Política El Gobierno analiza reanudar el Consejo del Salario ante pedido confirmado de la CGT  El Gobierno recibió ayer y comenzó a analizar un reclamo de la CGT por la reapertura del Consejo del Salario para actualizarlo en función de una inflación esperada para fin de año superior al 47 por ciento.
El planteo fue formalizado mediante una nota dirigida al ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, con la firma de los cosecretarios generales de la central obrera, Héctor Daer y Carlos Acuña. Cerca del ministro admitieron que el pedido será evaluado.
La nota sacudió el sopor al que parecía destinada durante el verano la relación entre la administración de Mauricio Macri y el sindicalismo tradicional. En una ronda de contactos entre miembros del Consejo Directivo, luego de los dichos de Daer que publicó ayer este diario sobre la necesidad de rediscutir el salario mínimo, se decidió cursar de inmediato una misiva a Sica para solicitar “la urgente convocatoria” al instituto que cada año fija un piso salarial para trabajadores formales no regidos por convenios colectivos de trabajo y que, en los hechos, debería ser la menor paga legal por una jornada laboral completa.
En el escrito los gremialistas advierten que desde agosto, cuando el Ejecutivo resolvió de manera unilateral (sin aval empresario ni sindical) una suba de 25% en cuatro tramos que terminarán de pagarse en junio próximo, “la inflación no sólo no ha decrecido sino que ha depreciado notablemente el valor real de los ingresos laborales”. Para junio, de acuerdo al cronograma resuelto por los funcionarios, el piso deberá ser de 12.500 pesos.
La CGT omitió ayer dar precisiones sobre la expectativa de suba del salario mínimo en caso de concretarse la llamada. Sus dirigentes sólo recordaron que, tal como se planteó en la discusión de agosto, el piso de ingresos debería cubrir la canasta básica que pone a salvo a una familia tipo de la pobreza, que equivale a 25.206 pesos. Ese valor representaría más de 100% de ajuste del mínimo, vital y móvil.
En el Gobierno ayer también evitaron ahondar en las posibilidades reales de dar curso al debate y en su eventual posición. Una de las razones es que el salario mínimo no sólo impacta de manera directa en más de 100 mil trabajadores registrados pero no amparados por convenios colectivos, sino también –y sobre todo- en el valor de los planes sociales y en los sueldos docentes. La propia administración Macri asumió que los planes sociales deben ajustarse de manera automática para los 700 mil beneficiarios en función de esa variación, así como los salarios de más de 800 mil trabajadores de la educación cuyo ingreso mínimo está fijado un 20% por encima del vital y móvil.
De este modo Sica quedó a las puertas de su segunda negociación de alto vuelo luego de que en noviembre encabezara la ronda de discusiones que finalizó con un decreto de necesidad y urgencia, firmado por el Presidente, que implantó el pago de un bono extra para todos los trabajadores del sector privado (por cuerda separada luego se lo extendió a los estatales) de $ 5.000 en dos cuotas iguales de 2.500 pesos.
Desde que asumió en Producción y Trabajo el ministro se mostró más concesivo que su antecesor y fugaz subordinado, Jorge Triaca, quien si bien mantenía reuniones constantes con los sectores más dialoguistas de la CGT intentaba aplicar “mano dura” frente a las protestas y a los gremios en conflicto. Sica se comprometió en diálogos informales a sostener la vía del diálogo a ultranza y a dar resoluciones al menos a los requerimientos administrativos de coyuntura de los sindicatos.
Para la CGT, sin embargo, el resultado de la gestión es de momento una incógnita. Con la salida de Triaca reformuló su equipo y le dio mayor relevancia a Ignacio Pérez Riba, su jefe de Gabinete, que este año trajinó almuerzos con dirigentes gremiales de diversa extracción. En paralelo, y tras desplazar a Horacio Pitrau de la Secretaría de Trabajo, puso en su lugar a Lucas Fernández Aparicio, un hombre de historial sindical -al cobijo del líder de los estatales de UPCN, Andrés Rodríguez- y de buen vínculo con los mayores referentes del transporte de pasajeros, Omar Maturano (maquinistas, La Fraternidad), y Roberto Fernández (colectiveros, UTA), a partir de su gestión como mano derecha de Guillermo Dietrich en el Ministerio de Transporte. En cambio, Aparicio se granjeó la enemistad de los sindicatos aeronáuticos que lo acusan de haber intentado, en el área de Dietrich, romper el frente sindical en varias ocasiones. En cuanto a la CGT, esta semana desde la cúpula le reprochaban llevar varios días en el cargo sin haberse comunicado con los miembros de la “mesa chica” de conducción.
Fuente: Ámbito
Jueves, 27 de diciembre de 2018
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