Política Marcha atrás de Vidal con decreto que pena difusión de bienes de funcionarios  María Eugenia Vidal se vio obligada ayer a derogar tres polémicos artículos de un decreto que prevé penas de cárcel a quienes difundan datos sobre las declaraciones juradas de funcionarios.
"A raíz de las dudas generadas por el decreto 647/16, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires reconoce un error en la redacción del mismo. Por lo tanto, la gobernadora resolvió derogar los artículos 1, 2 y 7, para despejar cualquier inquietud sobre el libre acceso a las declaraciones juradas, así como a cualquier otro asunto de interés público", anunció el Gobierno mediante un comunicado difundido luego de que se viralizaran los cuestionamientos a la medida que se conoció a menos de 24 horas de que el propio presidente Mauricio Macri dispusiera la modificación del artículo 85 de la ley de blanqueo de capitales, que condena con prisión a los periodistas que divulguen quiénes adhirieron.
"Si hay alguna cuestión técnica que generó dudas, será revisada", anticipó Vidal y recordó que "en marzo decidí que todos los funcionarios y los cargos jerárquicos de las fuerzas de seguridad presentaran sus declaraciones juradas públicamente. La decisión sigue siendo la misma. Yo ya presenté mi declaración jurada y la mayoría de mi gabinete también lo hizo. El acceso a esta información es público y para todos, en el marco de las leyes vigentes".
Más tarde, el secretario de Legal y Técnica, Julio Conte-Grand, dijo que se crearía un nuevo decreto para eliminar las "referencias del decreto que generan dudas en la opinión pública" sobre el castigo a terceros por revelar información.
Por su parte, la senadora del Frente para la Victoria Mónica Macha, consideró, por caso, que "el decreto de Vidal lesiona, otra vez, las instituciones y la democracia".
"Es una medida escandalosa, criminaliza la práctica periodística y blinda a la provincia de una manera inaceptable", agregó.
En paralelo, el Senado bonaerense tiene previsto aprobar hoy un proyecto del oficialismo, que complementa el decreto en cuestión y obliga a funcionarios, legisladores, policías y agentes inmobiliarios a presentar sus declaraciones juradas. El proyecto original incluye a funcionarios del Poder Ejecutivo provincial, entre ellos la gobernadora.
Ayer, el Gobierno bonaerense reglamentó el modo en que se harán públicas las declaraciones juradas y dispuso que habrá una versión extendida, que tendrá carácter reservado, y otra sintética, a la que se podrá acceder de forma pública. Pero, en su versión original, dispuso que se sancionaría con penas de hasta dos años de prisión a funcionarios, empleados y terceros que "vulneren el carácter y/o contenido" de esas declaraciones reservadas. Es decir, periodistas y medios de comunicación en general.
El contenido
• La versión sintética no contará con: los datos completos del cónyuge, de los hijos menores no emancipados, de las personas a cargo y convivientes; detalle de la profesión y medios de vida de las personas especificadas; el nombre del Banco o entidad financiera en que existiere depósito de dinero; los números de las cuentas corrientes, cajas de ahorro, cajas de seguridad, tarjetas de crédito, indicando la entidad emisora y sus extensiones en el país o en el exterior; la ubicación detallada de los bienes inmuebles".
• Tampoco serán públicos "los datos de individualización o matrícula de los bienes muebles registrables; los datos de individualización de aquellos bienes no registrables cuyo valor de adquisición o compra fueron individualizados por la autoridad de aplicación; la individualización, con inclusión del nombre y apellido, tipo y número de DNI, razón social y CUIT, CUIL o CDI de aquellas sociedades, regulares o irregulares, fundaciones, asociaciones, explotaciones, fondos comunes de inversión, fideicomisos u otros, en los que se declare cualquier tipo de participación o inversión, acciones o cuota partes, y/o de los cuales se haya obtenido ingreso durante el año que se declara".
Fuente: Ámbito
Jueves, 9 de junio de 2016
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