Por la campaña 2015 y 2017 Aportes truchos: imputaron a la ex contadora General de la Provincia 
Se trata de María Fernanda Inza, quien por el escándalo fue desplazada por Vidal a los cinco días de jurar en el cargo.
La ex Contadora General de la Provincia, María Fernanda Inza, desplazada del cargo por María Eugenia Vidal después del escándalo de los aportes truchos en la campaña 2015 y 2017 de Cambiemos, resultó imputada en el juzgado Federal en lo Penal a cargo de Ernesto Kreplak.
El juez investiga a la ex funcionaria, apoderada del PRO bonaerense, en relación con presuntas irregularidades en la lista de aportantes a las listas del oficialismo en los dos últimos comicios. Las presunciones son por lavado de dinero, falsedad ideológica y dádivas.
¿Supone que Inza queda imputada de todos esos delitos? No necesariamente. La técnica procesal legitima la imputación en su contra al aceptarse su propuesta de designación de abogado defensor. También al concedérsele la apelación contra la resolución que rechazó la inhibitoria de Kreplak en el caso pedida por el juez, también de La Plata, Adolfo Ziulú, quien reclama la competencia electoral del expediente.
Inza podría ser imputada de todos esos delitos después de la indagatoria que fije Kreplak. Pero, para ello, antes la sala N° 3 de la Cámara Federal deberá establecer la competencia final del caso.
Las evidencias preliminares de los falsos aportantes a la campaña de Cambiemos surgieron a partir de una investigación periodística (El Destape), que comprobó la existencia de cientos de aportantes "truchos", en su mayoría personas de bajos recursos, beneficiarios de planes sociales, quienes negaron su participación. Incluso varios candidatos aseguraron no haber realizado aportes, pese a figurar en los registros, como el caso del intendente de Mar del Plata, Carlos Arroyo.
La repercusión del caso afectó la gestión de la propia gobernadora Vidal, al punto que ese apremio determinó la salida de Inza de la Contaduría General, apenas cinco días después de haber jurado en el cargo.
Hasta el lunes, los investigadores habían depurado todo el padrón de 4721 aportantes “en efectivo”, como reportan en la AFIP, y ante Desarrollo Social. Habría hallazgo de pruebas con los aportes bancarizados. Mientras, según pudo averiguar Clarín, llegaron los exhortos con las testimoniales de “falsos aportantes” del Interior de la Provincia de Buenos Aires. De esa comprobación surge que en Bahía Blanca aparecen aportantes afiliados a Recrear.
¿Por qué es relevante quién investiga?. Si la sala habilita que Kreplak continúe investigando, Inza podría resultar punible de los delitos y si esos tres delitos son concurrentes la pena podría ser prisión. En cambio, Ziulú sólo podría investigar infracciones al régimen de financiamiento partidario, sin punibilidad penal. Es decir, la sanción podría ser contra el partido o solicitar una especie de resarcimiento por violar normativas en materia electoral.
En medio de esa puja, Kreplak –después de rechazar la inhibitoria de su colega- acaba de avanzar un casillero con la imputación a Inza. En cambio, aparece como un retroceso en la estrategia del macrismo para librar a la ex Contadora del fuero Penal. Uno de los soportes intelectuales de esa estrategia sería el secretario Legal y Técnico del gobierno nacional, Pablo Clusellas, mentor político de la ahora imputada.
En su momento, Kreplak definió el carácter de su competencia porque las dudas que surgen de la causa "involucran como hipótesis la comisión de diversos tipos penales previstos a priori por el Código Penal. Esto es, ajenos en principio a la legislación específicamente electoral y, por ende, a la competencia del juez electoral". Es el mismo criterio que sostiene Sebastián Casanello, el otro juez federal Penal, quien también investiga el caso. El magistrado rechazó la inhibitoria solicitada por Ziulú. Lo remite a analizar solamente la posible lesión de la Ley de Financiamiento Electoral.
En claro. No hay disputa sobre la atribución de la justicia federal electoral de revisar las cuentas y aplicar las sanciones previstas para aquellos que infrinjan el régimen de financiamiento de los partidos políticos o sus campañas electorales. Eso sería exclusividad de Ziulú. Pero, los delitos relacionados con esa alteración de las normas contenidas en la Ley de Financiamiento Electoral requieren, según Kreplak, la intervención del fuero Penal.
Esta semana, la Sala N°3 comienza a evaluar cómo habrá de observarse la conducta de Inza. De ese pronunciamiento depende el ánimo y algo del crédito político del oficialismo.
Fuente: Clarín
Miércoles, 10 de octubre de 2018
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