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Sociedad El “superávit” de Milei, bajo la lupa: un informe advierte por el déficit financiero oculto, el desplome del consumo y la asfixia a las provincias  Un relevamiento del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) con datos oficiales de octubre de 2026 revela que el saldo positivo del Gobierno nacional se sostiene a fuerza de recortar casi un 80% la obra pública y más de un 70% los giros a las jurisdicciones provinciales. Además, alertan que si se contabilizan los intereses de deuda capitalizados, las cuentas públicas arrojan un rojo multimillonario.
Más allá del relato oficial que celebra los números en verde de las cuentas públicas, un nuevo informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) desnuda la fragilidad y el alto costo social y federal sobre los que se asienta el programa económico de La Libertad Avanza. Según los datos correspondientes a octubre de 2026, el superávit fiscal exhibido por la administración nacional no responde a una reactivación económica, sino a la consolidación de una brutal “motosierra” sobre áreas sensibles y a un dibujo contable en el pago de intereses de deuda.
El documento señala que, si bien el Sector Público Nacional (SPN) informó un superávit primario de $1,93 billones y un resultado financiero positivo de $1,58 billones en octubre, el superávit acumulado en los primeros diez meses del año es el más bajo de toda la gestión de Javier Milei: cayó un 29,1% en términos reales respecto a 2024 y un 10,3% frente a 2025 (descontando los ingresos extraordinarios por la privatización de represas hidroeléctricas).
El “truco” de los intereses capitalizados y las metas con el FMI
Uno de los puntos más críticos del análisis de CEPA apunta a la metodología con la que el Tesoro Nacional calcula el resultado financiero. El Gobierno recurre habitualmente a la emisión de títulos en pesos capitalizables (como las LECAP, BONCAP y DUALES), cuya particularidad es que los intereses no se pagan mes a mes, sino que se suman al capital para ser abonados recién a su vencimiento. De esta manera, el Ministerio de Economía evita registrar ese gasto en el balance mensual.
Sin embargo, el informe advierte que si se incluyeran los $2,29 billones de intereses capitalizados únicamente en octubre, el supuesto superávit financiero de $1,58 billones se transformaría automáticamente en un déficit de $0,71 billones. Si se aplica este mismo criterio desde enero de 2024 hasta la actualidad, el “superávit” acumulado de $8,11 billones pasa a ser un rojo financiero real de $53,82 billones.
A este panorama se suma la dificultad para cumplir con el Fondo Monetario Internacional (FMI). A pesar de que el organismo flexibilizó las exigencias en abril pasado, el propio Gobierno admitió en el Presupuesto 2027 que cerrará el año por debajo de la meta anual ($15,54 billones frente a los $16,26 billones exigidos). CEPA proyecta que, por cuestiones estacionales, el faltante será aún mayor y rondará los $2,14 billones a diciembre.
Recaudación en picada: el termómetro de un consumo que no arranca
El ajuste fiscal se vuelve indispensable para el Ejecutivo porque los ingresos del Estado no logran repuntar. En octubre, los recursos totales ($15,73 billones) cayeron un 1,5% interanual en términos reales, acumulando 15 meses consecutivos de retroceso y ubicándose un 12,1% por debajo de octubre de 2023.
El dato más preocupante para el bolsillo y la actividad económica es el comportamiento del IVA, que cayó un 7,9% interanual. Este impuesto —principal termómetro de la actividad comercial— suma doce meses seguidos en baja, confirmando que el mercado interno sigue planchado y sin señales de recuperación.
En paralelo, el Gobierno resignó multimillonarios recursos tributarios en favor de sectores concentrados: la rebaja de retenciones a las exportaciones significó una pérdida fiscal acumulada de $1,12 billones en lo que va del año (cifra que hubiera alcanzado para cubrir más de una vez todo el recorte aplicado a los subsidios al transporte), mientras que la recaudación por Bienes Personales se desplomó un 74,4% respecto a 2023.
El costo federal y social: provincias asfixiadas y obra pública paralizada
Para compensar la caída de los ingresos, la Casa Rosada profundizó el recorte del gasto público, que en octubre bajó un 7,2% interanual y consolidó una poda estructural del 29,6% real en comparación con octubre de 2023.
Al desagregar las partidas, queda en evidencia quiénes pagan el costo del equilibrio fiscal:
–Obra pública paralizada: Los gastos de capital sufrieron un desplome del 79,9% real frente a octubre de 2023 (y cayeron otro 22% interanual). Dentro de este rubro, la inversión en Educación cayó un 99,4% y en Vivienda un 97%.
–Asfixia a las provincias: Las transferencias corrientes a las jurisdicciones provinciales registraron un recorte del 74,5% respecto a 2023. El informe aclara que esta caída fue incluso amortiguada por los giros que Nación debió realizar por orden de la Corte Suprema para restituir fondos de seguridad (medida cautelar que explicó el 54% de todas las transferencias del mes), lo que implica que el resto de las provincias —como el Chaco— recibieron prácticamente cero recursos discrecionales.
–Salarios y Universidades: Los sueldos del sector público nacional acumulan una pérdida real del 29,8% frente a 2023, mientras que las partidas para las Universidades Nacionales cayeron un 19,2% respecto al mismo período (con la Ley de Financiamiento Universitario aún frenada en la Corte Suprema por un recurso del Ejecutivo).
–Recorte en asistencia social y salud: Si bien el Gobierno destaca el aumento real en la Asignación Universal por Hijo (AUH), el conjunto de las prestaciones sociales cayó un 21% frente a 2023. El ajuste golpeó de lleno en las prestaciones del PAMI (INSSJP), que cayeron un 33,1%, en las Asignaciones Familiares (-30,4%) y en la partida “Otros programas” (-74,9%), donde se recortaron o licuaron fondos destinados a comedores comunitarios, merenderos, el programa Acompañar y las Becas Progresar.
Miércoles, 18 de noviembre de 2026
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