Tarifas Alejandra Gils Carbó prepara un crítico dictamen sobre el aumento de tarifas 
La procuradora cuestionaría la falta de la audiencia pública, pero también los altos porcentajes aplicados en las subas en el gas. A partir de eso, la Corte Suprema podría tomar una decisión.
La procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, preparaba por estas horas un crítico dictamen sobre el aumento de tarifas, que sería difundido hoy y elevado de manera inmediata a la Corte Suprema de Justicia, para que el máximo tribunal se aboque así a tratar la validez del fallo que frenó las subas de gas en todo el país que firmó la Cámara Federal de La Plata.
Después de recibir ese escrito, los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti quedarían habilitados para tomar una decisión, debido a que días atrás habían pedido la opinión de la procuradora antes de expedirse. A partir del dictamen, se espera que los tiempos se aceleren y no se descartaba que los ministros del máximo tribunal puedan, incluso, tomar una decisión al día siguiente, el jueves.
Aunque todos los involucrados –tanto del Gobierno como de la Justicia y del Ministerio Público– mantienen un bajo perfil y evitan las declaraciones públicas, no se descartaba que la definición del tema se postergue hasta la semana próxima. Conocedores de los pasillos del Palacio de Justicia admitían a Infobae que el jueves podría haber un fallo si existe una mayoría (3 a 1), pero en caso de no conseguirla, podrían esperar a la llegada del nuevo juez, Carlos Rosenkrantz, que jura el 22 de agosto y completará así la Corte de cinco miembros.
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Fuentes del caso anticiparon a Infobae que en su dictamen –que de todos modos no es vinculante para los cuatro ministros de la Corte Suprema– la procuradora cuestionará aspectos de forma y otros de fondos en lo referido a los cambios tarifarios que dispuso el gobierno de Mauricio Macri, a través de resoluciones diseñadas por su ministro de Energía, Juan José Aranguren.
Entre las "formas", resaltará la falta de convocatoria de la audiencia previa a la aplicación de los aumentos de tarifas y la eventual afectación por ese incumplimiento, de los derechos de los consumidores, que están amparados por la Constitución Nacional. También podría pesar en la redacción final del dictamen de Gils Carbó el hecho de que entre los fiscales –10 en total– que intervinieron en los amparos presentados en el país contra las subas de tarifas no haya habido ni uno solo que convalidara lo dispuesto por las resoluciones de Aranguren.
En los aspectos centrales o de fondo que abordaría el dictamen apuntarán a que los consumidores podrían ver afectados sus derechos al recibir boletas con aumentos "exorbitantes" o que se conviertan en "desproporcionados o irracionales", lo que les impediría pagarlos. Pondría como ejemplo casos en los que las tarifas escalaron más del 1.000 por ciento, entre los cuales se registraron personas y familias que tenían al gas como un insumo básico para sus vidas.
Tanto en la Procuración como en la Corte Suprema, todas las fuentes consultadas resaltaron que el objetivo es evitar inmiscuirse en la facultad indelegable que tiene el Poder Ejecutivo de fijar las tarifas, pero alertaron sobre la necesidad de establecer un blindaje jurídico para sostener la validez constitucional de los aumentos.
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"Un fallo que no trate estos asuntos y se lo haga conocer al Poder Ejecutivo no clausura de manera definitiva la posibilidad de que se reabran causas judiciales y que se derive en un litigio interminable", resaltaron las fuentes consultadas por Infobae.
POR QUÉ EL DICTAMEN DE GILS CARBÓ
La Corte Suprema de Justicia remitió la semana pasada a Gils Carbó la causa que frenó el aumento de tarifas de gas en todo el país, y le pidió su dictamen antes de emitir su resolución. La funcionaria recibió el fallo dictado por la Sala II de la Cámara Federal de La Plata para emitir su opinión sobre la cuestión, que sería difundida en principio hoy.
La decisión del máximo tribunal de enviar la sentencia del tribunal de alzada platense fue tomada por un acuerdo de los ministros Ricardo Lorenzetti, Elena Highton, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti.
Fue una medida que se toma con frecuencia para este tipo de casos, pero que chocó con la aspiración que tenían en el gobierno de Mauricio Macri de que se tomara una medida inmediata sobre la cuestión.
Fuente: Infobae
Miércoles, 17 de agosto de 2016
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