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Judiciales Procesaron a Julio De Vido por la compra de trenes chatarra a España y Portugal 
Lo resolvió el juez Ercolini, quien además trabó un embargo de 100 millones de pesos. El ex ministro está acusado de administración fraudulenta agravada y de ser partícipe necesario de cohecho.
El diputado Julio De Vido sufrió un nuevo traspié en los tribunales. El juez Julián Ercolini lo procesó por la compra de trenes a España y Portugal, una causa en la que está imputado por administración fraudulenta agravada.
De Vido fue procesado también como partícipe necesario del delito de cohecho debido a que en esa compra de trenes el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime y su testaferro Manuel Vázquez cobraron 2 millones de euros en comisiones (coimas) que se canalizaron a partir de la empresa CAESA. CAESA era de Vázquez y se usó para cobrar coimas en otros negocios oscuros en los que participó Jaime, quien desde el 2 de abril paso está detenido por orden de Ercolini.
Además, el magistrado trabó un embargo contra el ex ministro de Planificación Federal. El monto: 100 millones de pesos.
La medida se dictó un día después de que la Cámara Federal confirmara el procesamiento contra el hoy diputado del Frente para la Victoria por la Tragedia de Once, caso por el que ya se condenó a los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi.
El procesamiento respondió a un pedido del fiscal Federico Delgado. En la petición que le cursó en mayo a Ercolini, Delgado aseguró que se desviaron "enormes sumas de dinero" para actualizar el material ferroviario, pero a través de un "pacto ilegal" mediante el cual se adquirió "chatarra como si fuera buena" y facturaron números exorbitantes a favor de "empresas amigas" bajo los conceptos de "asesoramiento técnico" cuando en realidad se trataba de un soborno.
Además de De Vido, el juez procesó a Pedro Ochoa Romero, Fernando Julio Cortés, Ricardo Luján Roseto y Carlos Castaño (todos integrantes de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte). Entre los procesados también figura el entonces interventor de la CNRT Antonio Sícaro por considerarlo "prima facie" partícipe secundario penalmente responsable de los delitos de administración fraudulenta agravada, a quien se le trabó un embargo sobre sus bienes por $ 8.000.000.
Sícaro trabajó bajo la gestión de Florencio Randazzo solo dos meses y fue el propio ministro quien lo separó del cargo. El juez destacó la gestión de Randazzo en el fallo: "Fue el propio ministro (de Interior y Transporte) el que instruyó a las distintas dependencias para que entregara a la AGN toda la información disponible -luego de haber realizado una auditoría-. Ello posibilitó que el informe pudiese estar nutrido de papeles de trabajo y documentos que puedan ser utilidad como prueba en este juicio".
En su fallo, Ercolini explicó cómo fue la maniobra: "El plan ferroviario de modernización era necesario y contaba con medios técnicos y presupuesto para ser emprendido seriamente. En ese sentido, los contratos internacionales firmados con países más desarrollados en el rubro eran la promesa de una mejora del servicio a los usuarios. Pero la finalidad legítima fue desvirtuada por los imputados, cada uno en la medida de sus responsabilidades", apuntó.
Fuente: Infobae
Jueves, 14 de julio de 2016
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