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Programas de Propiedad Público Privada Los cuadernos frenaron el crédito y ahora el Gobierno busca u$s1.500 M para asegurar el inicio de obras 
Ante la negativa de la banca internacional de financiar los proyectos, el Estado creará un fideicomiso para cubrir los gastos del primer año.
Con el escándalo de los cuadernos de Oscar Centeno salpicando a, por lo menos, cuatro empresas que se adjudicaron la construcción de rutas por el sistema Programas de Propiedad Público Privada (PPP), el Gobierno salió a buscar hasta u$s1.500 millones para financiar el inicio de las obras.
A partir de esos fondos se creará el fideicomiso ya anunciado por el Ministerio de Transporte de la Nación con el objetivo de “salvar” esta mega apuesta del gobierno de Mauricio Macri para la obra pública mediante la construcción, ampliación, mejora, mantenimiento y operación de más de 7300 kilómetros de rutas nacionales agrupadas en corredores viales.
Una apuesta que engloba un total de u$s8.050 millones, de los cuales u$s4000 millones deberán ser aportados durante los primeros cuatro años y más de u$s2000 millones durante los siguientes, en obras complementarias y de mantenimiento.
La primera etapa comprendió la licitación de seis nuevos corredores viales (A,B,C,E,F y Sur), que abarcan más de 3.300 kilómetros de rutas nacionales de Buenos Aires, Córdoba, La Pampa, Mendoza y Santa Fe.
El plan incluye obras en más de 2.500 kilómetros a través de la construcción de nuevas autopistas (813 km), rutas seguras (1.494 km) y obras especiales (252 km), así como 17 variantes a distintas localidades, según se desprende del proyecto oficial.
Si bien algunos medios aseguraron que el fideicomiso sería liderado por el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), esta entidad tiene a su cargo otro fideicomiso creado por la Ley 27.328 que establece el régimen relativo a los contratos de PPP.
Su destino es el de financiar el repago de las obras a partir del segundo año y por el resto del período de adjudicación que llega a los 15 años. Se fondea con los ingresos del Impuesto a la Transferencia a los Combustibles (ITC) y el BICE es su organizador.
Pero como la ley permite crear otros fideicomisos especiales, ahora desde Transporte se avanza en el que permitirá dar el puntapié inicial a estas obras que tienen fecha de inicio para noviembre próximo.
A partir de ese mes, los grupos que participan de las Uniones Transitorias de Empresas (UTE) que se adjudicaron alguno de los seis corredores viales, deberán arrancar con el primer tramo de las obras.
En ese marco, la decisión de la cartera que dirige Guillermo Dietrich es sostener el financiamiento que tenían previsto obtener las empresas de parte de varios bancos internacionales, proceso que ahora quedó frenado por el escándalo del pago de sobornos y coimas a ex funcionarios kirchneristas.
Si bien la investigación del fiscal Carlos Stornelli y el juez Claudio Bonadío se centra en la entrega de bolsos por parte de un grupo de compañías locales y extranjeras para quedarse con obras de infraestructura distribuidas durante las presidencias de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, cuatro de las empresas vinculadas a esa mega causa figuran entre las UTE ganadoras de los PPP.
Estos antecedentes terminaron por frenar los acuerdos que venían gestionando la mayoría de los participantes de este programa con grandes bancos internacionales para hacerse de fondos necesarios para iniciar las obras debido a que las entidades bancarias extranjeras tienen fuertes restricciones internas y de normas internacionales para dar crédito a compañías investigadas judicialmente.
En las empresas la razón por las cuales el Gobierno intenta crear este segundo fideicomiso es parcialmente aceptada. Admiten que la causa de los cuadernos complicó la obtención de crédito bancario por los antecedentes jurídicos de las compañías imputadas. Pero advierten que los cinco consorcios adjudicatarios de las rutas sufren las consecuencias del contexto económico del país.
Aseguran que la crisis que atraviesa la Argentina, la suba del riesgo país, de las tasas y la falta de confianza en el plan del Gobierno también juegan en contra para que los bancos extranjeros y los inversores internacionales tengan intenciones de financiar proyectos locales.
Mas allá de las diferentes opiniones, para sortear estos impedimentos y evitar el fracaso del plan de los PPP, las autoridades ya estám terminando de estructurar el nuevo fideicomiso que manejará Transporte con una suma cercana a los u$s1500 millones.
El dinero se obtendrá del mismo origen. Es decir, de los bancos extranjeros. La diferencia es que el Estado nacional será ahora el garante y actuará como intermediario con las empresas a cargo de los proyectos.
