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Sociedad El Comité de Prevención de la Totura requirió más pericias en la causa por la desaparición de Nelson Gusak 
El pasado 22 de mayo, el Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco se presentó como querellante en la causa que investiga la desaparición de Nelson David Gusak, ocurrida en septiembre de 2025 y caratulada judicialmente como “muerte dudosa”.
La presentación fue realizada con el patrocinio legal de Manuela González y Alberto Cuellar. En el escrito judicial, el CPTCh sostuvo que el planteo “se formula primigeniamente contra trabajadores policiales que podrían haber intervenido/actuado en carácter de autores, cómplices, instigadores o encubridores del hecho de desaparición de Gusak Nelson David”.
La intervención del organismo se produce en el marco de una investigación atravesada por fuertes cuestionamientos de la familia respecto del accionar policial y múltiples dudas aún no esclarecidas sobre lo ocurrido con el joven.
habían sido hallados otros restos óseos.
Además, cuestionan el estado de la dentadura encontrada, ya que, según señalaron, Nelson conservaba todas sus piezas dentales al momento de su desaparición. Para la familia, ese faltante abre interrogantes sobre la posibilidad de lesiones previas a la muerte, cuestión que esperan pueda ser esclarecida mediante las pericias forenses.
Hasta el momento, los restos óseos continúan pendientes de identificación definitiva mediante estudios genéticos.
Según informes forenses incorporados a la causa, fueron analizados 131 restos óseos y los especialistas concluyeron que serían compatibles con un varón de entre 20 y 30 años. No obstante, señalaron que la identificación definitiva sólo podrá establecerse mediante estudios de ADN y otras pericias complementarias.
El informe forense también indicó que no fue posible determinar científicamente la causa ni la fecha de muerte debido a que el esqueleto se encuentra incompleto.
Silvina Espinosa cuestionó además las hipótesis surgidas durante la investigación y sostuvo que “los mismos que acusamos son los que supuestamente están investigando”, en referencia al accionar policial.
La familia también cuestiona la hipótesis de suicidio mencionada en el marco de la investigación, vinculada al hallazgo de un cable en el lugar donde aparecieron los restos. Tanto la hermana como la madre de Nelson consideran “confuso” que siete meses después haya aparecido el cuerpo en el lugar donde, según esa versión, él se habría ahorcado.
“Lo quisieron hacer pasar por un suicidio porque supuestamente se había encontrado un cable con el que se había colgado”, señalaron. Además, sostienen que esa hipótesis “no coincide”, ya que “el grosor de la rama en la que en teoría se habría colgado no soportaría sus 70 kilos”.
En los últimos días, el Comité solicitó formalmente nuevas medidas de prueba ante la Fiscalía de Derechos Humanos, incluyendo un nuevo rastrillaje en la zona de avenida Nicaragua y calle 19 luego de que familiares afirmaran haber encontrado nuevos restos óseos durante el fin de semana del 30 y 31 de mayo.
En ese mismo pedido, el organismo solicitó que la Comisaría Quinta —o la dependencia policial que haya intervenido— informe si el Gabinete Científico u otro organismo especializado tomó participación en relación con los restos hallados durante este fin de semana.
La continuidad de la investigación
Mientras la causa continúa en trámite judicial y se esperan resultados periciales definitivos, Silvina Espinosa mantiene intacto el reclamo que sostiene desde hace más de ocho meses:
“A mi hijo vivo o muerto, yo lo quiero encontrar y no voy a parar”.
La causa atraviesa además una discusión judicial sobre la competencia para continuar la investigación. La Fiscalía Especial de Derechos Humanos rechazó intervenir al considerar que, hasta el momento, no existen pruebas suficientes para acreditar fehacientemente responsabilidad policial directa en la desaparición, por lo que el expediente fue elevado a la Procuración General Adjunta para que resuelva qué fiscalía deberá continuar con la investigación.
Desde el Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco señalaron la necesidad de garantizar una investigación exhaustiva, independiente y con debida preservación de pruebas, especialmente ante la gravedad institucional que implica la desaparición de una persona y los cuestionamientos formulados sobre el accionar policial durante la investigación.
Miércoles, 3 de junio de 2026
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