Por el pago de coimas Las empresas de los cuadernos buscan "blindarse" tras los escándalos de corrupción y se despegan de sus ejecutivos acusados 
Apuntan a no perder contratos con el Estado y a evitar daños financieros. Adoptan medidas de crisis y hasta licencian y renuncian a sus dueños y fundadores.
Son casi todas empresas con fuertes desarrollos de obras públicas que les fueron adjudicadas por el anterior gobierno kirchnerista. Pero también, por la actual gestión de Cambiemos. En conjunto, acumulan contratos por u$s22.000 millones.
Y si bien en algunos casos, el Ministerio de Energía actualmente bajo el mando de Javier Iguacel denunció y anuló varias obras por presuntas irregularidades en las adjudicaciones, todas quieren seguir haciendo negocios con el Estado nacional.
Por ese motivo es que comenzaron a “despegarse” de las acusaciones e investigaciones que pesan sobre varios de sus principales ejecutivos o, en algunos casos, hasta de sus propios dueños y fundadores.
Más que nada, porque en el Gobierno ya avisaron que la causa de los cuadernos de Oscar Centeno, el ex chofer de Roberto Baratta, a su vez número dos de Julio De Vido, no frenará los planes de inversión en infraestructura ni congelará tampoco las licitaciones ya en marcha o las adjudicadas incluso a este bautizado “club de la obra pública”.
Desde el ministro de Producción, Dante Sica, pasando por el titular de la cartera energética y el número uno del Ministerio de Transporte, Guillermo Dietrich, hasta por las principales espadas políticas de la gestión de Mauricio Macri, coinciden en aclarar que las causas por el pago de coimas a empresarios no provocarán un congelamiento masivo de los contratos ya firmados.
Es más, fuentes cercanas al ministro Iguacel aseguraron a iProfesional que “nada ha cambiado” en la relación entre las empresas que forman parte de las investigaciones llevadas adelante por el juez Claudio Bonadío.
“Es muy temprano y prematuro sostener que se anularán los contratos”, argumentan para agregar que la etapa judicial se encuentra en su fase inicial. “No puede haber decisiones sin condenas”, advierten desde Energía.
Frente a esta decisión y a la necesidad de no perder todavía más ingresos o, lo que es peor, no ser contratadas “nunca más” para nuevas obras, desde Albanesi, a MSU, Electroingeniería, pasando por Impsa y Iecsa, comenzaron a delinear estrategias para minimizar el impacto de tener ejecutivos o dueños procesados o encarcelados.
El caso más paradigmático es el de Albanesi, cuyo accionista mayoritario fue uno de los primeros en ser indagado y luego encarcelado por Bonadio.
Se trata de Armando Losón, quien fue dejado en libertad por orden del magistrado, luego de haber aceptado colaborar con la causa y convertirse en uno de los “arrepentidos”.
El mismo día en que su grupo nformó a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires pérdidas por $3.385 millones durante el primer semestre, el empresario ya no forma parte de un grupo que venía comandando desde hace 40 años.
Esto se debe a que, si bien en los primeros momentos de la investigación judicial decidió tomarse una licencia temporal de seis meses, ahora terminó renunciando a su cargo tanto en el holding como en cada una de las empresas controladas en las que ocupaba hasta el jueves puestos de relevancia.
De hecho, el directorio de Albanesi emitió un comunicado en el cual se le acepta su renuncia “por motivos personales de público conocimiento” al cargo de presidente de la sociedad.
De todos modos, su puesto será ocupado por uno de sus hijos que, paradójicamente se llama Armando Losón, quien ahora deberá ocuparse de revertir el daño a la imagen de su holding y de sostener los contratos con el Esstado nacional.
Albanesi fue adjudicataria de obras de importancia, como centrales térmicas ya terminadas en varias provincias que, en muchos casos se encuentran terminadas.
El grupo nació en 1929 y sus principales actividades son la comercialización de gas y la generación de energía eléctrica. En la actualidad, sus ejecutivos buscan despegarse de cualquier vínculo con el sector de la construcción o de ser considerados como un grupo proveedor de obra pública.
