Política A mediados de enero empezará el diálogo social  Lo dijo ayer al pasar el ministro Alfonso Prat-Gay. La Copal defendió la convocatoria oficial pese a la negativa de las empresas a retrotraer precios. Los sindicatos tienen dudas.
El ministro de Hacienda y Finanzas de la Nación, Alfonso Prat Gay, confirmó ayer que el llamado al diálogo social con gremialistas y empresarios tendrá lugar a mediados de enero. El funcionario lo habíaadelantado tras el balotaje que consagró como presidente a Mauricio Macri.
Empresas del sector privado confirmaron la convocatoria oficial y, en ese marco, adelantaron la voluntad de participar en la nueva edición del programa Precios Cuidados, que lanzó inicialmente la administración kirchnerista a principios de 2014.
Desde Arcor consignaron que el gobierno informó la iniciativa antes de Navidad aunque los encuentros todavía no tienen una fecha en firme, agregaron. Los voceros reiteraron el deseo de la empresa de integrar con productos propios la lista del programa de consumo: “en ningún momento dijimos que vamos a estar afuera de Precios Cuidados”. En ese sentido, aseguraron que los técnicos de la firma están trabajando en los listados que se aventuran con aumentos del orden del 6 por ciento.
Uno de los temas que plante la agenda tripartita es el de los aumentos de precios que se registraron antes del balotaje a la par de declaraciones de miembros del actual gabinete económico.
Representantes empresarios salieron esta semana a apoyar oficialmente la propuesta del gobierno nacional. El vicepresidente de la Unión Industrial (UIA) y titular de la coordinadora de industrias alimenticias (Copal), Daniel Funes de Rioja, afirmó que “los industriales hemos dado señales muy claras mostrando que estamos convencidos de que hace falta el diálogo social desde el punto de vista económico”.
Funes de Rioja adelantó el martes que en enero dará comienzo un “diálogo político, social y económico” con el fin último de controlar el ascenso de los precios y lanzó una frase a manera de advertencia interna: “estamos en el buen camino, pero inflando valores nominales, no arreglamos el problema. Hay que ser responsables, manejarse con la prudencia que la situación lo merece”, sentenció el dirigente privado. Sin embargo, la palabra del titular de Copal no parece representar a una tropa que tiene más de un soldado corpulento. El mismo día, en diálogo con Tiempo Argentino, dos renombradas empresas asociadas a Copal rechazaron la posibilidad de retrotraer los precios que impulsa el gobierno. Uno de los jugadores más pesados del mercado local defendió de hecho sus últimos aumentos como “autorizados” por la gestión de Augusto Costa en la Secretaría de Comercio, bajo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y se afirmó en la posición que llevará a la mesa de diálogo: “no se puede retrotraer algo que no existe”.
El objetivo del acuerdo social partió de una primera consigna del gobierno macrista. Tras el batacazo electoral de noviembre los futuros ministros Prat Gay y su par de Trabajo, Jorge Triaca, adelantaron la intención oficial de auspiciar la rúbrica de un “acuerdo de precios y salarios” que a la par de la aprobación de los privados cosechó la desconfianza de los sindicatos.
Los primeros dichos de Triaca incluyeron el adelanto de la propuesta de discutir aumentos de salario por productividad, una particularidad que terminó potenciando la atención de los trabajadores en general y de la dirigencia en particular en un momento atravesado por el debate de la unidad sindical. En la propia Conferencia Industrial, fueron varios los dirigentes consultados por este medio y unánimes las opiniones contrarias a un avance de la modalidad propuesta. Entre ellos, Armando Cavalieri, titular de Comercio, apuntó que “la mitad de los gremios se quedaría afuera”.
Cresta roja
La jueza Valeria Pérez Casado, Cresta Roja, otorgó a un consorcio integrado por las firmas Ovoprot Internacional SA, Tanacorsa SA y Grupo Lacau, la operación de la empresa Cresta Roja que ya no estará en manos de los hermanos Rasic.
Piden cláusula de ajustes por inflación
La Asamblea Nacional de la Federación de Trabajadores de la Energía, Industria, Servicios (FeTIA), entidad adherida a la CTA de los Trabajadores y a la Red Global Industrial, repudió de "forma enérgica" la represión que sufrieron la semana pasada los trabajadores y advirtió que "no aceptaremos bajo ninguna circunstancia la criminalización de la protesta social". A través de un comunicado que emitió luego de reunirse en Buenos Aires el 29 de diciembre último, la FETIA llamó a "implementar todas las medidas necesarias para mantener el nivel de ingresos afectado por la violenta suba del costo de vida producto de la devaluación implementada por el nuevo gobierno". Además, en otro de los puntos reclamó "la incorporación de la claúsula gatillo en la negociación salarial que permita ajustar trimestralmente los futuros aumentos salariales en base al ritmo de la inflación". Además de pedir "un monto que funcione como paliativo del incremento de los precios de los últimos dos meses". Además, la entidad rechazó "el nombramiento por decreto de jueces de la Corte Suprema de Justicia lo que representa una grave violación al funcionamiento de la República" y "por ende un retroceso institucional inadmisible".
Los gremios, en alerta
El llamado del oficialismo al diálogo alertó a los gremios que, con matices, advierten que el gobierno busca favorecer al empresariado.
El titular de la CGT oficial, Antonio Caló, consideró a principios de mes que con los aumentos de precios "es imposible pensar en un acuerdo de precios y salarios" y reclamó "primero bajen esos valores y luego en todo caso veremos cómo articular nuestras paritarias".
Por su parte, el secretario general de la CGT Azopardo, Hugo Moyano, lanzó una advertencia tras conocerse el levantamiento de la política cambiaria kirchnerista, "esperemos que no les pongan el cepo a las paritarias".
Pablo Micheli, de la CTA disidente, anticipó que "habrá diálogo, pero también conflicto" si el gobierno quiere "subir las tarifas".
Fuente: INFOnews
Jueves, 31 de diciembre de 2015
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