Política El ministro de Justicia explicó los motivos de los dos nuevos decretos  Germán Garavano sostuvo que las escuchas deben estar "en una parte imparcial como es el caso de un juez" y aseguró que habían sido transferidas a la Procuración por "una cuestión política".
El ministro de Justicia, Germán Garavano, explicó hoy los motivos por los cuales el gobierno nacional, a través de dos Decretos de Necesidad y Urgencia, suspendió la implementación del Código Procesal Penal de la Nación y transfirió las escuchas telefónicas del Ministerio Público Fiscal a la Corte Suprema de Justicia.
"Es clave que las escuchas estén en una parte imparcial como es el caso de un juez. Las escuchas puestas en la fiscalización fue una cuestión política", aseguró Garavano en diálogo con el programa Página Abierta de Radio América, en referencia a la supuesta identificación de la procuradora Alejandra Gils Carbó con el anterior gobierno.
En ese sentido, el ministro consideró que el DNU era "la única manera" que tenía el gobierno para tomar ambas decisiones, ya que ambas requieren de la intervención del Congreso y éste está en receso hasta marzo de 2016. De paso, desafió a la titular del Ministerio Público: "Si Gils Carbó tiene algo que denunciar, que lo haga".
Ayer, en un brindis con periodistas en el que adelantó las nuevas medidas, Garavano confirmó la "decisión de corregir algunas facultades que se habían otorgado al Ministerio Público, que de alguna manera son contrarias al espíritu del sistema acusatorio que es hacia donde todos queremos avanzar”.
"Vuelve la gente de Stiuso"
La fiscal Cristina Caamaño, ex secretaria de Seguridad, consideró que el decreto que transfiere las escuchas a la Corte "es un mamarracho jurídico" y advirtió que "con esto vuelve la gente de Stiuso", en referencia al ex director de Operaciones de la antigua Secretaría de Inteligencia, desplazado por la ex presidenta Cristina Kirchner a fines de 2014, cuya declaración es clave en la causa por la muerte del fiscal Alberto Nisman.
Por otra parte, Caamaño calificó como "una vergüenza" el freno a la implementación del Código Procesa Penal, que había sido aprobado en junio de este año y debía entrar en vigencia, según las leyes dictadas por el Congreso, el 1º de marzo de 2016.
Fuente: INFOnews
Martes, 29 de diciembre de 2015
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