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Domingo 21 de Junio de 2026
 
 
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Tierras fiscales: Paris pidió a la Justicia unificar e investigar a fondo causas que vinculan a los mismos sujetos procesales
El presidente del Instituto de Colonización busca descubrir la trama intelectual y la vinculación de personas que habrían participado en diferentes causas aisladas en el interior provincial.




El presidente del Instituto de Colonización, Raúl John Paris, se presentó ante la Justicia provincial y, mediante dos escritos, solicitó investigar la “vinculación intelectual” entre los sujetos que participaron en diferentes causas penales aisladas en el interior provincial. En ese orden pidió la acumulación de ocho causas que “vinculan a idénticos sujetos procesales”, como el caso de la empresa OSD Agropecuaria S.A., sus apoderados y el Instituto de Colonización.

Es precisamente un caso emblemático -por la cantidad de irregularidades- aquel escándalo con tierras fiscales que comenzó con el desalojo de los hermanos Villalba de predios fiscales donde se había establecido la empresa OSD Agropecuaria S.A. El caso cobró notoriedad hace un año cuando un juzgado de Sáenz Peña ordenó el desalojo de los ocupantes de esas tierras ubicadas en Los Frentones.

En los escritos de varias carillas cada uno, Paris advierte severas irregularidades en la actuación de dos letrados del Instituto por sus vinculaciones con la empresa OSD. De la información que aporta, sobresalen sus fundamentos para rescindirle el contrato de obra que vinculaba a Adrián Maximiliano Gaitán al área de Auditoría Interna de Colonización, participando en la Comisión Revisora de Actuaciones Administrativas, asesorando y representando jurídicamente al organismo en diferentes causas penales.

Según los escritos a los que NORTE tuvo acceso, por un lado el funcionario se presenta en su carácter de titular del organismo estatal y, por otro lado, a título personal como querellante particular bajo el patrocinio de los abogados Alejandro Armoa y Mariángeles Benítez.

Consta en el expediente que Víctor Hugo, Raúl, Alberto y Manuel Villalba presentaron con fecha 15 de marzo de 2011 una nota ante el Instituto de Colonización en la cual afirmaban ser ocupantes pacíficos de tierras fiscales del departamento Almirante Brown. En esa misiva notificaban al organismo la existencia de “graves irregularidades” en relación a tierras fiscales entregadas desde el Instituto y allí mismo consignaban que esas tierras que ocupaban pacíficamente habían pasado en “forma fraudulenta” a manos de OSD Agropecuaria, firma cuyo titular sería Omar Jorge Depetris.

El caso cobró notoriedad pública en septiembre del año pasado cuando uno de los hermanos Villalba radicó ante la policía local una denuncia por amenazas y disparos de armas de fuego en el marco de las presiones que venían advirtiendo como parte de los manejos de los empresarios para quedarse con el campo. Pero luego sumó varios capítulos más que develaron la trama corrupta tras la titularización de esas tierras fiscales.

El origen

Según consta en la exposición de París, al describir el método de apoderamiento de esas tierras, los hermanos Villalba denunciaron que fue concretado a través de un “juicio sucesorio totalmente falso e inexistente”. Entre los datos más sorprendentes que aportan los hermanos se anota aquel que señala que Luis Alberto Paredes, quien supuestamente había cedido los derechos hereditarios tras su muerte a Arnaldo Kriebaum, en fecha 19 de febrero de 2008 y a más de un año de su supuesta muerte, otorgó un poder general amplio de administración a favor de su hijo, Luis Ignacio Paredes.

Por otra parte, el funcionario deja constancia en la presentación que están bajo una acción de nulidad absoluta todos los asientos registrales que culminaron con el otorgamiento irregular del título a la firma OSD Agropecuaria, por los asientos apócrifos que se insertaron y que quedaron expuestos en el Expediente 5398/11, complementados al mismo tiempo con una medida cautelar de no innovar y prohibición para contratar que impide la transferencia de esas tierras.

Asimismo, el titular de Colonización solicitó expresamente que se investigue el cierre de la causa “Raúl John Paris S/Denuncia”, de abril de 2011, de trámite ante la Fiscalía Nº 1 de Resistencia. En un escrito que el funcionario denunció no haberse incorporado al expediente, ponía en conocimiento del fiscal una comunicación interna del entonces presidente del Instituto (Esteban Branco Capitanich) hacia la Asesoría General de Gobierno que sirvió como elemento para que el representante legal de OSD Agropecuaria peticionara el desalojo de los supuestos intrusos de las tierras propiedad del Estado chaqueño.

Conexidad de causas

Paris solicitó a la justicia chaqueña la investigación de varios hechos que perjudican, desde 2007, al Instituto de Colonización, y la “vinculación intelectual” entre los sujetos que participan en causas penales aisladas en el interior provincial. En ese orden pidió, conforme lo establece el “rito penal de la competencia por conexidad”, la acumulación de ocho causas que “vinculan a idénticos sujetos procesales”, como el caso de la empresa OSD Agropecuaria S.A., sus apoderados y el Instituto de Colonización.

