La caída de los “zares” y el fin de una época Arrepentidos o procesados, los dueños del transporte de la era K desfilan por tribunales 
Con llegada a la política, se hicieron con negocios multimillonarios a fuerza de maniobras que hoy estallan en la Justicia. Perfil de estos “peso pesados”.
Supieron controlar la actividad del transporte a fuerza de acuerdos, silencios, arreglos y manejos poco claros. Y todo eso ahora se les están viniendo en contra. El beneficio obtenido tras largos años de privilegios se destapó a través de los cuadernos de Centeno.
Sea a través de los arrepentidos que ante la Justicia decidieron blanquear cómo se manejaba el negocio, o directamente a fuerza de detenciones y procesamientos, lo cierto es que buena parte del grupo de empesarios que supieron dominar el transporte durante el kirchnerismo hoy pasan sus días en tribunales.
Sergio y Alberto Taselli, Néstor Otero, Gabriel Romero y Aldo Roggio, forman parte del círculo que tenía conocimiento –y en algunos casos, participación directa– sobre la cadena de recaudación ilegal de fondos establecida durante la gestión anterior.
A esa nómina hay que añadir a los hermanos Claudio y Mario Cirigliano, que aún no visitaron los despachos judiciales pero todo indica que sus respectivas citaciones están al caer.
Cada uno de estos casos encarna un modo de hacer negocios con el Estado que, a lo largo de los años, les permitió quedarse con contratos jugosos.
“Son jugadores de toda la cancha. Roggio, Taselli, Romero, en cada caso han sabido maniobrar en tiempos del alfonsinismo, se afianzaron con Menem y despegaron con el matrimonio Kirchner en el poder”, sostuvo ante iProfesional un analista que sigue de cerca el proceso que encabeza el juez Claudio Bonadío.
“Estos mismos actores son los que quieren seguir marcando tendencia con el gobierno actual. Es probable que continúen cerrando negocios, pero ya no podrán moverse con la complicidad política o, si se comprueba finalmente, la impunidad de los años anteriores”, añadió.
El holding Roggio es propietario de Metrovías, que desde 1994 administra el subte de Buenos Aires, con un promedio anual de pasajeros transportados cercano a los 325 millones. La misma compañía también tiene a su cargo el manejo del Premetro y la línea ferroviaria Urquiza.
Hace escasos días, Roggio admitió haberle pagado 5% de los subsidios correspondientes al Ferrocarril Urquiza al ex secretario de Transporte Ricardo Jaime y también por la explotación del subte. En este último caso, directamente para continuar al frente de la administración del servicio.
Ahora, el mencionado empresario se encuentra entre quienes apuntan a quedarse con la concesión por 15 años. El holding que Roggio lideró hasta la semana pasada hubiese quedado fuera de competencia si directivo era procesado por la Justicia cuando todavía cumplía funciones al frente del conglomerado.
Es por eso que su renuncia “liberó” al grupo, que continuará en competencia más allá de lo que se resuelva en la causa que encabeza Bonadio.
Los Taselli, detenidos
En el último tramo de esta semana, los hermanos Sergio y Alberto Taselli pasaron a integrar la nómina de los detenidos por el pago de sobornos para quedarse con contratos de obra pública.
El primero en quedar bajo custodia policial fue Sergio, señalado por el ex chofer Oscar Centeno como el empresario que entregó bolsos con $170.000 y u$s200.000 durante agosto de 2013 a Roberto Baratta.
Ambos empresarios acumulan un largo derrotero de negocios en vínculo con el Estado. En 1999 los Taselli asumieron el control de Metropolitano, consorcio que les garantizó la explotación de las líneas de trenes Roca, San Martín y Belgrano Sur.
En 2004, los reiterados incumplimientos en las pautas de la concesión, sumado a una sucesión de accidentes y denuncias de inseguridad, derivaron en la quita de la explotación del San Martín al dúo empresarial. Las otras dos líneas dejaron de estar en poder de los Taselli en 2007.
Claro que eso no impidió que cobren suculentos subsidios más allá de las críticas al servicio. Se estima que sólo en el mencionado 2007, los Taselli recibieron hasta $30 millones por mes para garantizar la operatividad del Roca y el Belgrano Sur. Ninguno de estos desembolsos redundó en una mejora significativa de la prestación.
Ex dueños de la filial local de la láctea Parmalat, los hermanos también controlaron el molino harinero Bruning y el exfrigorífico Santa Elena. En estos casos, sin contratos probados con el Estado. El binomio alcanzó su mayor potencia comercial entre finales de los 90 y finales de 2001. En ese lapso, también supieron explotar la fábrica de jugos SACIC.
Por fuera del negocio de los alimentos, los Taselli todavía son dueños de la metalúrgica Aceros Zapla y de Materfer, compañía cordobesa dedicada a la fabricación de vagones de trenes y ónmibus.
Un antecedente pinta de cuerpo entero a los hermanos: la estatal Yacimientos Carboníferos Fiscales de Río Turbio, privatizada por el menemismo en 1994, estuvo en manos de Taselli desde ese año hasta el 2002. En ese tiempo, y pese a recibir un subsidio anual de u$s25,5 millones por parte del Estado, además de tener asegurada la venta de toda la producción a la usina termoeléctrica de San Nicolás (Buenos Aires), ambos desmantelaron la compañía.
