Política Desarrollo Social confirmó la nómina de aportantes truchos  El ministerio que encabeza Carolina Stanley le envió al fiscal Di Lello un listado que confirma que beneficiarios de planes sociales figuran como aportantes de la campaña de Cambiemos.
El Ministerio de Desarrollo Social le envió ayer al fiscal federal Jorge Di Lello un listado sobre los aportantes truchos de la campaña electoral de Cambiemos. La nómina confirma que se trata de beneficiarios de planes sociales, es decir personas de escasos recursos que de ninguna manera tenían la capacidad económica de donar miles de pesos a la campaña del oficialismo de 2017. En la misma sintonía, la Gendarmería, que hizo un estudio socioambiental de un listado de 200 aportantes, remitió informes sobre unos 180 y coincidió en que se trata de sectores de necesidades básicas insatisfechas. Los datos reafirman la existencia, en principio, de un delito electoral adjudicable a las autoridades de la alianza oficialista. Como se trató de la campaña electoral de 2017, Di Lello enviará sus conclusiones y el expediente al juez federal de La Plata, con competencia electoral, Adolfo Ziulu. Pero, además, existe una supuesta falsedad ideológica, porque le falsificaron firmas y fichas de afiliaciones a personas que no firmaron nada. Ese sería un delito federal que deberán investigar los juzgados correspondientes a los domicilios de los afiliados. La diputada María Teresa García, de Unidad Ciudadana, también puso eje en esto último. Eso motivó la causa que lleva adelante el juez federal Ernesto Kreplak. Habrá que ver qué decide el magistrado después de la feria. En los últimos días, Di Lello recibió nada menos que mil denuncias nuevas de personas que dicen que no aportaron a Cambiemos, lo que agiganta el escándalo. La otra cuestión que también corre por vía separada es el origen de la plata, es decir un supuesto lavado de dinero, aunque habrá que ver finalmente de qué delito se trata porque esa figura se viene usando para casi cualquier cosa. El expediente está a cargo del juez Sebastián Casanello, quien está en la etapa de tomarle declaración a unos 50 damnificados.
El escándalo se inició con unos pocos supuestos aportantes descubiertos por el periodista Juan Amorín en el portal El Destape. Con las semanas se fue vislumbrando que era apenas la punta del iceberg. Tanto en este diario como en otros medios aparecieron más y más casos, mil de los cuales se presentaron ante la fiscalía de Di Lello. El funcionario hizo un primer muestreo de algo más de 200 ciudadanos y ayer recibió el informe de que el Ministerio de Desarrollo Social los tiene en su nómina de beneficiarios de los planes sociales. El hecho demuestra una serie de elementos:
Que los aportantes no tenían capacidad económica para darle miles de pesos a Cambiemos. Eso se corroboró también con casi todas las personas sobre las que Gendarmería hizo el informe socio-ambiental.
Que posiblemente el oficialismo contó con el listado de quienes cobran planes sociales y armó su nómina de afiliados y aportantes teniendo el listado en su poder. Además, hay una presunción de que la coalición oficialista tenía datos originados de la AFIP y la Anses, ya que figuran aportantes de clase media con valores más altos que los sectores más pobres. Es posible que eso derive en una causa por incumplimiento de los deberes de funcionario público de quienes sean sospechados como los que filtraron las listas.
Di Lello considera que lo ocurrido con los aportantes falsos es parte del proceso de rendición de gastos de campaña de cada fuerza, en este caso Cambiemos. Por lo tanto, ni bien la Gendarmería complete los informes ambientales, enviará el expediente al juzgado electoral de la Provincia de Buenos Aires, a cargo de Ziulú, para que este siga instruyendo la causa. La ley que rige el financiamiento de las campañas electorales, la número 26.215, prevé una pena de seis meses a 10 años de inhabilitación para elegir o ser elegido para que el presidente del partido y el tesorero que no pueda acreditar el origen de los fondos.
La lógica indica que, tarde o temprano, Ziulú deberá resolver el procesamiento de las autoridades de Cambiemos por falsedad en la liquidación de los gastos de la campaña. Eso traerá de regreso la causa a Buenos Aires, ya que quedará en manos de la Cámara Nacional Electoral, con Di Lello como fiscal de Cámara.
Respecto de la falsificación de afiliaciones, firmas y aportes, el juez Ziulú podría dividir el expediente y enviarlo a cada jurisdicción. Es decir, los afiliados truchos de Mar del Plata deberán ser investigados por el juez federal de esa ciudad. Y así sucesivamente con todos los demás. Con el correr de los días fueron apareciendo más y más falsedades por lo cual los casos a investigar serán miles.
En este último sentido también está la denuncia de la diputada García. La legisladora apuntó directamente a la cabeza de Cambiemos en el distrito bonaerense, la gobernadora María Eugenia Vidal, presidenta de la coalición. El expediente lo instruye el juez Kreplak en La Plata. Y lo cierto es que parece mucho más razonable pensar que hubo una sola usina de falsificación, en el aparato central de Cambiemos, que falsedades armadas en cada distrito de la Provincia de Buenos Aires. García denunció por eso a toda la cúpula de Cambiemos.
Fuente: Pagina 12
Martes, 24 de julio de 2018
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