Sospechas de corrupción Confirman que el juicio por “la ruta del dinero K” comenzará el 30 de octubre 
El Tribunal Oral Federal 4 rechazó un pedido de suspensión, y ratificó que debe juzgarse por separado de otras causas por corrupción en el kirchnerismo.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal 4 (TOCF4) rechazó este martes un pedido de suspensión del juicio por la llamada "ruta del dinero K", cuyo inicio está previsto para el 30 de octubre, y confirmó la conveniencia de llevarlo a cabo por separado de los correspondientes a otros casos de corrupción de los gobiernos kirchneristas, por más que los hechos puedan estar relacionados entre sí.
Con la firma de sus tres integrantes, Pablo Bertuzzi, Néstor Guillermo Costabel y María Gabriela López Iñíguez, el TOCF4, el mismo que condenó el mes pasado al ex vicepresidente Amado Boudou por el escándalo de la compra de la imprenta Ciccone, recordó que su tribunal superior, la Cámara Federal de Casación Penal, ya había resuelto no unificar este juicio de presunto lavado de activos con el de la llamada "causa Vialidad" porque ello "no garantiza la mejor y más pronta administración de justicia".
En este caso, quien había solicitado la suspensión del juicio fue el ex presidente de Austral Construcciones Julio Mendoza, quien había señalado a través de su defensa que debería llevarse a cabo junto con el de Vialidad -sobre el direccionamiento de la obra pública vial en la provincia de Santa Cruz, que comenzará febrero de 2019 y con él como uno de los procesados- y los de las causas conocidas como "Los Sauces" y "Hotesur". En estos dos últimos se procesó a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y al ex dueño de Austral, el detenido Lázaro Báez, por el alquiler de propiedades y habitaciones de hoteles de la ex familia presidencial a empresarios concesionarios de obra pública.
"No debe perderse de vista que a partir de la reforma legislativa introducida por la ley 26.683, el blanqueo de capitales dejó de ser una especie del género encubrimiento para ser legislado separadamente como delito autónomo que protege al orden económico y financiero, como así también, se sustituyó el vocablo 'delito' -del cual podía interpretarse la necesidad de una sentencia condenatoria firme- por 'ilícito' precedente", dijo el TOCF4 al rechazar el planteo de Mendoza.
Además, el tribunal recordó que la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación ya ha dicho que a partir de la sanción de la ley 26.683 "la figura de 'lavado de dinero' ya no es tratada como un encubrimiento calificado en perjuicio de la administración pública sino como un delito autónomo contra el sistema financiero nacional”.
"Esto significa que la ilicitud de los fondos puede inferirse de distintos elementos probatorios para poder tener por constituido el injusto penal, sin necesidad de un ahondamiento exhaustivo y al detalle sobre la actividad delictiva previa generadora de la ganancia, circunstancia que será objeto del debate oral y público que habrá de celebrarse, en donde cobrarán plena vigencia los elementos de prueba con los que cuentan las partes para un correcto ejercicio de defensa y, asimismo, contribuir al descubrimiento de la verdad real", dijeron Costabel, López Iñíguez y Bertuzzi.
La discusión jurídica sobre la unificación de las causas por corrupción durante el kirchnerismo ya fue zanjada por la Cámara de Casación e interpretada en los tribunales de Comodoro Py como un planteo dilatorio de los acusados para evitar ser juzgados y eventualmente condenados por el simple paso del tiempo y los plazos de prescripción. Además, algunos de ellos, como Báez, ya han superado los dos años de prisión sin sentencia establecidos por la ley.
El TOCF4 rechazó varios pedidos de reposición formulados por las defensas de los acusados en la causa de la "ruta del dinero K" y confirmó la validez como prueba del video en el que se observó por TV a parte de ellos cuando contaban millones de dólares en la financiera de Puerto Madero conocida como La Rosadita. El tribunal reiteró que el video será emitido durante el juicio y que allí se determinará si fue "editado, compaginado, alterado o adulterado", como planteó la defensa de César Gustavo Fernández, una de las personas que aparecía en la filmación junto con uno de los hijos de Báez y el contador Daniel Pérez Gadín, entre otros.
Los jueces que tendrán a su cargo el juzgamiento de la "ruta del dinero K", un presunto lavado de dinero de alrededor de 60 millones de dólares investigado inicialmente por el fiscal José María Campagnoli y luego por el juez Sebastián Casanello, también rechazaron otros dos planteos de la defensa de Báez, quien objetaba la validez de los reportes de la Unidad de Información Financiera (UIF) incorporados a la causa y pretendía autorizar como "observadores" en el juicio a abogados del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Miércoles, 26 de septiembre de 2018
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