Política Cambiemos busca que los sindicalistas también puedan ser juzgados por corrupción  El texto lo impulsa el mendocino Petri y lo acompañan unos 20 diputados oficialistas. Propone tratar a los gremialistas igual que a los funcionarios en materia penal.
Una veintena de diputados de Cambiemos presentó un proyecto de ley para que se pueda juzgar a los sindicalistas por delitos de corrupción y de enriquecimiento ilícito, con lo que estarían alcanzados con las mismas sanciones aplicables a los funcionarios públicos, que contemplan penas de hasta diez años de prisión. Al día siguiente de la masiva protesta del camionero Hugo Moyano, legisladores del oficialismo salieron a impulsar esta iniciativa, redactada por el vicepresidente de la Cámara baja, el radical Luis Petri, y firmada por una veintena de legisladores de la UCR y el PRO.
El Código Penal sanciona "con reclusión o prisión de tres a diez años e inhabilitación especial perpetua al funcionario público que, por sí o por persona interpuesta, recibiere dinero o cualquier otra dádiva o aceptare una promesa directa o indirecta, para hacer, retardar o dejar de hacer algo relativo a sus funciones".
Cambiemos propone una reforma para aplicar "la misma pena a quienes dirijan o administren asociaciones sindicales con personería gremial u obras sociales de la Ley 23.660 que por sí o por persona interpuesta, recibieren dinero o cualquier otra dádiva o aceptaren una promesa directa o indirecta, para hacer, retardar o dejar de hacer algo relativo a sus funciones". En el caso de enriquecimiento ilícito, la pena de prisión será de cuatro a diez años, y una multa del 50 al 100% del valor del enriquecimiento más inhabilitación.
Petri dijo a Télam que el proyecto busca que a los sindicalistas se los pueda "juzgar como sucede en el caso de los funcionarios públicos por los delitos de corrupción, y enriquecimiento contra la Administración Pública". Junto a él, firmaron el proyecto Graciela Ocaña, Paula Oliveto, Carlos Fernández, Julián Dindart, Pablo Torello, David Schlereth, Cornelia Schmidt Liermann, Hugo Marcucci, Jorge Enríquez, Martín Grande, Julio Sahad, Aída Ayala, Facundo Suárez Lastra, Natalia Villa, Marcela Campagnoli, Leonor Martínez y Marcelo Monfort, entre otros. El mendocino señaló que los sindicalistas, por su función de administrar las obras sociales, "se desempeñan como verdaderos entes de derecho público".
El proyecto, además, impide a un dirigente que tenga inhibiciones civiles o penales, lidere un gremio o dirija una obra social; y obliga a los dirigentes a presentar sus declaraciones juradas ante el Ministerio de Trabajo antes de asumir sus funciones y al retirarse del cargo. El listado deberá ser publicado por el Ministerio en su web.
También obliga a respetar el cupo femenino de un 30% en los cargos electivos en los sindicatos "cuando el número de mujeres alcance o supere ese porcentual sobre el total de los trabajadores".
Fuente: El Cronista
Viernes, 23 de febrero de 2018
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