Proyecto de ley de "Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas" Las empresas podrían pagar caro los hechos de corrupción 
Segun el nuevo proyecto de ley, podrian ser multadas con entre el 1 y el 20 por ciento de sus ingresos anuales.
El impacto del proyecto de ley de "Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas" enviado por el Poder Ejecutivo a la Cámara de Diputados el 21 de octubre pasado en el marco de la visita de funcionaros de la OCDE (organismo internacional que nuclea a los países desarrollados y al cual la Argentina aspira a ingresar), será, de aprobarse, muy grande para las empresas. Eso quedó claro en el Congreso Internacional de Compliance organizado por la Asociación Argentina de Ética y Compliance (AAEC) y Thomson Reuters, que se lleva adelante hoy en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.
"Alineado con los requerimientos de la OCDE y su reciente visita al país, el Gobierno quiere lograr la sanción del proyecto de ley que introduce la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas para delitos de corrupción", dijo a La Nacion Carlos Rozen, presidente de la AAEC. "Tengamos en cuenta que, si esto ocurre, entre otras sanciones que pudieran sufrir las empresas que sean culpables de beneficiarse con el producto de actos de corrupción, podrían tener multas entre el 1 y el 20 por ciento de sus ingresos brutos anuales".
Como ejemplo, Rozen explica que una empresa con ventas anuales de 20.000 millones de pesos tendría una multa máxima de 4.000 millones de pesos si se comprueba que estuvo implicada en hechos de corrupción. "Hasta que se sancione la ley, la penalización es a las personas físicas, pero no es fácil detectar hechos de corrupción e imputarlos a las personas, por lo que estos hechos quedan en la impunidad. A partir de la nueva ley, se podrá multar a las empresas como personas jurídicas"
A manera de atenuante, en una posición similar a otros países que ya cuentan con esta legislación, las empresas que cuenten con programas de integridad/compliance probadamente efectivos, podrían tener una pena menor "porque se considera que la compañía hizo su máximo esfuerzo para cumplir", agregó Rozen.
De hecho, hay una excelente oportunidad laboral en la especializacion en complinace. Carlos Rozen dijo que actualmente España (que ya tiene la ley vigente) necesita entre 20.000 y 25.000 Compliance Officers según la consultora Hays. En la Argentina "vamos a necesitar por lo menos 5000 expertos tanto en el ámbito público como en el privado dentro de los próximos 5 años. Hoy hay solo 250 Compliance Officers Certificados por la AAEC".
Guillermo Jorge, socio fundador de Governance Latam e investigador de la Universidad de San Andrés, que además participó en la redacción del proyecto, dijo que "se trata de una ley que, para lo que son los estándares en la Argentina, es bastante novedosa, pero en estándares internacionales no lo es".
Tanto Jorge como Laura Alonso, titular de la Oficina Anticorrupción, estuvieron de acuerdo en que este proyecto, aunque tuvo mucho consenso, también va a generar muchas discusiones. "Se trata de generar una cultura de incentivos para que las empresas operen junto a las autoridades para resolver los casos en un país donde los procesos más complejos duran unos 25 años", dijo Jorge. "Es una pieza legislativa que va a generar resistencia en los sectores más tradicionales", agregó Alonso, ya que la multa a personas jurídicas (aunque no se llegue a la responsabilidad de la persona física) en casos de corrupción es material de avanzada en materia de leyes.
En este sentido, ¿cómo me llevo a juicio a la persona jurídica sin la persona física? Se preguntó Ricardo Sáenz, Fiscal General ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal. "Requiere de una capacitación y concientización. Dicho esto, la ley trae un aporte a la lucha contra la corrupción".
Una vez ocurridos los hechos, la ley prevé un acuerdo de cooperación eficaz durante la etapa de investigación que puede atenuar la pena. Las sanciones, por otra parte, le corresponden al Poder Judicial y en general serán multas.
Alejandro Fargosi, ex consejero de la Magistratura, afirmó que es un proyecto excelente, pero que "no se cambia nada en la medida en que el poder judicial no cambie también. No puede ser que el sistema judicial no tenga un sistema de ética judicial. Si no damos un volantazo, este país será invivible en 30 años".
Por el lado de las compañías, afirmó que "las empresas corren el riesgo de quebrar si no pagan coimas. No se trata del mero placer de ser corrupto sino de sobrevivir. Las leyes son una sugerencia, no una orden. Uno las cumple si quiere y si no, no las cumple. Lo que mas necesitamos en la Argentina es la sanción. Y sancionarnos en serio, con multas o cárcel. Con esta ley vamos a tener un país mejor si la cumplimos y la exigimos".
Un primer remedio
Laura Alonso, habló sobre un contexto legislativo donde el Presidente "está en minoría en ambas cámaras. Es una ley clave vinculada a la inserción de la Argentina en el mundo, una ley necesaria para lograr un empleo de calidad, más inversión. Estamos intentando un primer remedio para combatir una enfermedad global que es la corrupción".
Se refirió a la propuesta de ley como un "gamechanger" de conductas de actores que actualmente se mueven bajo un solo comportamiento, que es el de la corrupción. "Se trata de colaborar con el sector publico para decirle donde están los problemas"
"Si la reputación del país es mala, la reputación de las empresas es mala. No se puede construir y crecer haciendo negocios con trampa, como hasta ahora. Si seguimos optando por la trampa, el mundo nos dirá adiós".
Fuente: La Nación
Jueves, 3 de noviembre de 2016
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