Política PJ disputa agenda de seguridad y de criminales extranjeros a Macri  Proyectos para contrarrestar iniciativas del gobierno nacional y relegar al Frente Renovador.
Tras recibir críticas, el jefe del FpV-PJ en el Senado, Miguel Pichetto, avanza con tapón para el ingreso de inmigrantes con prontuario.
Después del tsunami de críticas del progresismo culposo que recibió el senador peronista Miguel Pichetto por sus declaraciones referidas a que la Argentina funciona como "ajuste delictivo" de otros países, el jefe de la bancada del Frente para la Victoria-PJ presentó un combo de proyectos sobre seguridad e inmigrantes criminales para disputar la agenda del Gobierno nacional y la que intenta diagramar Sergio Massa, de cara a las elecciones generales de octubre próximo.
Casa Rosada encendió las alarmas con las declaraciones de Pichetto durante el último trimestre de 2016. Incluso, el legislador rionegrino fue avalado semanas más tarde por el procurador penitenciario general, Francisco Mugnolo, quien asistió en noviembre pasado a la Comisión Bicameral de Fiscalización de Órganos y Actividades de Seguridad Interior que comanda Massa (Frente Renovador-Buenos Aires): allí, el invitado disparó que "el servicio penitenciario federal- es un desastre, centralizado, burocrático y tiene nichos de corrupción" desde hace años, y que el INDEC carcelario marcaba un "20% de presos extranjeros".
Son dos las iniciativas que presentó Pichetto sobre seguridad: una prohíbe "la circulación de motocicletas o ciclomotores con acompañante de sexo masculino durante las 24 horas", excepto "los vehículos pertenecientes a las fuerzas de seguridad". Además, considera como faltas graves no sólo "la conducción sin que alguno de sus ocupantes utilice correctamente colocado y sujetado el casco reglamentario y el chaleco reflectante", sino también si en ambos "no figura el número de dominio de la motocicleta".
En los argumentos del texto que impulsa Pichetto junto a Rodolfo Urtubey (Salta) y Pedro Guastavino (Entre Ríos) se señala que una medida similar a la que propone el proyecto fue aplicada con resultados positivos en Colombia. También activaron restricciones en este tema Guatemala, Perú, Honduras y Costa Rica. La decisión de "prohibir acompañantes varones se basa en que la experiencia demuestra que la actividad delictual es realizada por hombres, especialmente jóvenes, de manera exclusiva", y que "una medida más amplia afectaría prácticas sociales y familiares que nada tienen que ver con el delito".
La segunda propuesta es un reingreso de un texto del rionegrino para dinamitar "en todo el territorio nacional la comercialización, el transporte y el almacenamiento de autopartes, repuestos y/o accesorios usados de automotores, como así también el desarmado de un automotor para la posterior comercialización de sus autopartes, repuestos y/o accesorios".
El proyecto establece penas desde los cuatro y hasta los 12 años a quien "comercialice, transporte o almacene autopartes, repuestos y/o accesorios usados de automotores", e idéntica pena le corresponderá a quien "desarme un automotor para la posterior comercialización" de sus partes. Por otro lado, habrá penas de uno a cuatro años a quien compre esos accesorios.
Un artículo del texto deja en claro que el Ministerio de Producción deberá garantizar el abastecimiento de los insumos de automotores y que "sólo en el caso de que ello no sea posible, instrumentará medidas para su importación".
El último proyecto, y no por ello menos importante, es el que taponará el ingreso de criminales de otros países, o su eventual eyección de la Argentina, pese a las medidas que ya anunció -y que prepara- el Gobierno nacional (ver página 10). Por ejemplo, serán causas impedientes de entrada y permanencia quienes hayan "sido procesados en primera instancia, en la Argentina o en el exterior, o que tengan antecedentes por tráfico de armas, de personas, de estupefacientes o por lavado de dinero, o inversiones en actividades ilícitas, o delito que merezca para la legislación argentina pena privativa de la libertar de tres años o más".
También deberá abandonar el país quien sea "procesado en la Argentina por un juez de primera instancia o tenga antecedentes por haber presentado documentación material o ideológicamente falsa, para obtener para sí o para un tercero un beneficio migratorio".
En tanto, será expulsado "el residente procesado judicialmente con procesamiento confirmado Cámara del fuero, por delito doloso que merezca pena privativa de libertad mayor de cinco años", o aprehendido en "flagrante delito o registrase una conducta reiterante en la comisión de delitos". Para el primer caso, y producido el procesamiento, "deberá transcurrir un plazo de 30 días para se dicte la resolución definitiva de cancelación de residencia".
Fuente: Ámbito
Jueves, 26 de enero de 2017
|
