN.com.ar
Martes, 6 de marzo de 2018
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