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Mundo Comienza el juicio contra la hija del rey emérito de España  La infanta Cristina, hija del rey Juan Carlos de Borbón, deberá asistir al tribunal de Palma de Mallorca junto a su marido Iñaki Urdangarin, acusados de haber usado una empresa para un sistema de fraude que les dio pingües beneficios.
Las visitas que solía hacer la infanta Cristina de España a la isla mediterránea de Mallorca siempre estuvieron coronadas con estadías lujosas en el Palacio Marivent, en la costa, pero mañana la hermana del rey Felipe VI ni siquiera se acercará a la residencia veraniega de los monarcas en ese paridisíaco escenario. Son otros tiempos. La princesa y su esposo enfrentarán protestas contra la monarquía y verdaderas jaurías de fotógrafos y camarógrafos cuando ingresen a un tribunal improvisado, donde ella hará historia al convertirse, ante millones de televidentes, en el primer miembro de la realeza que enfrente cargos penales desde la reinstauración del reinado, en 1975.
Al final de un juicio por fraude fiscal que, se estima, durará seis meses, la infanta de 50 años podría enfrentar una condena de hasta ocho años de prisión si un panel de tres jueces concluye que la pareja usó una firma consultora de bienes raíces descrita en documentos judiciales como "una fachada", para financiar un estilo de vida ostentoso, incluso fiestas en su mansión de Barcelona, clases para bailar salsa y vacaciones en hoteles de lujo. Y, sobre todo, engordar su lista de bienes y sus cuentas bancarias.
Según consignó Tiempo Argentino, Cristina y su esposo Iñaki Urdangarin, un medallista olímpico de balonmano devenido en próspero empresario –fundamentalmente tras su casamiento– estarán en el podio de los acusados junto con otras 16 personas.
No se espera que la infanta y su esposo digan una sola palabra durante los primeros días del juicio.
El caso a juzgar se centra en acusaciones de que Urdangarin usó su título de Duque de Palma para hacerse de unos 6 millones de euros (6,5 millones de dólares) en contratos públicos a través del Instituto Noos. Esa es la entidad "sin fines de lucro" que él estableció junto con un socio para organizar seminarios y actividades deportivas como atracción turística.
Los ilícitos incluyeron algunos eventos que nunca se realizaron o fueron cobrados a tasas inusualmente altas. Parte del dinero fue a parar a la compañía de bienes raíces Aizoon, que pagó gastos personales de la pareja, algo que debió haber sido declarado a las autoridades fiscales.
Es tanta la cantidad de abogados de los acusados que cubren el caso, además de periodistas, obviamente, que las autoridades se vieron forzadas a trasladar el juicio de un tribunal a un complejo en las afueras de Palma de Mallorca usado normalmente para celebrar cursos masivos de entrenamiento de empleados públicos. El caso se ventila en la capital de las Baleares porque muchos de los acuerdos de Urdangarin fueron para las islas.
No se espera que la infanta y su esposo digan una sola palabra durante los primeros días del juicio, cuando los jueces enumeren en voz alta los 89 delitos por los que se acusa a los sospechosos.
Durante una audiencia a puertas cerradas celebrada en 2014, la princesa dijo que no tenía ni la más mínima idea de las actividades de su esposo, y el fiscal recomendó que sólo fuera multada, pero un juez decidió que Cristina podía ser acusada de fraude fiscal en los años 2007 y 2008. La la ley española permite que grupos civiles presenten cargos cuando fiscales estatales no lo hacen. Su caso fue impulsado por el grupo anticorrupción Manos Limpias.
Detalles
Comienza el juicio contra la hija del rey emérito de España
Comienza el juicio contra la hija del rey emérito de España
Las visitas que solía hacer la infanta Cristina de España a la isla mediterránea de Mallorca siempre estuvieron coronadas con estadías lujosas en el Palacio Marivent, en la costa, pero mañana la hermana del rey Felipe VI ni siquiera se acercará a la residencia veraniega de los monarcas en ese paridisíaco escenario. Son otros tiempos. La princesa y su esposo enfrentarán protestas contra la monarquía y verdaderas jaurías de fotógrafos y camarógrafos cuando ingresen a un tribunal improvisado, donde ella hará historia al convertirse, ante millones de televidentes, en el primer miembro de la realeza que enfrente cargos penales desde la reinstauración del reinado, en 1975.
Al final de un juicio por fraude fiscal que, se estima, durará seis meses, la infanta de 50 años podría enfrentar una condena de hasta ocho años de prisión si un panel de tres jueces concluye que la pareja usó una firma consultora de bienes raíces descrita en documentos judiciales como "una fachada", para financiar un estilo de vida ostentoso, incluso fiestas en su mansión de Barcelona, clases para bailar salsa y vacaciones en hoteles de lujo. Y, sobre todo, engordar su lista de bienes y sus cuentas bancarias.
Según consignó Tiempo Argentino, Cristina y su esposo Iñaki Urdangarin, un medallista olímpico de balonmano devenido en próspero empresario –fundamentalmente tras su casamiento– estarán en el podio de los acusados junto con otras 16 personas.
No se espera que la infanta y su esposo digan una sola palabra durante los primeros días del juicio.
El caso a juzgar se centra en acusaciones de que Urdangarin usó su título de Duque de Palma para hacerse de unos 6 millones de euros (6,5 millones de dólares) en contratos públicos a través del Instituto Noos. Esa es la entidad "sin fines de lucro" que él estableció junto con un socio para organizar seminarios y actividades deportivas como atracción turística.
Los ilícitos incluyeron algunos eventos que nunca se realizaron o fueron cobrados a tasas inusualmente altas. Parte del dinero fue a parar a la compañía de bienes raíces Aizoon, que pagó gastos personales de la pareja, algo que debió haber sido declarado a las autoridades fiscales.
Es tanta la cantidad de abogados de los acusados que cubren el caso, además de periodistas, obviamente, que las autoridades se vieron forzadas a trasladar el juicio de un tribunal a un complejo en las afueras de Palma de Mallorca usado normalmente para celebrar cursos masivos de entrenamiento de empleados públicos. El caso se ventila en la capital de las Baleares porque muchos de los acuerdos de Urdangarin fueron para las islas.
No se espera que la infanta y su esposo digan una sola palabra durante los primeros días del juicio, cuando los jueces enumeren en voz alta los 89 delitos por los que se acusa a los sospechosos.
Durante una audiencia a puertas cerradas celebrada en 2014, la princesa dijo que no tenía ni la más mínima idea de las actividades de su esposo, y el fiscal recomendó que sólo fuera multada, pero un juez decidió que Cristina podía ser acusada de fraude fiscal en los años 2007 y 2008. La la ley española permite que grupos civiles presenten cargos cuando fiscales estatales no lo hacen. Su caso fue impulsado por el grupo anticorrupción Manos Limpias.
Detalles
Según la Fiscalía, el Instituto Noós era una "fachada altruista" para obtener contratos con entidades públicas y privadas.
Entre los mayores pagadores estuvieron Repsol, Telefónica, el banco BBVA y Volkswagen.
Se sospecha que el dinero fue utilizado en fiestas lujosas.
Fuente: INFOnews
Lunes, 11 de enero de 2016
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