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Política Reforma laboral: nueva versión del proyecto admite empleados sin contrato  Los “trabajadores independientes” aparecen como la figura más controversial para la CGT. Triaca se reunirá hoy con la mesa chica.
La creación de dos nuevas figuras de asalariados excluidos de la ley de Contrato de Trabajo aparece como el punto más conflictivo de la reforma laboral que impulsa el Gobierno, para alcanzar un eventual acuerdo con la CGT. Sin embargo, dirigentes de la central admitieron ayer que la nueva redacción, a la que accedió este diario, contempla varios de los reclamos sectoriales y acerca posiciones. Hoy la cúpula de la organización se reunirá con el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, para intentar un consenso sobre los aspectos más distantes aunque Hugo Moyano se mantiene, al igual que sus aliados, como el principal objetor de la iniciativa en el sindicalismo tradicional.
El nuevo texto que Triaca les entregó a los abogados de la CGT resigna algunos ítems controversiales para esa entidad, como un cambio en la designación del término "trabajo" que en el borrador previo lo definía como una relación entre iguales y que en la actual redacción mantiene el espíritu histórico de un vínculo con asimetrías, tendiente a garantizar mayor protección al empleado. También elimina un párrafo que remitía a una frase del exministro de la dictadura Alfredo Martínez de Hoz, sobre "promover la liberación de las fuerzas de la producción", y lo reemplaza por un llamado a "la implementación de un diálogo tripartito fecundo".
En cambio, insiste con la consagración de la tercerización en rubros como seguridad en las empresas, higiene, informática o transporte. Los laboralistas advierten que se trata de un aspecto ideado para limitar el poder de Moyano, multiplicado en la década pasada a instancias de protestas contra los dadores de carga en lugar de los empleadores directos de los camioneros.
También ratifica la instauración de las figuras del "trabajador autónomo económicamente vinculado" y del "trabajador independiente" con colaboradores, a las que margina de la ley 20.744 que rige todas las relaciones laborales formales y las asimila a una suerte de variante del monotributo, con menores obligaciones para sus dadores de empleo. En el primer caso se ideó para aquellos prestadores de servicios (profesionales, en general) que tienen un cliente preponderante siempre y cuando la facturación para ese destino no supere el 80% del total- y que en la actualidad figuran como autónomos.
El "trabajador independiente" con colaboradores fue propuesto para legislar sobre pequeños talleres o unidades productivas con un prestador que funge como jefe de pocas personas. En el primer proyecto se le permitía tener a cargo a cuatro personas y el nuevo borrador redujo el número a tres.
Estas figuras fueron cuestionadas por los dirigentes con el asesoramiento del equipo de abogados de la CGT. Alegan en el sector que su instauración consagrará modalidades de fraude laboral que a su juicio deberían ser contempladas por la ley de Contrato de Trabajo. Según los funcionarios a cargo de la negociación, por el contrario, se trata de darles un marco de formalidad a empleados que hasta ahora permanecen sin registración alguna.
Tanto el proyecto original como el nuevo borrador mantienen la flexibilización del término "irrenunciabilidad", que hasta ahora impide al trabajador resignar un contrato individual superador del colectivo. La diferencia es que el texto actualizado prevé que en caso de ser una modificación sustantiva de las condiciones laborales el empleado podrá pedir su homologación ante una autoridad de aplicación.
Entre el primer y el segundo texto se sostiene la creación por convenio colectivo de los "bancos de horas" como reemplazo de las horas extra (cada trabajador podría acomodar, en acuerdo con el empleador, la distribución de parte de la jornada laboral) aunque la nueva versión demandará de una "comunicación fehaciente" de su instauración a la plantilla de personal. Y modifica los contratos a tiempo parcial para ajustarlos a las jornadas habituales consagradas por convenio en lugar de las calculadas por semana.
También flexibiliza el "ius variandi", una figura que hasta ahora frena los cambios unilaterales en un contrato laboral producidos por el empleador y habilita al trabajador a considerarse despedido o bien accionar judicialmente y ser repuesto de inmediato en su tarea. En la nueva versión el empleado podrá ir a juicio (el anteproyecto previo lo frenaba) pero eso no implicará su reposición.
Mientras que mantiene la exclusión del cómputo para las indemnizaciones del aguinaldo y las bonificaciones, aunque repone las horas extras y las comisiones, marginadas de la versión previa. También se rehabilitó el plazo de dos años para la prescripción de los créditos laborales. La actualización de esos créditos, sin embargo, se harán vía ajuste del índice UVA y según la última versión del proyecto no podrán tomar en cuenta intereses.
Para las negociaciones salariales, las iniciativas oficiales coinciden en prohibir la incorporación de sumas no remunerativas. La diferencia es que la última versión establece que en casos excepcionales el Ministerio de Trabajo podrá autorizarlas, algo que en los hechos existe en la actualidad.
También sostiene la ampliación de licencias para padres con hijos recién nacidos que serán de 10 días, pero el último borrador agrega algunos beneficios: tres días por fallecimiento del cónyuge, cualquiera fuese el vínculo formal o informal de la pareja; dos días por trámites de adopción, y cinco días por tratamientos de reproducción asistida.
Otro punto relacionado con la litigiosidad que incorporaba el primer proyecto era el certificado de trabajo del artículo 80 de la ley de Contrato de Trabajo. Aquella versión eliminaba la sanción de tres sueldos por la falta de presentación a pedido del empleado, pero a instancia de los sindicalistas y sus abogados la penalidad fue repuesta.
De la versión original del proyecto se mantiene casi sin cambios los capítulos relacionados con el blanqueo laboral (con la excepción de las bajas en las contribuciones patronales, que como anticipó este diario irán en la reforma tributaria), el relanzamiento de las pasantías o "prácticas formativas no laborales" y la creación de una Agencia Nacional de Tecnologías de Salud (Agnet) para poner un límite a los juicios contra obras sociales sindicales y prepagas. Sobre todos esos ítems existía un preacuerdo con la CGT. Respecto de la agencia, en particular, el nuevo proyecto añade la participación de directivos de las obras sociales en un Consejo Asesor.
Fuente: Ámbito
Miércoles, 15 de noviembre de 2017
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