El vaciamiento de maquinarias y la falta de mantenimiento de los sistemas desembocó luego en la tragedia de 2004, que dejó un saldo de 14 mineros muertos.
En una causa que se reabrió en 2013, los Taselli están acusados de desviar subsidios estatales a otra de sus empresas. Al mismo tiempo, cargan con otra denuncia por defraudación a la administración pública debido a incumplimientos en las prestaciones de servicios en la línea San Martín entre 1994 y el 2005. A través de esa maniobra, los empresarios se habrían quedado con algo más de $495 millones.
Romero y Otero
Gabriel Romero encabeza el holding EMEPA y acaba de reconocer que desembolsó u$s600.000 para que el gobierno de Cristina Fernández le renueve la concesión de la Hidrovía. Precisamente este activo, junto con Ferrovías, aparece como el negocio que le ha dado mayor beneficio económico al empresario.
Hidrovía es una compañía que también cuenta con participación de la europea Jan de Nul y tiene a su cargo el sistema hídrico de transporte fluvial entre el Paraná-Paraguay con su conexión al océano Atlántico. En concreto, el dueño de EMEPA tiene poder sobre el 20% del transporte de cargas que parte de la Argentina.
Sin embargo, el cúmulo de emprendimientos y ramos en los que participa Romero no concluye ahí. A través de EMEPA –adquirida por el inversor en 1986, con plantas para la fabricación y reparación de vagones– ostenta el control del ferrocarril Belgrano Norte y el servicio del Mitre en los tramos Buenos Aires-Córdoba, Rosario, Tucumán y La Banda.
Al mismo tiempo, el empresario supo tener participación en la explotación de los servicio del Mitre y el Sarmiento en alianza con Metrovías hasta el año 2013. Por otro lado, Romero es dueño de la empresa de publicidad PC Vía Pública y también de varias estancias.
Una de las principales: Santo Tomás de la Sierra, en Saldungaray, provincia de Buenos Aires. Allí lleva a cabo la cría de ganado bovino wagyu.
En tanto, Néstor Otero, concesionario de la terminal de ómnibus de Retiro, quedó detenido después de presentarse ante las autoridades por estar mencionado en los cuadernos de la corrupción que escribió Centeno.
El empresario se había negado a declarar hasta esta semana, venía de presentar un escrito y siempre negó la entrega de bolsos con billetes a Roberto Baratta, número dos del Ministerio de Planificación que Julio De Vido encabezó durante más de una década.
Su apellido aparece mencionado en varias ocasiones. En una de ellas, el ex chofer lo describe entregando un bolso con u$s250.000, y en otra ocasión expone que Otero le regaló vinos y champagne a su ex jefe.
Otero enfrenta, además, otras investigaciones por lavado de dinero y evasión.
Cirigliano, los que faltan
En el ámbito del transporte también hay coincidencias respecto de quiénes son los que siguen en el proceso que lleva adelante Bonadío: los hermanos Claudio y Mario Cirigliano.
A principios de 2018, los Cirigliano vendieron al empresario Marcelo Zbikoski prácticamente la totalidad del grupo Plaza, compañía que explota las líneas 61 y 62, y con itinerarios que unen las terminales de trenes Constitución, Retiro y Once. Plaza también posee el colectivo 143, que va desde Retiro a Tapiales, con parada en Constitución.
Este mes, Empresa de Transportes Mariano Moreno SA, firma satélite del grupo Plaza, desactivó recorridos de la línea 36 alegando falta de fondos para comprar combustible. Los choferes de la compañía aseguraron que el holding “quiere desaparecer la línea 36 como ya hicieron con la 104 y la 142”.
Claudio y Mario Cirigliano fueron artífices funestos de la tragedia de Once, con comprobada cercanía con Ricardo Jaime, el ex secretario de Transporte, y Juan Pablo Schiavi, quien también desempeñó esa tarea hasta el accidente de febrero de 2012, que causó 51 muertos y más de 700 heridos.
El tribunal que llevó la causa entendió que TBA (del grupo Plaza) prestaba el servicio del Sarmiento con material rodante "en un deplorable estado de mantenimiento" y que eso le permitió pedir reconstruirlo con fondos del erario público en beneficio de Cometrans, también de los Cirigliano.
En la causa se determinó que los empresarios “habrían desviado fondos provenientes indistintamente de las tarifas o los subsidios percibidos, hacia terceras personas físicas y jurídicas”.
Más allá de lo ocurrido en Once, lo cierto es que en 2015 los hermanos siguieron alzándose con contratos derivados de sus vínculos con el poder político. Así, ese año el kirchnerismo les adjudicó -a través de Corporate Corp- el suministro, la instalación y la puesta en funcionamiento de los sistemas audiovisuales y multimedia del "Centro Cultural Néstor Kirchner".
Sólo por esa tarea, los Cirigliano obtuvieron algo más de $345 millones. Al mismo tiempo, Claudio y Mario también asumieron el control de la entrega de computadoras del plan Conectar Igualdad.
En julio de este año, la Unidad de Información Financiera (UIF) investigó el patrimonio de los hermanos y constató la propiedad de empresas y bienes raíces en los Estados Unidos.
También detectó transferencias de dinero desde Argentina al exterior y desde España hacia la Argentina. Por todos estos antecedentes, allegados a la causa que lleva adelante Claudio Bonadío anticipan que la citación de los Cirigliano a tribunales se presume cuanto menos inminente.
Fuente: iProfesional
Lunes, 27 de agosto de 2018
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