Política Piden la indagatoria de Cristina Kirchner por los contratos de Aerolíneas Argentinas con su hotel Alto Calafate  Reclaman que también sean citados Alak, Mariano Recalde, Kicillof, y el empresario Lázaro Báez, entre otros.
Los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques pidieron que sean llamados a indagatoria Cristina Kirchner, Julio Alak, Mariano Recalde, Axel Kicillof, entre otros ex funcionarios de Aerolíneas Argentinas, y los empresarios kirchneristas Lázaro Báez y Osvaldo Sanfelice.
Tal como anticipó el diario Clarín en su edición del domingo, la solicitud de las indagatorias es por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública y por las contrataciones del Estado a través de la firma aeronáutica con el hotel Alto Calafate, propiedad de la familia Kirchner.
El dictamen de los fiscales, presentados ante el juez Julián Ercolini se realizó en la investigación que se ocupó de nueve contrataciones de Aerolíneas Argentinas con la empresa Hotesur SA, dueña del establecimiento hotelero durante los gobiernos de Cristina Kirchner, garantizando ingresos por más de $ 16 millones a la ex Presidenta.
Esta causa, para los fiscales se enmarca en la investigación por lavado de dinero que tiene como principal sospechosa a Hotesur SA. En dicho expediente, el juez Ercolini indagó a Cristina Kirchner, a sus hijos y a Lázaro Báez por las operaciones comerciales realizadas desde 2008 a 2013.
Después que la familia Kirchner adquirió los hoteles Alto Calafate, Las Dunas y La Aldea de El Chaltén, entregó la administración y explotación desde 2008 a julio de 2013 a la firma Valle Mitre, propiedad de Báez. Después de dicha fecha hasta la actualidad, se entregó el manejo a Idea SA de Sanfelice.
Con dichas firmas se recibía regularmente “fondos de las empresas contratistas del Estado” que eran incorporados a la contabilidad de las firmas hoteleras. Todo para que “las ganancias ilícitas llegaran a manos de Néstor, Cristina, Máximo y Florencia Kirchner” con la “apariencia de haber sido obtenidas en forma lícita, es decir, como parte del sistema económico legal”, dijeron los fiscales.
En este contexto, según el escrito de los fiscales al que accedió Clarín, existió una “operatoria criminal” mediante la cual “durante más de siete años Cristina Kirchner y los funcionarios de Aerolíneas Argentinas, habrían alquilado interesadamente y con total desapego a las reglas de transparencia y probidad con que debe manejarse el patrimonio público, miles de habitaciones del Hotel Alto Calafate perteneciente a la ex familia presidencial y que era administrado por los amigos y socios de los ex presidentes, Lázaro Báez y Osvaldo Sanfelice”.
Se explicó en el pedido de indagatoria que Aerolíneas Argentinas -que es controlada, administrada y sostenida económicamente por el Estado Nacional-, “se contrataron de forma interesada e ininterrumpida más de 26.000 habitaciones en el Hotel Alto Calafate”. Esto implicó un beneficio económico de más de 16 millones de pesos y la “ocupación constante y permanente del establecimiento hotelero”.
El hecho ilícito, según los fiscales, descansó en el “interés que se decantaba desde la titular del Poder Ejecutivo hacia los funcionarios de Aerolíneas en contratar con el hotel de la familia Kirchner de forma sistemática desde 2009 a 2015".
Durante la investigación se determinó que hubo una “manipulación abusiva del mecanismo de contratación directa” y una “alteración de las reglas del procedimiento de concurso cerrado”, lo que posibilitó el “direccionamiento del resultado en forma unívoca hacia la selección del Hotel Alto Calafate”.
Pollicita y Mahiques señalaron que las normas internas de la compañía estaban regidas por el Manual de Compras Generales y Contratos. Allí se planteaba que cuando se exceda el monto de 1.000 dólares, como en el caso del Alto Calafate, “los funcionarios debían realizar un procedimiento de concurso cerrado que implicaba el estudio de antecedentes de los posibles proveedores, la recepción de ofertas en sobre cerrado para garantizar igualdad y transparencia en el concurso y un análisis técnico y económico de las ofertas”.
La Justicia sostuvo que este mecanismo lejos de haber sido “la regla en el caso del Hotel Alto Calafate, fue la excepción”. Se planteó que tras la estatización, “los funcionarios modificaron el criterio con el que se venían desarrollando las contrataciones y para continuar contratando ininterrumpidamente el hotel de la familia presidencial, incumplieron deliberadamente los procedimientos reglados”.
En una primera etapa de 2009 a 2014, según los fiscales, hubo una “omisión deliberada de los funcionarios” por realizar previo al vencimiento de la orden de compra, un “nuevo procedimiento de contratación”. Esto posibilitó que la aerolínea continuara “contratando de facto —sin contrato vigente— el hotel, formalizando así ”esa situación irregular”.
Todo se pudo concretar “simulando un proceso de contratación directa” que les permitía “formalizar el vínculo sin llevar a cabo ningún tipo de concurso de ofertas entre proveedores y sin hacer ningún análisis técnico y económico, y volcando en los papeles lo que ya habían hecho sin realizar ningún procedimiento reglado: contratar el hotel de la familia presidencial”.
Durante la investigación, se concluyó que la decisión de contratar al Alto Calafate, se tomó pese a “no conocer el valor del hospedaje"; además, se constató que la tripulación ya ocupaba, previo al primer contrato, 126 habitaciones semanales sin la documentación requerida.
Al ser contratado el hotel de la ex familia presidencial de forma directa -“y por una suma superior al medio millón de dólares”-, los fiscales indicaron que se “buscó disimular este hecho mediante la simulación de un proceso de concurso cerrado posterior a la ejecución del contrato”.
Así, se incorporaron correos electrónicos con propuestas y cotizaciones en 2009, de otras alternativas hoteleras, “sin referencia a la existencia de un concurso y sin cumplir con las formalidades obligatorias”. Para la Justicia, esto demuestra la “parcialidad en la contratación” y cómo se buscó “aparentar un concurso para validar el direccionamiento” a favor del Alto Calafate, que es investigado en la causa Hotesur por lavado de dinero.
Fuente: Clarín
Martes, 3 de abril de 2018
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