De hecho, los funcionarios negocian contra reloj la instrumentación del fideicomiso teniendo en cuenta que solamente faltan tres meses para el comienzo de la etapa inicial de estos corredores viales.
Según explicaron a iProfesional fuentes oficiales se trata de una solución“de emergencia” para garantizar el inicio de las obras mientras la investigación judicial prosigue su curso.
También aseguran que más allá del resultado que tenga la causa de Bonadío, la intención es separar a los empresarios implicados de la responsabilidad que podría caerle a las empresas de las cuales forman o formaron parte.
En esta situación se encuentran las empresas José Cartellone y Vial Agro, que se adjudicaron la construcción de algunos de estas rutas y que están comprometidas en los cuadernos que escribió el ex chofer de Roberto Baratta.
Hasta ahora, el grupo mendocino es el más complicado ya que su titular, José Cartellone, aparece en los “cuadernos de la corrupción”. El empresario se puso a disposición del juez Bonadío pero todavía no fue citado a los tribunales de Comodoro Py.
Su nombre fue aportado a la causa por Carlos Wagner, ex titular de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC), quien lo implicó como uno de los involucrados en el circuito de las coimas a funcionarios K.
Sin embargo, el propio Cartellone negó la versión la semana pasada durante un encuentro organizado por la Asociación Empresaria Argentina (AEA).
De todos modos, su compañía ya sufre las consecuencias económicas de la causa judicial según declaraciones de algunos de sus ejecutivos quienes reconocieron las dificultades para obtener fondos que les permitan iniciar las obras del Corredor C que se adjudicaron y que comprende las rutas 7 y 33 de los PPP.
La obra implica la construcción de 778 kilómetros de la ruta nacional 7 entre Buenos Aires y Mendoza y Cartellone debe comenzar en noviembre con la construcción de la “Variante Desaguadero”, casi 7 kilómetros de dos nuevas calzadas de 7,30 metros de ancho cada una, para crear cuatro carriles.
El plazo del contrato es de 15 años, lapso para el cual la empresa debe convertir la Ruta Nacional 7 en una autopista. En el caso de Vial Agro, se debe hacer cargo del Corredor A en sociedad con Paolini Hermanos y la italiana INC.
También fue implicada en el caso de los cuadernos por Wagner al igual que Rovella Carranza que tiene a su cargo el Corredor Vial Sur.
Este corredor corresponde a la autopista Buenos Aires-Cañuelas, que hasta principios de año estuvo en manos de la constructora de Cristóbal López.
Tras una decisión de la Dirección Nacional de Vialidad su contrato fue rescindido y se decidió licitar su operación nuevamente bajo el formato del PPP.
Además de Rovela Carranza, los socios de la UTE ganadora son JCR, siglas que responden a las iniciales de Juan Carlos Relats, implicado por Claudio Uberti en la causa de los cuadernos y un asiduo aportante de fondos a las campañas electorales del kirchnerismo.
Ya fallecido, el empresario correntino también fue acusado por el ex titular de la OCCOVI en su declaración indagatoria ante Bonadío como uno de los que entregó dinero para construir el hotel boutique Los Sauces de la familia Kirchner en la localidad santacruceña de El Calafate.
Según Uberti, aportó u$s105.000 mensuales por administrar el hotel mientras incrementaba de manera simultánea sus negocios en la obra pública, con contratos mayormente en Formosa y el NEA.
Pero en la UTE del Corredor Vial aparece además una empresa vinculada a la mayor causa de corrupción que se investiga en Brasil. Es decir, el Lava Jato. Se trata del grupo brasileño Mota Engil, que aparece acusada de formar parte del cartel de la obra pública del país vecino que acordaba la empresa que sería beneficiada en las licitaciones.
En la causa de los cuadernos también se le dio curso a la presentación espontánea que hizo uno de los sobrinos de Eduardo Eurnekian, dueño de la Corporación América. Se trata de Hugo Eurnekian, quien se presentó ante Bonadío para admitir el aporte a título personal de fondos para la campaña presidencial de Cristina Fernández del 2015.
Si bien en el grupo operan Helport, una de las empresas constructoras que también se adjudicó obras en el PPP, en la justicia no hay una causa en la cual se la esté investigando. De hecho, Hugo Eurnekian es titular de Compañía General de Combustibles (CGC), que nada tiene que ver con las licitaciones de las rutas.
Fuente: iProfesional
Lunes, 27 de agosto de 2018
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