Finanzas El oficialismo aceptó cambios y logró dictamen para el pago a los holdouts  Hizo concesiones al massismo y al peronismo no kirchnerista y así quedó en condiciones de aprobar el proyecto; la sesión se postergó hasta el próximo martes.
Tras acordar con el Frente Renovador, de Sergio Massa, y con el peronismo no kirchnerista, hubo fumata blanca ayer en el plenario de las comisiones de Presupuesto y de Hacienda de la Cámara de Diputados.
Con 43 firmas sobre un total de 80 miembros, el oficialismo obtuvo dictamen de mayoría a favor del acuerdo que selló el Gobierno con los holdouts y los fondos buitre, aunque debió introducir algunas modificaciones al articulado.
El debate en el recinto de la Cámara baja se pospuso para el martes próximo, también a pedido de los bloques opositores que respaldaron el dictamen.
Quieren primero contar con el informe solicitado a la Procuración del Tesoro en cuanto al riesgo de eventuales nuevos litigios judiciales por parte de bonistas que ingresaron en los canjes 2005/2010 que se consideren afectados por esta oferta a los fondos buitre.
El oficialismo enfatizó una y otra vez que ese riesgo es casi nulo, pues la cláusula RUFO (que impedía a nuestro país realizar una mejor propuesta a los que no ingresaron a dichos canjes) venció el 31 de diciembre de 2014.
Los bloques opositores que respaldaron el dictamen oficial fueron, además del massismo, el Bloque Justicialista -que rompió con el kirchnerismo-; el interbloque Juntos por Argentina, de Darío Giustozzi, y Compromiso Federal, de los puntanos Rodríguez Saá. El Partido Socialista no firmó el dictamen, pero anticipó su voto en general.
Con este apoyo, el oficialismo se garantiza no sólo el quórum, sino también el voto en general de la iniciativa. Otra historia será la discusión de cada artículo.
El acuerdo se cristalizó durante una comida, anteanoche, entre Rogelio Frigerio, ministro del Interior, y Emilio Monzó, presidente de la Cámara de Diputados, junto con el diputado Massa; paralelamente, el presidente de la Comisión de Presupuesto, Luciano Laspina -en comunicación permanente con Alfonso Prat-Gay, ministro de Hacienda-, mantenía febriles negociaciones con los diputados Marco Lavagna (Frente Renovador) y Diego Bossio (Bloque Justicialista), que actuaban en tándem para forzar la inclusión de cambios al proyecto.
El Frente para la Victoria (FPV), en la voz del ex ministro de Economía y actual diputado Axel Kicillof, anticipó su voto negativo (tampoco dará quórum) y presentó un dictamen en minoría. El diputado Carlos Heller, aliado del kirchnerismo, hizo lo propio. Ambos criticaron con dureza el acuerdo. "Ganó (Paul) Singer (del fondo NML); ganó (Thomas) Griesa (el juez neoyorquino que intervino en el litigio con los fondos buitre). Perdió la Argentina", agitó Kicillof.
No fue ésta la postura mayoritaria de la comisión. Salvo el kirchnerismo y el diputado Néstor Pitrola (del Partido Obrero), todos los demás exaltaron la necesidad de acordar con los holdouts y con los fondos buitre, máxime en las condiciones adversas de nuestro país tras haber perdido todas las instancias judiciales en los tribunales de Nueva York.
Además, los legisladores resaltaron el impacto económico que significará para nuestro país el retorno al mercado de crédito internacional, que hoy le está vedado por el conflicto con los acreedores externos.
El acuerdo del Gobierno con los holdouts y los fondos buitre contempla tres puntos clave: primero, se establece la derogación de las leyes cerrojo y de pago soberano.
La primera impide a nuestro país formular una mejor oferta de pago a los acreedores externos que quedaron fuera de los canjes 2005/2010.
La ley de pago soberano, en tanto, establece que la sede de pago sea Buenos Aires o Francia, en vez de Nueva York. Todos, salvo el kirchnerismo, están de acuerdo con la derogación.
Segundo, el acuerdo establece que el pago se efectuará en efectivo, previa colocación de bonos en el mercado internacional. Se espera obtener de esta operación una ganancia. Prat-Gay estimó que la emisión rondará los 11.684 millones de dólares, aunque admitió que podría ser mayor.
Aquí la oposición interpuso una objeción: el monto de la deuda a emitirse debe quedar definido en el proyecto. El oficialismo no accedió porque, adujo, la iniciativa ya dispone que lo producido por las emisiones irá a pagar la deuda.
Pero aclaró en el articulado que cualquier excedente del monto de pago será imputado a la autorización de endeudamiento ya prevista en la ley de presupuesto 2016 (unos US$ 37.000 millones). De esta manera, la oposición quiere evitar un sobreendeudamiento y darle un cheque en blanco al Gobierno a la hora de tomar nuevos créditos.
El tercer punto se refiere a la nueva oferta que les eleve el Gobierno a aquellos bonistas que todavía no ingresaron en este acuerdo. A instancias del peronismo no kirchnerista, el dictamen establece que las futuras propuestas no deben superar la "oferta base", es decir, el monto del capital adeudado más un 50% de dicho capital.
Ésta es la oferta que cerró el Gobierno con aquellos holdouts no comprendidos por las sentencias judiciales de Nueva York. Los fondos buitre, que sí tienen un fallo firme a favor (los pari passu), cobrarán más.
El oficialismo también accedió a informar de manera trimestral al Congreso sobre el resultado de las negociaciones con los bonistas y limitó al 0,20 por ciento de la emisión las comisiones que cobren los colocadores de bonos.
Qué se modificó en la iniciativa
El monto de la deuda
Aunque el Gobierno no aceptó especificar cuál iba a ser el monto que se emitirá en bonos para pagar los 11.684 millones de dólares en efectivo, sí incorporó en el proyecto que todo lo que exceda ese número será debitado del endeudamiento previsto en el presupuesto de 2016 (de 37.000 millones de dólares)
Comisiones
El macrismo también accedió a establecer el límite a las comisiones que cobrarán los bancos en un 0,2% del valor de los bonos
Plazos y gastos corrientes
La oposición logró reducir de seis a tres meses el plazo límite previsto para que el Gobierno informe al Congreso cuáles fueron los resultados de las negociaciones con los bonistas y faculta al Parlamento a controlar el manejo de los fondos para que no terminen en gastos corrientes.
Fuente: La Nación
Miércoles, 9 de marzo de 2016
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