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Sociedad Se cumplen 10 años de la segunda desaparición de Jorge Julio López  En pleno gobierno kirchnerista, el militante político que había sido secuestrado por la dictadura militar volvió a ser secuestrado. Desde hace una década nadie sabe de él. En el principio fue la incredulidad. Los familiares no creían que aquel 18 de septiembre de 2006, Jorge Julio López, había sido "chupado" por segunda vez. En las primeras horas aciagas, sus hijos pensaban que se había perdido. Sus compañeros de militancia, rápidos de reflejos y conocedores del horror, intuyeron de inmediato lo peor.
Esa mañana del 18 de septiembre, el albañil desapareció de su casa del barrio platense de Los Hornos horas antes de presentar su alegato, su verdad, sobre las torturas y vejaciones que padeció durante la última dictadura militar.
López era una pieza clave para la reconstrucción de la memoria y de los crímenes cometidos en el llamado "círculo Camps". En su primer testimonio ante la Justicia, reveló cómo los represores ejecutaron a Patricia dell 'Orto y a su esposo, Ambrosio de Marco, otras dos víctimas con las que compartió celda en el centro clandestino de detención llamado "Pozo de Arana". En la instancia judicial, López identificó también al jefe de la Policía Bonaerense, Miguel Etchecolatz, como parte del grupo de tareas que lo secuestró en su casa el 27 de octubre de 1976.
Desde entonces y hasta 1979, López estuvo detenido de manera ilegal en cinco centros de detención que estaban bajo la órbita del ex general Ramón Camps, quien cumplía a rajatabla en el conurbano bonaerense el plan represivo sistemático comandado por el Proceso de Reorganización Militar. Además del Pozo de Arana, aquellas cárceles eran Potrerismo, las comisarías 5 y 8 de La Plata, y la Unidad 9, donde terminó siendo "legalizado" y permaneció recluido por 812 días, hasta ser liberado.
"Yo al que reconocí, estando, y como nunca… es el señor Camps, a ese lo reconocí. Estaba dirigiendo las torturas, me estaban torturando una noche en Arana, y después torturaron a éste paraguayo, que lo hicieron bolsa, a patadas en el suelo, primero lo pusieron en el asador como ellos decían y después le pegaron. Era todo sangre", afirmó López en el 28 de junio de 2006, su último testimonio ante la Justicia.
La segunda desaparición del albañil de 77 años se produjo en un momento político bisagra. Miguel Etchecolatz fue el primer represor llevado a juicio en el marco del genocidio de 1976, luego de que el Congreso (2003) y la Corte Suprema de Justicia (2005) anularan las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. El proceso judicial, que culminó con la prisión perpetua de Etchecolatz el 19 de septiembre de 2006, fue también el primero en el que la Justicia consideró al "homicidio calificado, privación ilegal de la libertad y aplicación de tormentos" como delitos de lesa humanidad.
La presencia de los testigos era fundamental en el juicio, ya que se representaban a sí mismos. De no ser porque, de manera extraordinaria, el Tribunal Federal Oral N° 1 de La Plata resolvió continuar, la causa podría haber naufragado y haber sido declarado nula.
La hipótesis de familiares, organismos de derechos humanos y gran parte de la dirigencia política apunta hacia los viejos verdugos. En medio de la confusa desaparición de Luis Gerez el 27 de diciembre de 2006 – luego fue encontrado con vida en un hecho poco esclarecido-, el presidente Néstor Kirchner por cadena nacional alentó esa teoría: "Todo hace pensar que ha actuado mano de obra desocupada, elementos paramilitares y parapoliciales que quieren amedrentar y lograr su objetivo de mantener su impunidad".
Otra vez, estaba presente el mensaje disciplinador hacia las víctimas del genocidio, para que callen y se frenen los procesos de verdad y justicia. El propio Etchecolatz apeló al terror en pleno juicio durante el 2014, en la sentencia por el juicio de La Cacha, cuando exhibió un papel escrito con su puño y letra con la leyenda "Jorge Julio López, secuestrar". Por esta afrenta amenazante, fue imputado por los delitos de intimidación pública y perturbación al ejercicio de las funciones públicas.
