Sociedad A 30 años del fallo "Bazterrica", unos 250 magistrados reclaman "una política de drogas respetuosa de los Derechos Humanos" 
Jueces, fiscales y defensores y más de 300 adherentes argentinos firmaron una declaración con pedidos específicos contra la criminalización del consumo.
El lunes se cumplen 30 años del fallo "Bazterrica" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que sentó jurisprudencia sobre la no criminalización del consumidor de drogas.
En ese marco, unos 250 magistrados, y más de 300 adherentes, firmaron una declaración en reclamo de "una política de drogas respetuosa de los Derechos Humanos"
"La llamada "guerra contra las drogas" ha producido mayores daños a la sociedad que los que supuestamente fue llamada a reducir", sostienen los firmantes.
"Las principales víctimas de las políticas represivas han sido las personas que usan drogas prohibidas, al ser constantemente perseguidas y criminalizadas por la tipificación de delitos relacionados con el consumo, como ser la tenencia, el cultivo para consumo personal y el consumo con trascendencia pública", dice el texto. En tanto, señala que "los Estados dilapidan enormes cantidades de recursos técnicos y económicos en la persecución de meros consumidores".
Sobre ese punto, destacan que "a pesar de la falta de estadísticas oficiales, diversos informes señalan que aproximadamente el 70% de las causas que tramitan ante el fuero Federal son producto de la actividad de las fuerzas de seguridad referidas a delitos de consumo y sólo un 3% se relacionan con delitos de tráfico".
Los firmantes consideran que "uno de los principales efectos de la criminalización de los consumidores es alejarlos y apartarlos de los efectores de salud".
A su vez, resaltan que "en la República Argentina se vienen desarrollando avances institucionales respecto de la necesidad de dividir las competencias penales y sanitarias en materia de política de drogas, ya que el sistema sanitario debe ser priorizado por sobre el sistema penal a fin de atender las demandas de los consumidores".
Por estos motivos, reclaman el "debate legislativo y aprobación de una ley que no criminalice a los usuarios de drogas prohibidas, mediante la derogación efectiva de los tipos penales que directa o indirectamente sancionen conductas relacionadas al consumo personal de estupefacientes (Ley 23.737)".
También piden "balancear el presupuesto asignado a las medidas orientadas a disminuir la demanda en el consumo de sustancias, en razón de las asignaciones otorgadas a las destinadas a contrarrestar la oferta".
Además, solicitan que se desarrollen políticas de reducción de daños. En tanto, piden "contemplar la posibilidad de aplicar a las llamadas "mulas" la ley de trata de personas en su condición de posibles víctimas, a fin de colocarlas bajo la protección de la ley, la baja de penas, alternativas al encarcelamiento y políticas de amnistía e indulto".
Por último, solicitan "considerar el desarrollo de políticas de regulación de sustancias actualmente prohibidas, quitándolas de las manos de las redes criminales".
También reclaman que se garantice "el acceso a las sustancias actualmente prohibidas, a las personas que las precisen con fines médicos, terapéuticos o paliativos del dolor"
El lunes, en el Senado, Salon Azul de 15 a 18hs, la Asociación Pensamiento Penal realizará un acto en el que se presentará el pedido de mas de 300 magistrados para modificar la ley de drogas para que respete los Derechos Humanos.
Fuente: La Nación
Domingo, 28 de agosto de 2016
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