Política Piden la detención de un intendente K y una nueva prisión preventiva para Baratta 
Según el fiscal, es porque defraudaron al Estado al conformar un ilícito sistema de contrataciones.
El fiscal Carlos Stornelli insistió con la detención de Roberto Baratta (ex mano derecha de Julio De Vido y ya detenido por otra causa), Martín Goicochea (rector de la UTN), Miguel Larregina (ex gerente contador de YCRT), Atanasio Pérez Osuna (ex interventor de YCRT y actual intendente de Río Turbio) y Hugo Sánchez (presidente de la Fundación), en la causa que investiga el desvío de fondos millonarios del extinto ministerio de Planificación Federal a la mina de carbón Río Turbio.
El pedido se hizo después que el juez Luis Rodríguez los procesó a todos ellos sin prisión preventiva.
La fiscalía sostuvo que a quienes se les pide nuevamente, la prisión preventiva, “defraudaron al Estado” al “conformar y materializar un ilícito sistema de contrataciones” que involucraron al ex ministerio de Planificación, a Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), y la “tercerización de todas las obras a través de la Facultad Regional de Santa Cruz (FRSC) de la UTN”.
Así, a través de una fundación vinculada a la Facultad se realizaron compras y contrataciones “de forma directa sin sujeción a las normas en materia de contrataciones públicas”. La maniobra defraudatoria investigada fue “orquestada y ejecutada entre 2008 y 2015”. Se calcula que el perjuicio al Estado fue superior a los $ 567 millones.
Esta cifra fue rebatida por el juez Rodríguez que determinó que el perjuicio ocasionado al Estado es de 176 millones de pesos. El importe se compone de los montos efectivamente recibidos por la FRSC y la Fundación por “gastos administrativos” reconocidos en los convenios investigados en el sumario, por 91.990.000 pesos y 84.083.000 pesos, respectivamente.
Para el fiscal Stornelli los imputados “diseñaron todo este sistema” para “sustraer dinero y defraudar" al Estado. Gran parte de la responsabilidad recae sobre YCRT y sus autoridades, Pérez Osuna como Larregina, que obraron de manera “irregular” tanto en la ejecución de convenios millonarios como en "pagos realizados".
Se planteó que los imputados, sin la prisión preventiva representan “un riesgo procesal” y que a excepción de Baratta (preso en otra causa por la compra de Gas Natural Licuado), “ocupan roles y posiciones claves para atentar contra la investigación y el recupero de los bienes”. El juez Rodríguez los procesó con un embargo de $ 250 millones a los principales imputas y $ 170 millones a los demás.
Según la Justicia, Baratta, Larregina, Pérez Osuna, Goycochea y Sánchez “tomaron parte en el diseño de esta estructura delictiva, junto a la ejecución y desarrollo de una ingeniería que desvió 265 millones de pesos, dinero que se abonó como gastos administrativos y comisiones a la FRSC, a su Fundación”, con YCRT y la UTN.
Ahora será la Sala II de la Cámara federal porteña integrada por los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah quienes deberán decidir sobre la situación de los procesados.
El informe de la SIGEN determinó que además, existe un monto de 88.320.750 pesos en concepto de “gastos administrativos” que fue reclamado por la FRSC y la Fundación, pero no fue abonado por YCRT.
El ex interventor de YCRT Pérez Osuna (actual intendente del FPV en Río Turbio) convalidó gastos a simple firma por $ 13.600.000 y, según la Justicia, “dicho límite fue deliberadamente evadido” y consideraba “otra ingeniería para sustraer fondos públicos” al firmar convenios que no superaban los $ 12,5 millones.
Además, señaló que todos pertenecían a la misma obra y los acusados “conocían el límite y buscaron burlarlos desdoblando los convenios en un evidente fraude”, según la indicación del fiscal.
Las irregularidades se “observaron también en los funcionarios de la UTN” que realizaron contrataciones “por fuera de la ley”, tercerizando proyectos con la FRSC. “Goicochea fue el que firmó la mayoría de los convenios", se agregó.
Mientras la UTN-Santa Cruz cuenta con dos carreras de ingeniería “se transformó en subcontratista de obra pública y cobró en comisiones más de $ 176 millones".
Parte de los fondos investigados corresponden a la partida presupuestaria que recibió YCRT en diez años: $ 10.554.009.000 de los cuales el 68% se destinaron a gastos corrientes. “Nunca antes en la historia se inyectó tanto dinero en YCRT y nunca antes tan mal”, consideró el fiscal de la causa y entendió que se está ante una “historia de corrupción” en el complejo minero cuya producción a fines de 2015 era el 15% del proyectado: es decir, llegó a generar el mismo carbón que en 1951.
La causa inició con la denuncia del actual interventor de YCRT, Omar Zeidán, que puso bajo sospecha el manejo de $ 26.000 millones que representa el presupuesto que el extinto ministerio de Planificación Federal destino a YCRT desde 2005 a 2015 para su presunta modernización.
Fuente: Clarín
Miércoles, 28 de febrero de 2018
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