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Nacionales Causa Los Sauces: Máximo y Florencia Kirchner declararán mañana ante la Justicia  Bonadio los indagará mañana por la causa Los Sauces, en la que podría procesarlos. Un día después declarará Cristina Kirchner. Cristina Fernández de Kirchner y sus dos hijos, Máximo y Florencia, deberán comparecer ante la Justicia mañana y pasado, para enfrentar acusaciones de pertenecer a una organización dedicada a recibir dinero de empresarios a los que beneficiaron con obras públicas, licencias de juego o la explotación de áreas petroleras.
La otrora familia presidencial se expone así a ser procesada por el juez federal Claudio Bonadio por cargos que van desde la asociación ilícita al cohecho, pasando por el lavado de dinero y las negociaciones incompatibles con la función pública.
Florencia Kirchner inaugurará mañana a las 9 la lista de indagados, y una hora más tarde la seguirá su hermano, Máximo. Será su primera indagatoria. El martes todo terminará con Cristina Kirchner.
Florencia no quedará detenida ya que, a pedido de la ex presidenta, el juez Bonadio la eximió de prisión bajo la promesa de que no huirá. Podrá de esa manera transitar todo el proceso en libertad.
Máximo Kirchner no tiene esa preocupación porque sus fueros como diputado nacional le dan inmunidad de arresto y lo protegen. Cristina Kirchner dijo que no teme cualquier acusación, incluso quedar presa, pero avisó que no se metan con sus hijos.
Todos serán indagados por Bonadio y el fiscal Carlos Rívolo como dueños de la firma Los Sauces, dueña de inmuebles que los Kirchner alquilaron a los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López, contratistas o beneficiarios del Estado.
La sociedad Los Sauces era de Néstor y Cristina Kirchner, y Máximo tenía una pequeña porción de las acciones. Tras la muerte del ex presidente, las acciones se repartieron entre sus tres herederos y por eso la acusación alcanza a todos.
La acusación
Florencia y Máximo escucharán mañana de boca del secretario de Bonadio la acusación, que consiste en integrar una organización que actuó entre 2003 y 2016 para "recibir dinero como ilegítima contraprestación por el indebido otorgamiento de la concesión de obra pública, de licencias habilitantes de juego y/o áreas de la industria petrolera e introducirlo en el mercado financiero, procurando brindarle una apariencia de origen lícito".
La organización se valió de las empresas de López y de Báez, que hasta remodeló la casa de los Kirchner en Río Gallegos. Máximo Kirchner leerá el funcionario judicial, "era el que se encargaba con el aval de Cristina y Florencia Kirchner, como director o miembro del directorio de Los Sauces, de celebrar en algunos casos los contratos de alquiler de los inmuebles y de depositar en las cuentas del Banco de Santa Cruz y del Banco Nación los pagos recibidos" de las empresas del grupo Báez y de López, así como de hacer las transferencias desde y hacia la sucesión de Néstor Kirchner.
En esta causa todos tienen sus bienes inhibidos y Florencia -accionista, empleada y directora de Los Sauces- está acusada, además, de recibir 3,7 millones de pesos de la firma. Ese dinero es parte de los 6 millones de dólares de sus cajas de seguridad en el Banco Galicia, una porción de lo que le transfirió su madre.
Los peritajes contables determinaron que Los Sauces facturó a los empresarios amigos y contratistas casi 26 millones de pesos entre 2009 y 2016. Mientras que las transferencias recíprocas entre Los Sauces, Florencia, Cristina y las empresas investigadas, incluida la sucesión de Néstor Kirchner, suman 63,5 millones de pesos en el mismo período.
Cristina Kirchner ya está procesada por asociación ilícita por conceder obra pública a Báez, con sobreprecios y sin control. Los Sauces será otro delito de la misma organización en caso de prosperar la acusación.
