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Sociedad El Municipio apeló el amparo ambiental sobre el Parque Caraguatá  Desde Obras Públicas aseguraron que elevaron el caso a instancias superiores. El juez Flores había reconocido al parque como sujeto de derechos.
El secretario de Obras Públicas de Resistencia, Luis Zarabozo, se refirió a la situación del Parque Caraguatá tras el fallo judicial que ordenó el cese inmediato de intervenciones en el predio. La decisión fue tomada por el Juzgado Civil y Comercial 21, a cargo de Julián Flores, en el marco de una acción de amparo ambiental.Según explicó el funcionario, el Municipio ya apeló la medida ante instancias superiores, mientras aguarda la definición judicial sobre si podrá continuar con trabajos en la zona.
Desde el Ejecutivo municipal, Zarabozo confirmó que el tema "está en una cuestión judicial" y explicó que el amparo fue concedido en primera instancia, pero ya fue apelado. "Nosotros hicimos el reclamo en instancias superiores, con todas las pruebas y la reglamentación", indicó, al tiempo que remarcó que será la Justicia la que determine si se mantiene la medida o se habilita la continuidad de las intervenciones.
Los pasos a seguir
El fallo también ordenaba al Municipio presentar en un plazo de treinta días un diagnóstico ambiental integral del predio, elaborado por un equipo técnico independiente, y establecía que cualquier acción futura deberá contar con evaluación de impacto ambiental y participación ciudadana previa.
Un amparo que marca precedente
El conflicto se originó a partir de una presentación realizada en marzo por vecinas, concejales y organizaciones ambientales, que denunciaron la intervención del humedal urbano sin estudios previos ni instancias de participación ciudadana.
El juez hizo lugar al planteo y ordenó frenar toda actividad, en un fallo que además reconoció al Parque Caraguatá como sujeto de derechos, una figura inédita en la ciudad.
La sentencia se apoyó en pruebas aportadas por los demandantes y en el propio reconocimiento del Municipio sobre el despliegue de maquinaria y personal en el lugar.
El magistrado sostuvo que no se puede intervenir un ecosistema sensible sin acreditar previamente la legalidad ambiental, y cuestionó la falta de información pública sobre las tareas realizadas, en línea con las obligaciones establecidas por el Acuerdo de Escazú.
Domingo, 3 de mayo de 2026
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