Corrupción K El “tren Eva Perón”, otra obra de De Vido muy cuestionada 
Una auditoría detectó “sobreprecios y violaciones a las normas”. Podría derivar en una nueva denuncia.
Un tren sin pasajeros ni itinerario y que recorrió unos pocos metros para su inauguración, revela la maniobra de convenios millonarios celebrados entre el ex ministerio de Planificación, universidades y una empresa del Estado. El “Tren histórico Eva Perón”, que financió el ex ministro Julio De Vido, está rodeado de irregularidades y según consta en una auditoría final hubo “sobreprecios, violaciones de las normas administrativas, utilización de material que no era apto, y una campaña de comunicación inexistente”. Esas son algunas de las objeciones al proyecto que demandó unos $ 1.000 millones.
El extinguido ministerio de Planificación construyó una vía alternativa para el destino de fondos millonarios: los convenios con universidades. En este caso, se detectaron 282 Convenios Específicos entre Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y la Facultad Regional de Santa Cruz (FRSC), por una suma de $ 3.326.623.831,53.
De esta suma, ya se ejecutaron $1.156.170.597,23 y en este marco se llevó adelante el proyecto del Tren Histórico. La obra fue calificada como “un accionar discrecional y sin el más mínimo cumplimiento de las normas legales y administrativas que rigen el funcionamiento de la administración pública y de la propia UTN”, señala la auditoría de YCRT a la que accedió Clarín.
El tren Eva Perón, con fines de promoción turística e industrial, recorrió con dos vagones el tramo Río Gallegos - Río Turbio: lo hizo una sola vez y fue para su “falsa inauguración”, como detalla el documento oficial.
De Vido, el ingeniero Jaime Álvarez (actual funcionario de Alicia Kirchner), el ex interventor de YCRT Atanasio Pérez Osuna (hoy intendente de Río Turbio), y autoridades de las universidades involucradas son las personas mencionadas en la auditoría como responsables “firmar convenios sin respetar el presupuesto de la obra”.
El circuito de facturaciones y convenios, según considera el área jurídica de YCRT, se celebraron para “eludir las normas de contratación de bienes y servicios”. A la fecha no existe documentación del avance de obra, ni constancia de que varios de los servicios facturados se hayan realizado; incluso muchos expedientes figuran firmados en “fechas inhábiles”: el 1 de enero y el 1 de mayo, por caso.
Las irregularidades detectadas abarcan diferentes aspectos. Por ejemplo, los fondos destinados a la campaña de comunicación y difusión que se pagó bajo un convenio de “Ingeniería”. Se supone que era un convenio de Promoción pero en el mismo figura el cobro por “ingeniería básica”. No solo no consta en el expediente sino que se destinaron $ 14 millones.
No se encontraron “constancia de productos y no está claro qué bienes se generó por el pago efectuado”, dice la auditoría. Sólo figuran referencias a la “falsa inauguración” donde se incluyen “servicios de ornamentación”, y se gastaron para el acto un millón de pesos. Este evento que encabezaron Alicia Kirchner y Máximo en plena campaña, tuvo un dato no menor: la locomotora de la inauguración no estaba apta para usarse. La auditoría denuncia también la existencia de “sobreprecios” entre los valores pactados por las empresas de servicios y la Facultad y lo convenido entre la facultad y YCRT. Hay diferencias de entre un 60% y un 80%.
Otra decisión de Planificación definida como “irregular” fue el destino de $ 55 millones para tres tramos del Ramal 750, con “un formulario de una sola foja con ítems incompletos”, y “no hay constancia de los materiales que YCRT debía suministrar como rieles, cambios, material ferroviario”. Después de esto se firmó otro acuerdo para la “clasificación, acondicionamiento y transporte de rieles”. Esto costó unos $ 23 millones extra y no se encontraron los materiales “a clasificar” y no existen “datos sobre el grado de avance de las obras”.
Finalmente, la auditoría sostiene que todo se trató de un “accionar discrecional y sin el más mínimo apego a las normas”. Por todo esto concluyen que los convenios celebrados son “nulos” ya que el interventor de YCRT no tenía facultad para firmarlos. Todo podrá derivar en una nueva denuncia contra De Vido, el ex poderoso ministro kirchnerista que enfrenta un complejo frente judicial.
Fuente: Clarín
Lunes, 15 de agosto de 2016
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