Ese mismo hombre, que en los juicios manifiesta provocadoramente no arrepentirse de sus crímenes, que es el principal sospechoso por la desaparición de Jorge Julio López, recibió en 2006 dos fallos favorables que le otorgan el beneficio de la prisión domiciliaria. Por ahora, el represor sigue cumpliendo su condena en una cárcel común a raíz de una resolución del juez Ernesto Kreplak, quien lo investiga por otros crímenes.
"Lo que quiero remarcar en estos días es que este genocida no quede en libertad, que mi viejo no haya desaparecido dos veces en vano, primero en dictadura y ahora en democracia. Que Etchecolatz no quede libre antes de que sepamos, o alguien en algún momento nos diga, qué es lo que pasó con mi viejo", sostuvo Rubén, hijo de Jorge Julio López, en una entrevista publicada hoy por Infobae.
Un Estado responsable
Los días, meses, y años posteriores a aquel 18 de septiembre de 2006 estuvieron cargados de irregularidades y desprolijidades en la investigación sobre la segunda desaparición del albañil. La pista pasó del extravío por un "shock emocional" a la presunta desaparición forzosa.
"Hay elementos con los que contamos que son demasiado importantes como para hacerlos públicos", decía el entonces ministro del Interior, Aníbal Fernández, tres días después de la desaparición de López. En ese ir y venir, apareció un cuerpo calcinado en la noche del 20 de septiembre en la localidad de Punta Lara, municipio de Ensenada, que parecía ser López, pero finalmente se trató de un hombre de entre 30 y 50 años.
Mientras avanzaban movilizaciones en distintos puntos del país que exigían la aparición con vida, hubo en simultáneo numerosas críticas sobre el régimen de protección de testigos y sobre la falta de recaudos para frustrar amenazas en las causas por delitos de lesa humanidad. En pleno 2006, mientras se desarrollaba el juicio y posteriormente al segundo presunto secuestro de López, hubo amenazas a Chicha Mariani – fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo-, a familiares, y hasta llamados pasando conversaciones grabadas de reuniones.
Desde un comienzo, organismos de derechos humanos que lo acompañaron en los juicios, como la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, levantan como hipótesis que el militante por los derechos humanos fue secuestrado y desaparecido en plena democracia por sectores de la Policía Bonaerense.
La teoría no era caprichosa, ya que, según datos del ministerio de Seguridad provincial que estaba a cargo de León Arslanian, en la fuerza aún había más de 9.000 mil efectivos que formaban parte del aparato represivo de la dictadura militar. La agrupación Justicia YA! se entrevistó por este tema con Arslanian y pidió que cerca de 3.000 uniformados sean exonerados. Ante ese pedido, el ministro contestó que debía "preservar la gobernabilidad de la fuerza". Como en las sanción de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, se priorizó el orden por sobre la verdad.
Los meses posteriores en la investigación también estuvieron repletos de irregularidades. Por un año y medio, tanto la Policía Bonaerense, la Policía Federal y la SIDE fueron los que llevaron adelante los procedimientos de pesquisa, sin criterios definidos y sin control judicial, según denuncia la investigación periodística.
Los días sin López, de Werner Pertot y Luciana Rosende. En otras palabras, miembros de las fuerzas de seguridad sospechados de haber participado en la represión, tuvieron acceso e intervención en la causa de Jorge Julio López. Muchas pistas no fueron profundizadas.
La fiscalía que investiga la segunda desaparición cotejó hasta el momento más de cinco millones de registros telefónicos, comparó el ADN de 98 cuerpos NN hallados entre el 2006 y el 2015. Un esfuerzo que hasta ahora no trajo aparejado ningún resultado concreto.
En este panorama de absoluto desconocimiento, organizaciones de derechos humanos, agrupaciones sociales y estudiantiles, sindicatos y partidos de izquierda se movilizarán entre las 14 y 16.30 en distintos puntos del país, para reiterar el reclamo por la aparición de Jorge Julio López.
"La desaparición forzada es el crimen de crímenes, porque se viola todos los derechos de una persona, se la priva de todos sus derechos. Es imprescriptible y permanente, todos los días la persona sigue desaparecida". La frase es de Nora Cortiñas, madre de Plaza de Mayo, de la Línea fundadora. Tras una década, la democracia carga con una historia sin justicia y una herida no redimida.
Fuente: Diario Primera Línea.
Domingo, 18 de septiembre de 2016
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