Hipótesis
En la hipótesis de los jueces que la investigan, tanto el caso de la obra pública, como Hotesur o Los Sauces, e incluso el hecho de mirar a un lado cuando Cristóbal López retuvo 8000 millones de pesos en impuestos de Oil Combustibles, son parte de un mismo esquema delictivo.
El cohecho, para el juez, consistiría en recibir dinero en pago por los beneficios que les concedieron a los empresarios desde el gobierno.
En la acusación de lavado de dinero, se está frente a la dificultad de acusar por blanquear plata ya blanca y establecer el delito precedente. En cambio, las negociaciones incompatibles con la función pública parecen más evidentes, al menos para el fiscal Rívolo.
El fiscal ya tiene preparado un pliego con una docena de preguntas para los acusados, a fin de establecer las relaciones comerciales entre Los Sauces y las empresas de Báez, de Cristóbal López y de Osvaldo Sanfelice, socio de Máximo, apoderado de Los Sauces y concesionario del Hotel La Aldea, de la sociedad presidencial. Sanfelice también fue administrador de Hotesur, gerenciadora de los hoteles de los Kirchner y continuadora de la firma Valle Mitre en esa tarea.
El fiscal apunta a probar lo impropio de las relaciones entre los acusados y empresarios con negocios con el Estado al mismo tiempo que eran sus socios comerciales en la actividad privada.
El contador de los Kirchner, Víctor Manzanares, autor de las declaraciones juradas de bienes de Néstor y Cristina Kirchner, está acusado de ser el cerebro e ideólogo de los movimientos financieros de la organización. Los escribanos, con Ricardo Albornoz a la cabeza, están acusados de legalizarlos dando fe de ello en las escrituras.
No se sabe aún qué harán Cristina Kirchner y sus hijos. Lo más probable, especulan en los tribunales, es que Florencia Kirchner no conteste preguntas y se defienda con un escrito; Máximo Kirchner podría ensayar una breve alocución política y así todo el peso de la defensa recaería en la madre.
Cada vez que fue a los tribunales, Cristina Kirchner declaró, contestó preguntas y dejó un escrito donde mezcló consideraciones políticas con argumentos técnicos, asesorada por el experto procesalista Carlos Beraldi. Es probable que el martes ocurra lo mismo.
Concluye la indagatoria
Con la declaración de los Kirchner concluirá la ronda de indagatorias que empezó hace un mes y el juez Bonadio estará en condiciones de resolver si los procesa o no. Todos apuestan a que lo hará en diez días hábiles. Antes del cierre de listas de junio, cuando se sabrá si Cristina Kirchner es candidata.
En Comodoro Py 2002 ya tomaron previsiones de seguridad, teniendo en cuenta esta semana de alto voltaje político donde se combinan las indagatorias, la huelga docente y la marcha de la CGT. Los responsables del edificio están más preocupados por lo que pueda suceder mañana con la indagatoria de Máximo Kirchner, que un día después con Cristina.
Por lo pronto, la presidenta de la Cámara de Casación, Liliana Catucci, le envió un oficio a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para alertarla ante la posibilidad de que necesite que se movilicen efectivos para custodiar Comodoro Py 2002.
El juez Bonadio también le informó a la Policía Federal del cronograma de indagatorias, para que tome sus previsiones.
Puertas adentro del edificio, el nuevo comisario encargado de la seguridad ya tomó previsiones y duplicó la cantidad de policías por piso, de modo de blindar las puertas de acceso.
El lunes a las 9 horas, la hija del matrimonio Kirchner enfrentará ante Bonadio y el fiscal Rívolo su primera indagatoria en la causa Los Sauces; no quedará detenida: a pedido de su madre el juez le otorgó la eximisión de prisión.
Por su parte, a las 10 horas será el turno de Máximo Kirchner. Como diputado nacional tiene inmunidad de arresto; al igual que su hermana será indagado como accionista de la firma Los Sauces, que alquiló bienes a los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López.
Fuente: Diario Primera Línea.
Domingo, 5 de marzo de 2017
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