“Un único proceso evitará tenerse en cuenta un hecho aislado sino que, además, favorecerá la coordinación de pruebas y la distribución de responsabilidades”, argumentó en el documento dirigido al fiscal de investigaciones penales. Enseguida, enumeró las causas que debieran unificarse: “Villalba, Modesto S/Usurpación”, expediente 4391/10 de la Fiscalía Nº 3 de Sáenz Peña; “Capitanich, Esteban Branco S/Denuncia”, expediente 38.188/09 de trámite ante la Fiscalía Penal Nº 10 de Resistencia; “Diez Lilia Noemí/Denuncia falsedad ideológica y estafa a la administración pública”, expediente 18.186/10 de trámite ante la Fiscalía Penal Nº 9 de Resistencia; “Raúl John Paris S/Denuncia”, expediente 10.738/11 de trámite ante la Fiscalía Penal Nº 1 de Resistencia; “Godoy, Ramón Alberto S/Denuncia”, expediente 19.720/11 de trámite ante la Fiscalía 11 de la capital provincial; “Paris, J. Raúl S/Denuncia”, expediente Nº 21.142/12 de trámite ante la Fiscalía Penal Nº 10 de Resistencia; “María Cecilia Valtier de Cuberli S/Denuncia”, expediente 13.120/10 de trámite ante la Fiscalía Penal Nº 2 y “Paris, J. Raúl S/Denuncia”, de trámite ante la Fiscalía Penal Nº 4.

Los hechos por investigar

Como presidente del organismo, Paris pidió que la justicia determine la responsabilidad del autor o de los “autores intelectuales, instigadores o colaboradores y/o ejecutores de las maniobras tendientes a defraudar patrimonial y jurídicamente al Estado provincial a través de mecanismos irregulares, ilegales, violatorios de disposiciones vigentes respecto del apoderamiento de terrenos que son administrados por el Estado chaqueño a través del Instituto de Colonización”.

Según consta en la denuncia, esas maniobras consistirían en la simulación de una sucesión caratulada “Paredes Luis Alberto S/Sucesorio”, expediente 345/07 de hipotético trámite ante el Juzgado de Paz de Sáenz Peña; un “hipotético deceso cuyo hecho generó la sucesión de Paredes” y la “suposición de identidad de Luis Ignacio Paredes, supuesto hijo del causante y administrador de la simulada sucesión”; la supuesta “identidad de Ciro Arnaldo Kriebaum, aparente comprador de tierras de la mencionada sucesión y supuesto vendedor a Sergio Omar Depetris en representación de la firma OSD Agropecuaria”.

También solicitó “la investigación de la metodología de la venta e instrumentación de la venta de propiedad objeto del contrato simulado entre el supuesto Kriebaum y OSD, determinando la responsabilidad penal de la escribana María Cecilia Valtier de Cuberli”, de Fontana, de quien también pidió se profundice si “realizó el debido estudio del folio real que acredita las transacciones y transferencias dominiales del inmueble y si la misma efectuó alguna investigación previa ante el Instituto de Colonización”.

En otro punto, Paris requirió la investigación sobre la constitución de la empresa OSD Agropecuaria y qué relación guarda esa fecha con los hechos denunciados dos días antes, además de indagar “las facultades legales, conforme el estatuto de la firma suscripto en fecha 4 de marzo de 2009, de Sergio Omar Depetris para la compra de los predios objeto de estos hechos y de la escribana certificante”.

En ese contexto, pidió el funcionario que se determine si OSD llevó adelante todas esas maniobras “a fin de intentar aparentar ser un tercer comprador de buena fe a título oneroso” para “intentar legitimar su condición de tal y hacerse de derechos irrevocables”. Así también, requirió investigar a quienes hayan llevado al Registro de la Propiedad Inmueble las hijuelas de las tierras para su tramitación registral, y la participación del personal administrativo de ese organismo que intervino “en la supuesta adulteración de los asientos registrales que permitieron la inscripción irregular del inmueble objeto de la investigación”.

En el mismo listado de hechos, Paris requirió a la Justicia que investigue la participación del abogado del Instituto de Colonización, Adrián Gaitán, como apoderado y querellante particular del organismo en el expediente que tramita la causa “Capitanich, Esteban Branco S/Denuncia” ante la Fiscalía Penal Nº 10 y, correlativamente, la participación como apoderado de la firma OSD Agropecuaria S.A. en las denuncias por supuesta usurpación de las tierras y en la solicitud del desalojo de las mismas.

También sobre el letrado, Paris solicitó la determinación de su participación en el trámite administrativo por los hechos antes referidos en su carácter de miembro de la Unidad de la Auditoría Interna, ya que supuestamente habría elevado a Luis Alberto Paredes, el 28 de febrero de 2011, un informe sin el debido conocimiento de las autoridades del Instituto.

Pretende también el funcionario que Gaitán -junto a su socio Ramón Alberto Godoy- explique cómo un informe interno del Instituto de Colonización a la Auditoría General de Gobierno llegó como foja útil y a ser instrumentado como prueba ante la Fiscalía Penal Nº 3 en el desalojo solicitado por estos abogados en representación de la firma OSD Agropecuaria y que, finalmente, sirvió como fundamento para el desalojo de los hermanos Villalba tras la resolución de un juez de Sáenz Peña.

Asimismo, Paris pidió a la Justicia que determine la participación del abogado Godoy en la tramitación de la solicitud de querellante particular en representación de OSD Agropecuaria en la causa 13.120/10 incorporada a la causa 38.188/09 en la cual adjuntó -aparentemente- un poder adulterado en el cual intentó burlar el conocimiento por parte del Estado del nombre del otro apoderado de la firma, insertando la identidad falsa de un abogado inexistente en la matrícula, “con la sola finalidad de defraudar al Estado chaqueño”. Estas circunstancias son investigadas en la causa caratulada “Paris, John Raúl S/Denuncia” (expediente 12.142/12 de la Fiscalía Penal Nº 10).





Fuente: Diario Norte


Martes, 10 de julio de 2012
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