El gobierno de María Eugenia Vidal formalizó la prórroga por 60 días para que los funcionarios y agentes de la administración pública provincial presenten su Declaración Jurada Patrimonial. Sin embargo, además de esto, se realizaron "adecuaciones" del decreto original entre las que se introduce el "carácter reservado" de las presentaciones patrimoniales de carácter integral, siendo únicamente de acceso a la ciudadanía en general las declaraciones juradas "sintéticas". En la misma línea, se agregaron sanciones a la utilización indebida de los datos presentados, por lo que aquellos que "vulneren el carácter y/o el contenido de estas declaraciones serán pasibles de las penas previstas por el Código Penal".