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Justicia De Vido quedó a un paso de ser detenido por el desvío de fondos de Río Turbio  El juez Rodríguez pidió su desafuero al Congreso horas después de que se lo ordenó la Cámara Federal; el Congreso aceleró los tiempos y anunció que tratará su caso la semana próxima.
Julio De Vido quedó a un paso de la cárcel. El juez federal Luis Rodríguez le pidió al Congreso su desafuero para detenerlo ante el riesgo de que perjudique la recolección de pruebas en la causa en que está siendo investigado por un fraude de casi 280 millones de pesos en la mina de carbón de Río Turbio.
De Vido acusó al presidente Mauricio Macri de estar "detrás" del pedido de detención. "Es el cierre perfecto para la campaña electoral de Cambiemos", dijo por Twitter; su abogado defensor, Maximiliano Rusconi, tildó la decisión de oportunista.
La inminente caída de quien fue el dueño de la mayor caja del kirchnerismo durante 12 años fue posible por la denuncia del fiscal federal Carlos Stornelli y porque los jueces de la Sala II de la Cámara Federal Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia ordenaron al juez Rodríguez que solicitara al Congreso la suspensión de la inmunidad de arresto de la que gozan todos los diputados.
En el Congreso, Cambiemos tiene previsto acelerar los tiempos y entre el martes y el miércoles de la semana que viene llevar el caso a comisión y al recinto de la Cámara de Diputados para votar el desafuero. En julio pasado fracasó, pero ahora reuniría los votos necesarios para conseguirlo.
El juez Rodríguez le mandó un oficio al presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, en el que le pidió el desafuero de De Vido y le comunicó que había ordenado al Ministerio de Justicia que apenas el diputado pierda los fueros sea detenido y trasladado a un calabozo de la alcaidía de los tribunales federales de Comodoro Py 2002, en el subsuelo del edificio judicial de Retiro.
De Vido, ministro de Planificación durante 12 años con el kirchnerismo, está siendo llevado a un juicio oral por la tragedia de Once. Al mismo tiempo había sido citado a declarar como sospechoso por el juez Rodríguez por el fraude en el yacimiento carbonífero de Río Turbio para el 28 de noviembre. Pero si se aceleraran los tiempos en el Congreso y perdiera sus fueros el miércoles próximo, la indagatoria podría adelantarse para ese momento.
Además, De Vido tiene causas por enriquecimiento ilícito, fue indagado por la importación de gas licuado y en 2018 enfrentará el juicio por la compra de trenes usados por 100 millones de euros, que hoy son chatarra.
De Vido fue denunciado por el fiscal federal Carlos Stornelli por un fraude contra el Estado de, al menos, $ 264 millones.
Pero el monto de la estafa podría ser mucho mayor: entre 2005 y 2015 salieron de las arcas públicas $ 26.000 millones destinados al complejo Río Turbio (un proyecto de una central eléctrica, una mina de carbón y el tren Eva Perón).
El tren no funciona y la mina, que debía reactivarse y alimentar la central, produjo en 2015 lo mismo que en 1951: 48.000 toneladas anuales. Según lo proyectado en 2010, debía estar produciendo ya dos millones de toneladas.
Stornelli pidió en julio pasado la detención de De Vido y de Roberto Baratta, ex subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del ministerio por esta causa.
Ambos fueron responsables -según Stornelli- porque el complejo minero "tiene un 70% menos de las galerías que lo proyectado" y "produce un 85% menos que lo establecido", pero no obstante "posee un 233% más de personal".
La maniobra consistía en una triangulación de fondos con una fundación patagónica de la Universidad Tecnológica Nacional, que debía realizar las tareas.
El fiscal dijo que se eligió esa modalidad para evitar los controles. Se firmaron 453 convenios y 90 adendas con la fundación de la UTN.
De acuerdo con el fiscal, el acuerdo con la UTN fue un "convenio pantalla" que no sólo permitió elegir a los contratistas, sino también hacerse de ese 21% de comisiones.
El juez Rodríguez rechazó inicialmente el pedido de Stornelli para detener a De Vido, pero luego de realizar algunas medidas de prueba y de que la Cámara Federal intervino, lo citó a indagatoria junto a 36 personas, entre ellas Baratta y el ex secretario de Minería Jorge Mayoral.
Rodríguez les permitió a Baratta y otros imputados quedar en libertad a cambio de depositar una fianza de 100.000 pesos y entregar sus pasaportes, para que no puedan salir del país.
Stornelli se opuso, pero el fiscal de Cámara Germán Moldes, que pidió detener a De Vido, consintió la fianza para Baratta y el resto de los acusados que habían pedido ser eximidos de prisión.
La Cámara Federal abrió con este caso una nueva jurisprudencia, en la que estableció que no alcanza con que los acusados de delitos de corrupción tengan arraigo y domicilio fijo, como en cualquier otro caso. Aquí, dijo el juez Irurzun, se debe analizar el poder o la influencia política con que cuenten para perjudicar la investigación y el monto de la defraudación en juego.
En este caso, Irurzun destacó que cuando el juez Rodríguez pidió la documentación del fraude a la seccional de la UTN de Santa Cruz, hubo reticencia para entregarla, se perdieron expedientes y destacó que de las 34 cajas que contenían las pruebas, unas 30 llegaron dos meses después de pedirlas y otras cuatro tardaron cinco meses en llegar a Buenos Aires.
Así, entendió que dejar libre a De Vido entrañaba un riesgo para la investigación por las posibles "nuevas interferencias" y porque todavía no se ubicaron ni recuperaron los fondos públicos comprometidos, al menos 264 millones de pesos, que es "uno de los objetivos prioritarios" del caso.
"La libertad del imputado es un obstáculo al desarrollo de la investigación", consideró el fallo.
Los camaristas Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia enumeraron cada uno en su voto las irregularidades detectadas y advirtieron que se trata de una investigación por "actos de corrupción complejos, que habrían sido desarrollados con la necesaria intervención de funcionarios de diversas áreas del Estado y al amparo de su estructura, durante un extenso período de tiempo".
Eduardo Farah se sumó al desafuero, pero votó por imponerle a De Vido el pago de una fianza para que siga en libertad. Fue el tercer juez, Leopoldo Bruglia, quien terminó por sellar con su voto la suerte del diputado, que está cerca de terminar preso.
@JulioDeVido
"El vergonzoso fallo de la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones es el cierre perfecto para la campaña electoral de Cambiemos"
"Una campaña que comenzó con el pedido del fiscal Stornelli y concluye hoy con esta resolución"
"No puede pasar inadvertido que fue dado a conocer minutos antes de que el presidente iniciara su acto de cierre en Ferro"
"El fallo pide mi detención por la presunta «influencia» que podría tener para «entorpecer» la investigación. Mi poder es tan grande que conseguí como presidente de la Comisión de Energía aprobar dos proyectos por unanimidad"
"El objetivo es amedrentar a quienes criticamos las políticas de ajuste y empobrecimiento del gobierno de Macri"
"Esto es un nuevo paso de comedia que quieren montar"
Fuente: La Nación
Miércoles, 18 de octubre de 2017
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