Guerra por remedios gratis El Pami busca apagar conflicto entre farmacias y jubilados 
El organismo adelantó $300 millones a los laboratorios. Fue luego de que las farmacias bonaerenses suspendieron la venta de medicamentos gratuitos
El plan del Pami para reducir su déficit y otorgar beneficios a los jubilados empezó a enfrentar complicaciones inesperadas. Por la escalada del dólar y la inflación, el organismo mantiene por estas horas una fuerte pulseada con los laboratorios que exigen renegociar el convenio firmado en marzo pasado que abarató el precio de los remedios. El conflicto alcanzó a las farmacias, en donde reclaman el pago de una deuda millonaria y hasta ayer mantenían suspendida la venta de medicamentos gratuitos.
A raíz de la profundización del conflicto, el organismo se vio forzado a adelantar este martes $300 millones a los fabricantes de drogas, correspondientes al pago que debía abonarse el 30 de septiembre, "con el objetivo de mejorar las condiciones financieras de las Farmacias y lograr que se normalice la dispensa de medicamentos".
Con 5 millones de afiliados y un presupuesto de $145.000 millones anuales, el Instituto Nacional de Seguridad social para Jubilados y Pensionados se convirtió desde el año pasado en una de las palancas para apuntalar la imagen de Cambiemos en la tercera edad. Mientras en otras áreas el Gobierno aplicó fuertes ajustes (incluida la Ley de movilidad jubilatoria), la gestión de Sergio Cassinotti redujo costos y equilibró las cuentas con el llamado a licitaciones públicas. La mayor obra social del país representa el 40% del mercado farmacéutico, por lo que tiene un peso clave para fijar los precios.
En esa línea, la renegociación con la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (Caeme), la cámara de Industrias de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (Cilfa) y las cooperativas (Cooperala) concluyó en marzo pasado con un nuevo contrato para la compra de medicamentos. Por primera vez, se acordó un descuento del 5% en los ambulatorios y de hasta el 60% en los oncológicos, junto con un tope del 70% de la inflación en los aumentos de precios que se actualizan en forma trimestral. En las planillas de Excel oficiales figuraba una inflación del 15% y un dólar a $18.
La corrida cambiaria, sin embargo, voló todo por los aires. Ahora con un dólar a $40 y una inflación esperada del 45%, la industria busca obtener mejores precios. Los primeros en rescindir el convenio fueron los laboratorios nacionales y las cooperativas en una carta enviada a Cassinotti el 31 de agosto pasado por el impacto de los “desequilibrios macroeconómicos”. La intención de los fabricantes de ambulatorios es actualizar los precios al 90% de la inflación, antes de fines de octubre cuando vence el contrato firmado en marzo.
“Casi todos los insumos están dolarizados, desde el aluminio de los blisters hasta la materia prima, salvo los salarios que los vamos a negociar ahora”, explicó a iProfesional el directivo de uno de los principales laboratorios del país.
Por otra parte, las autoridades también mantienen negociaciones con las multinacionales, agrupadas en Caeme, que brindan remedios de alto costo y piden renegociar los números aunque sin dar de baja el contrato que rige hasta marzo del 2019.
El objetivo de Cassinotti es preservar el espíritu del acuerdo original, por el que se redujo el precio de los medicamentos en un 14% en promedio y el organismo ahorró más de $5.000 millones.
“La idea es mantener estos beneficios históricos para que los jubilados del Pami paguen menos que los aquellos que tienen prepagas”, señaló a este medio una fuente del organismo. Y también cerrar el 2018 en lo posible con superávit, luego de eliminar un déficit anual de $3.000 millones.
Pero el Gobierno también enfrenta renovados reclamos de la Confederación Farmacéutica (Cofa), el último eslabón de la cadena que concretó sus amenazas y desde el sábado hasta ayer -al cierre de esta edición- suspendió la venta a pacientes de tiras, insulinas y medicamentos de cobertura del 100% a pacientes del Pami en la provincia de Buenos Aires, donde se atiende a la mitad de los jubilados de todo el país. Solo en La Plata hay 315 farmacias que manejan más de 100.000 recetas por mes de afiliados del organismo. La medida es por una deuda de $3.500 millones que mantiene la obra social con los laboratorios. De ese total, las droguerías le deben a las farmacias $1.200 millones.
“Todo lo que es cobertura gratuita está suspendida y vamos a evaluar cómo seguimos si tenemos alguna respuesta del Pami. Quieren dilatar el convenio hasta el 31 de octubre pero es peligroso porque si no hay acuerdo, colapsa todo”, dijo a iProfesional la titular de Cofa, María Isabel Reinoso.
Los farmacias pagan los medicamentos dentro de un promedio de 15 días, mientras el Pami todavía debe a los laboratorios prestaciones de abril. El organismo acordó un plan de pagos con la industria en 10 cuotas de $350 millones, pero los expendedores piden que se adelanten 2 cuotas de un tirón. Además exigen una reducción en 2 puntos de un aporte que hacen y actualizar precios al 100% de la inflación. Así lo plantearon el jueves de la semana pasada en una reunión con las autoridades del organismo y de los laboratorios.
La “venganza” de los laboratorios
Detrás de la discusión sobre los precios de los medicamentos hay sumas millonarias en juego. En 2017, el Pami destinó el 27% de su presupuesto para la compra de remedios, un porcentaje que hoy representa $40.000 millones. De ese gasto, un 35% son oncológicos y especiales; 10%, tiras e insulinas; 17%, medicamentos regulares; y 38%, el subsidio social de medicamentos, según datos del organismo.
