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Política Justicia argentina ya investiga la obra del Sarmiento por coimas  Fiscal Pollicita pidió a Brasil que le remita información sobre los alcances del pago de sobornos de Odebrecht.
La Justicia argentina ya investiga el posible nexo entre el gigante brasileño Odebrecht y el supuesto pago de coimas a funcionarios argentinos en connivencia con empresas constructoras del sector privado como Iecsa, perteneciente a Ángelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri. Puntualmente, por la obra del soterramiento del ferrocarril Sarmiento, una de las más grandes adjudicadas y que el Gobierno destrabó recién el año pasado, asumiendo el pago de los $45 mil millones prorrateados en los años en los que se extiendan los trabajos. Mediante un exhorto a Brasil, el fiscal Gerardo Pollicita solicitó informes sobre las obras adjudicadas en el país a la firma acusada por la Operación Lava Jato.
Este movimiento de los tribunales locales coincidió con la revelación -en la megacausa que se instruye en la Justicia brasileña- de cinco correos electrónicos donde aparece comprometido el CEO de la constructora local, Javier Sánchez Caballero, en el supuesto arreglo de "coimas" para favorecer la licitación por el soterramiento del ferrocarril Sarmiento. En paralelo, y casi sobre la misma materia, el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) avanza en la recopilación de evidencia vinculada con el accionar de Odebrecht y un centenar de compañías con las que mantuvo operatoria, para establecer el capítulo local del "Lava Jato". Allí se hizo un acuerdo entre las procuraciones Generales de cada país para compartir información que amenaza con convertirse en una caja de Pandora.
Evidencia
De acuerdo con periódico O Estado de Sao Paulo, parte de la evidencia que compromete a Calcaterra -y que deberá ser verificada por la Justicia argentina- proviene de elementos secuestrados por la Policía Federal de Brasil y del back up reconstruido de la computadora de Mauricio Couri Ribeiro, uno de los ejecutivos de Odebrecht que desembarcó en la Argentina durante el kirchnerismo. En esos intercambios que datan de junio de 2010, se hacen los arreglos para discutir el pago de una "propina" (soborno) con Sánchez Caballero, hombre de Calcaterra. El destino serían funcionarios del Gobierno nacional. En Comodoro Py ya había sido probada la comunicación entre Manuel Vázquez (procesado como testaferro del exsecretario de Transporte, Ricardo Jaime) y Couri Ribeiro, donde el primero le reclamaba no haber recibido un dinero supuestamente prometido. La diferencia en este caso es que para la fecha del correo incautado, Jaime había sido eyectado de la función pública y la obra del Sarmiento había recaído -en los hechos- bajo el control de José López, exsecretario de Obras Públicas, detenido intentando esconder u$s9 millones. Otro organismo clave del Gobierno vinculado a esa licitación era la Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF). Pese a sucesivos anuncios durante el kirchnerismo, la obra nunca se puso en marcha.
"DGI-Contacto Directo" fue el rótulo con el que desde Odebrecht hacían referencia a Sánchez Caballero. Testimonios de ejecutivos arrepentidos -que todavía se encuentran en reserva, pero que es extendido el rumor acerca de que en los próximos días podrían ser desclasificados- aluden a "DGI" como el código para hablar de las "propinas". Según otro tramo de la revelación, otro mail menciona el asunto "Reunión Sarmiento", donde Couri Ribeiro detalla tres valores de "DGI" que totalizan u$s20 millones, y cita a un alto ejecutivo de la firma Ghella, socia de Iecsa.
Paradójicamente, la denuncia que inició este desprendimiento que puso la lupa sobre el nexo Odebrecht-Calcaterra-"Lava Jato" fue realizada por la expresidente Cristina de Kirchner, como parte de su defensa en la causa en la que finalmente fue procesada por direccionamiento de obra pública a favor de Lázaro Báez. En su descargo reclamó que se investigue la orden presidencial para destrabar la obra, algo que los fiscales Pollicita e Ignacio Mahíques consideraron en una denuncia por separado.
Ahora, el juez Sebastián Ramos debe resolver el pedido hecho por Pollicita para que el Juzgado de la 13ª Nominación Federal de la Circunscripción Curitiva, en Brasil, señale si en el informe elaborado por la Policía Federal de Paraná hay información sobre posibles delitos cometidos en el soterramiento del Sarmiento, algo que es requerido por varios juzgados locales.
Desmentida
Iecsa -mediante un comunicado- se desligó de cualquier irregularidad y vinculación con el "Lava Jato", comunicó que no recibió ningún requerimiento judicial ni a nivel local ni internacional y ratificó su disposición a aclarar cualquier situación ante los tribunales. Margarita Stolbizer anunció una presentación judicial para que se investigue a Calcaterra en el marco de esta revelación.
Fuente: Ámbito
Martes, 28 de febrero de 2017
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