Politica El Gobierno analiza mecanismos para intentar la extradición de un ex guerrillero chileno  Con la llegada del macrismo al poder, políticos chilenos retomaron las gestiones para que Galvarino Apablaza sea regresado a su país. Funcionarios de Macri estudian cómo podrían dar marcha atrás con el asilo político que le concedió el kirchnerismo.
El cambio de gobierno abrió a revisión discusiones que el kirchnerismo había dado por cerradas. Una de ellas es la del pedido de extradición que Chile mantiene por el ex guerrillero Galvarino Sergio Apablaza Guerra. La solicitud había quedado congelada luego de que la administración de Cristina Kirchner le otorgara en 2010 el asilo político al acusado. Ahora la gestión de Mauricio Macri evalúa cómo podría revertir la decisión, aunque las numerosas trabas legales dificultarán el proyecto y podrían demorarlo años.
El lunes de la semana pasada, la vicepresidente Gabriela Michetti confirmó en su visita a Chile la intención del gobierno argentino de revisar el caso. "Haremos todo lo posible para llegar a buen puerto, y eso significa incluso la posibilidad tal vez de otorgar la extradición. No descartamos nada", dijo. Tres días después, una delegación de políticos de ese país fue recibida por funcionarios de Cancillería y el Ministerio de Justicia para analizar los aspectos legales que deberán enfrentar si deciden avanzar con esa posibilidad.
Rodolfo Yanzón, abogado de Apablaza en la Argentina, aseguró a Infobae que ni siquiera un cambio en la política oficial será suficiente para extraditar a su defendido: "Se debe respetar la Convención sobre Refugiados. Haber reconocido a Apablaza como refugiado político no fue capricho de un gobierno, sino una decisión tomada con reflexión y en el marco de la convención internacional, a la que hay que respetar".
Apablaza está acusado por la Justicia de Chile de haber sido en 1991 el autor intelectual del asesinato del senador Jaime Guzmán Errázuriz, fundador del partido Unión Demócrata Independiente (UDI) y uno de los más importantes colaboradores del dictador Augusto Pinochet. El ex dirigente del Frente Patriótico Manuel Rodríguez también es señalado como participante del secuestro de Cristian Edwards, director comercial del diario El Mercurio, durante el mismo año.
Reuniones en busca de alternativas
El jueves de la semana pasada, dos dirigentes del partido del asesinado Guzmán viajaron a la Argentina para dar un nuevo impulso a su reclamo: el vicepresidente de la UDI, Edmundo Eluchans, y el diputado Issa Kort. Primero se reunieron con el embajador de ese país en la Argentina, José Antonio Viera-Gallo. Luego, él los acompañó a los encuentros que mantuvieron con funcionarios de Mauricio Macri. Primero, fueron recibidos en el Ministerio de Relaciones Exteriores por Eduardo Varela, jefe de Gabinete del vicecanciller Carlos Foradori, y Soledad Figueroa, representante del ministerio en la Comisión Nacional de Refugiados (Conare). Más tarde, se vieron con el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, y el subsecretario de Protección de Derechos Humanos, José Brian Schapira.
Según pudo reconstruir Infobae, los funcionarios argentinos mantuvieron una postura similar a la que Michetti llevó a Chile: el nuevo gobierno está dispuesto a revisar su posición en la medida en que se respeten los procesos establecidos por la ley argentina y los tiempos de su Poder Judicial.
En los últimos días, el Ministerio de Justicia solicitó a distintas áreas del Poder Ejecutivo que le envíen toda la información que tengan sobre el caso Apablaza para analizarla y definir una posición oficial. El tiempo le juega en contra. Un día después de que Macri ganase el ballotage presidencial, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aceptó tomar la denuncia que la familia Guzmán, la fundación que lleva su nombre y la UDI habían presentado contra la Argentina en 2012 por negarse a extraditar a Apablaza. El plazo para que el país haga su primer descargo vence el próximo 23 de febrero. Ese día comenzará a develarse la postura del gobierno de Macri.
La doble vía judicial
El 14 de septiembre de 2010, la Corte Suprema de Justicia de la Argentina revocó un fallo de primera instancia del juez Claudio Bonadio y resolvió la extradición de Apablaza a Chile. Las leyes argentinas establecen un doble procedimiento para una extradición. Primero, el trámite jurídico, que fue resuelto con el fallo del máximo tribunal. Esa decisión debe luego ser comunicada al Poder Ejecutivo, que tiene diez días para resolver si autoriza el procedimiento o decide que existen razones políticas para rechazarlo.
En aquellos días, la notificación formal del fallo al gobierno de Cristina Kirchner fue demorada. El 30 de septiembre de ese año, antes de que se concretara la comunicación, el estatus de refugiado le fue concedido a Apablaza de manera unánime por la Conare, un órgano interministerial que depende del Poder Ejecutivo y tiene representantes de Cancillería y de los ministerios de Justicia, Interior y Desarrollo Social. Además, cuenta con un delegado del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), quien tiene voz en la mesa de decisiones pero no voto. Luego de la votación, se encarga del seguimiento del caso.
Hoy, los intentos para que Apablaza regrese a su país corren por dos carriles paralelos. Por un lado, la denuncia ante la CIDH, una causa que podría demorar años, ya que el tribunal tardó más de mil días sólo en tomar el caso. Por el otro, el gobierno chileno aguarda que avance la causa que tiene en sus manos el titular del Juzgado Contencioso Administrativo Nº 1, Ernesto Marinelli. "Desde 2012 nos encontramos tramitando en ese juzgado la nulidad de la resolución de la Conare", dijo a Infobae Gustavo Gené, representante legal del Estado chileno en la Argentina desde 2005.
Sólo una decisión inédita en la historia de la Justicia argentina podría lograr que esta última causa prospere. De acuerdo con el derecho internacional, en la concesión del estatus de refugiado existen sólo dos partes: el solicitante y el Estado que otorga la protección. En este caso, Apablaza y la Argentina, respectivamente. Un segundo Estado nunca fue considerado parte en un caso de estas características en el país. Eso es lo que Chile intenta lograr ahora.
Es una apuesta que no todos imaginan que pueda prosperar. El senador del socialismo chileno Juan Pablo Letelier advirtió que revertir la figura que protege a Apablaza no es sencillo, ya que "darle estatuto de refugiado a una persona no es algo que un gobierno de turno pueda revisar fácilmente". Pero aún si la Justicia argentina anulase la resolución de la Conare, Apablaza podría postergar apelar la decisión en sucesivas instancias judiciales y demorar su extradición por años.
Fuente: Infobae
Martes, 2 de febrero de 2016
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