En medio de las tensiones por la devaluación, Elisa Carrió cargó de nuevo la semana pasada contra los laboratorios. “Esta crisis es parte de una venganza de los laboratorios de la Argentina. Son cuatro los que manejan todo. También se lo hicieron a Illia en su momento", dijo la diputada oficialista en declaraciones a TN. Desde la industria, en cambio, salieron a bajar el tono al señalar a este medio que “no es como dice Carrió, se negocia con tranquilidad”.
Para Carrió, los laboratorios empujaron la salida del Gabinete de Gustavo Lopetegui y Mario Quintana, los principales artífices -según la legisladora- de haber bajado el precio de los medicamentos del Pami (ver listado). El organismo mantenía desde 2002 un contrato con los productores de fármacos por el que pagaba una cápita por un vademécum de medicamentos específicos a precios superiores a los internacionales, según los actuales funcionarios. Eso fue lo que cambió con la renegociación del contrato en marzo.
En la oposición alimentan una versión menos altruista sobre el interés de Quintana en reducir el valor de los remedios que compra el Pami. El diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade denunció en abril del año pasado a quien entonces era mano derecha del jefe de Gabinete Marcos Peña por el presunto delito de fraude en perjuicio del Estado por haber utilizado su influencia en el negocio farmacéutico en beneficio personal y por negociaciones incompatibles con la administración pública.
Según la denuncia, Quintana habría forzado la eyección de Carlos Regazzoni, el antecesor de Cassinotti al frente de la intervención del PAMI, para intervenir directamente en las negociaciones. Aunque ya había abandonado la presidencia de Farmacity, el entonces funcionario seguía siendo accionista de esa cadena, enfrentada a la industria farmacéutica y a las farmacias bonaerenses que frenaron su desembarco en la Provincia. Finalmente, Quintana renunció el 4 de septiembre pasado tras ser desplazado del Gabinete.
En las últimas horas, la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires se sumó al conflicto con el Pami. En una carta, el organismo le exigió a Cassinotti que adopte medidas urgentes para “garantizar el acceso a la salud” de los afiliados al Pami, sin acceso a los medicamentos gratuitos en ese distrito por la deuda con las farmacias bonaerenses. Y advirtió que “en caso de profundizarse el conflicto suspendiéndose otras prestaciones, esta Defensoría iniciará las acciones judiciales correspondientes”.
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En medio de la caída de sus ventas, el sector farmacéutico registró este año una reducción sensible de la cobertura gratuita. Se trata de los medicamentos ambulatorios, oncológicos, HIV, hemofilia, trasplantes, fibrosis quística, hepatitis B y C, medicamentos renales y para diálisis, oftalmología y artritis reumatoidea. También para hipoglucemiantes, insulina y tiras reactivas, así como en los remedios para los afiliados discapacitados.
Regazzoni limitó el acceso al subsidio en marzo del 2016 al fijar como requisito un ingreso menor o igual a 1,5 haberes previsionales mínimos (hoy, $12.955), no estar afiliados a ninguna prepaga y no poseer más de un inmueble, ni un auto de menos de 10 años, aeronaves o embarcaciones de lujo. Desde entonces los afiliados que cobran la jubilación mínima (hoy de $8.637) y acceden a una prepaga sostenida por sus familiares, perdieron el beneficio. Así, el padrón de aquellos que perciben la bonificación se redujo de 1,6 a 1,3 millones de beneficiarios.
Nuevo plan alimentario
En busca de “optimizar” sus recursos, el Gobierno avanza en la revisión del programa Pro Bienestar, a través del cual se provee de 600.000 bolsones de comida por mes a los afiliados más vulnerables del Pami. Se trata de una canasta de entre 12 y 14 productos de primera necesidad que reparten los centros de jubilados. La idea es lanzar una licitación en las próximas semanas para comprar en forma centralizada los alimentos a las principales cadenas de supermercados.
De ese modo, apuntan a reducir los precios y mejorar la calidad de los productos. Los cambios también permitirán concentrar los recursos de un programa que es considerado la “pata social” del instituto y que hasta ahora se distribuían a través de dirigentes barriales vinculados al peronismo y el radicalismo. “Los centros de jubilados seguirán repartiendo los bolsones, pero ya no recibirán los fondos del Pami para hacer la compra directa”, explicaron desde el organismo.
Con todo, el defensor de la tercera edad de la Ciudad, Eugenio Semino, se mostró excéptico de los cambios al señalar que 600.000 bolsas de alimentos es insuficiente cuando hay 4 millones de beneficiarios del Pami que perciben la jubilación mínima. Esto significa que el 80% del total de afiliados no cubre la canasta para ese segmento de la población que asciende a $21.000 mensuales, según el cálculo de la defensoría. “Me parece un negocio arreglado con los supermercados, no tiene la seriedad suficiente”, dijo Semino.
Los bolsones surgieron con la finalidad de ayudar a los jubilados más pobres y proveer un control alimentario con pautas nutricionales. Pero con el paso del tiempo se vio distorsionado por un manejo clientelar. Nunca estuvo clara la cantidad de beneficiarios y hubo denuncias por la calidad de los alimentos. En los últimos meses, se sumaron quejas por la demora en la entrega de fondos y la licuación de su poder de compra. Por la inflación, las bolsas contienen la mitad de productos que años atrás.
Ahora, el Pami busca modernizar el programa con un modelo similar al que implementó con los laboratorios.
Fuente: Iprofesional
Miércoles, 19 de septiembre de 2018
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