Economía El Plan de Empleo Joven prevé beneficiar a 200.000 trabajadores por mes 
el plan propuesto por el gobierno nacional y en estudio en la cámara de diputados prevé incorporar o formalizar la situación de 200.000 trabajadores mensuales a partir de su puesta en marcha.
Además, la baja de aportes de las empresas empleadoras durante los tres años de extensión de la iniciativa se estima en 7.500 millones de pesos.
“Es el subsidio más alto que se haya dado hasta ahora en la historia de los distintos sistemas en la Argentina”, afirmó el secretario de Empleo, Miguel Angel Ponte, durante un seminario organizado por la oficina local de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Se trata de una ley “claramente fiscal” -admitió el funcionario- que se complementará “con otras medidas que estamos proponiendo, pero eso será después de reuniones de consenso con sindicatos, empresarios y el sistema educativo, que esperamos tener concluidas a fines de junio”.
Ponte -hasta fines de 2014 director de Recursos Humanos de la Organización Techint a nivel mundial- precisó que se impulsarán cambios en la ley de Pasantías (número 26.427), que tiene “cuatro o cinco artículos que provocan un rechazo inmunológico por parte de todas las empresas”.
La modificación propuesta para integrar a los estudiantes con las empresas impulsa “prácticas formativas”, por un lado; y por otra parte, “prácticas profesionalizantes”.
Estas últimas serán “curricularmente mandatorias para terminar la formación, y se podrán hacer en instalaciones del sistema educativo o de empresas privadas o públicas”, explicó Ponte.
Durante el encuentro “Políticas públicas de primer empleo y promoción del empleo juvenil”, el secretario detalló “el esquema de beneficios, exenciones, devoluciones y subsidios a las empresas” contemplados en el proyecto de ley de Empleo Joven.
El plan subsidiará el empleo de jóvenes de entre 18 y 24 años (o de personas de cualquier edad en las provincias del Norte) y beneficiará a empleadores que incorporen nuevos trabajadores mediante la exención del pago de distintos porcentajes de las contribuciones patronales a la seguridad social, al PAMI y de la cuota de la aseguradora de riesgos del trabajo.
Si la empresa es de menos de 200 empleados los descuentos son mayores, con lo cual el subsidio puede alcanzar al 100% de los aportes patronales, o bien, llegar a 80% en compañías es de más de 200 trabajadores, con lo cual la rebaja del costo laboral total para el empleador rondará entre 20 y 30%.
Ponte advirtió, no obstante, que “ninguna gestión de empleo crea empleo: lo más que podemos hacer es crear empleabilidad o algunas reglas de juego para que el personal de esta edad al menos empate su nivel de ocupación con las otras poblaciones”.
“En paralelo con esto, -recordó-, siguen vigentes dos regímenes: uno por distancia a la Capital Federal, de reducción de 8 o 9% contra impuestos nacionales o provinciales; y otro, a partir de agosto, sólo para microempresas de menos de cinco trabajadores, que condona el 50% de las cargas patronales en todo el país”.
“Si todo esto va a generar empleo, no lo sabemos. Puede favorecer que el empleo que se genere sea más registrado. ¿Puede ser un apalancamiento para que todo el empleo no registrado actual pase a primer empleo?, creemos que si”, afirmó el secretario.
Ponte definió la estructura laboral en tres segmentos: la economía ordinaria, la popular y la base social, a las que definió como “combatientes (quienes tienen trabajo, formal o no); heridos (que no llegan a generar ni para subsistencia); y prisioneros (los que no tienen una ocupación permanente o están fuera de la economía)”.
En la economía popular, añadió, “hay textiles, pescadores artesanales, horticultores (unos 500 mil sólo en el Gran Buenos Aires), ladrilleros en todo el país, cooperativas de construcción de base (veredas, cordones), motoqueros, manteros y una gran cantidad de recicladores”.
Fuente: Télam
Jueves, 26 de mayo de 2016
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