“Ni siquiera estamos en los registros de proveedores del Estado Nacional”, aseguran, además de alcarar que desarrollan sus actividades sin aportes de fondos del Estado sino a través de financiamiento privado y reinversión de utilidades.
También sostienen que la generación de energía eléctrica es una actividad que se desarrolla bajo un marco regulatorio que delimita la relación de Albanesi con el Estado al desarrollar proyectos con capitales privados bajo las regulaciones establecidas para el sector.
Y ya alejado Losón del día a día, anticipan que los planes de inversión se han llevado a cabo en tiempo y forma, habiéndose finalizado todas las obras comprometidas.
Con respecto a sus estados financieros y mas allá de las fuertes pérdidas del primer semestre, buscan enviar un mensaje de tranquilidad a los accionistas, ya que Albanesi cotiza en los mercados de capitales.
Por eso sostienen que los resultados financieros al segundo trimestre de 2018 son sólidos, con un incremento de los ingresos operativos de 124 % en dólares con respecto al primer trimestre de 2017. “Estos números continuaran mejorando en los próximos meses”, apuntan desde la compañía.
También prometen cumplir con el pago de sus obligaciones financieras al explicar que más del 70% de los vencimientos de deuda se concentran a partir del 2021, “lo que implica un cronograma de pago cómodo”.
Aseguran estar en condiciones de cumplir con todas sus obligaciones sin necesidad de refinanciar la deuda existente a la fecha y explican que la suspensión del lanzamiento de una serie de Obligaciones Negociables (ON) no tiene impacto en el desarrollo de los proyectos en marcha, ni en la situación financiera de la compañía.
“Vamos a continuar con la ejecución de los proyectos que forman parte del plan de inversiones 2018-2020, a partir de las adjudicaciones en el marco de la licitación pública realizada en octubre de 2017”, anticipan.
Este proceso involucra expansiones de capacidad en la Central Térmica Modesto Maranzana (Rio cuarto, Córdoba) y en la Central Térmica Ezeiza (provincia de Buenos Aires).
“Los equipos están contratados y en proceso de fabricación, y la entrega está prevista para el primer trimestre de 2019”, agregan desde Albanesi.
También recuerdan que el inicio de la operación comercial comprometido con CAMMESA para estos proyectos está previsto para el segundo semestre del 2020.
IECSA, rebautizada
En el caso de IECSA, la ex empresa de Angelo Calcaterra, el primo de Mauricio Macri y otro de los arrepentidos, ocurre un escenario de características similares, con importantes obras que todavía mantiene.
Tras haber sido comprada por Marcelo Mindlin el año pasado, el dueño de Pampa Energía logró sostener emprendimientos como el soterramiento del ferrocarril Sarmiento, donde IECSA aparece también vinculada a la causa por el pago de sobornos realizado por el grupo brasileño Odebrecht. Esto se debe a que en esta obra ambas forman parte de la UTE a cargo del proyecto.
Mindlin también seguirá con la obra de la circunvalación de acceso a la ciudad de Córdoba y a la del Paseo del Bajo que lleva adelante el gobierno porteño. Es que una vez que se quedó con la empresa, Mindlin decidió echar a Sánchez Caballero y también a quienes ocupaban los cargos de gerentes administrativo, de finanzas y de legales.
En el caso del ex CEO de Iecsa, se lo mantuvo un tiempo más hasta que el nuevo management terminó de empaparse de todas las operaciones y contratos de la compañía. “Después de esto, hace tres meses, se fue solo ya que se le terminó el contrato”, agregaron desde Pampa Energía ante una consulta de iProfesional.
Pero además, IECSA dejó de llamarse de ese modo. Fue rebautizada como Sociedad Argentina de Construcción y Desarrollo Estratégico (SACDE).
Electroingeniería licenció a su vice
Por su parte, en Electroingeniería apuestan a poder permanecer en la UTE que tiene a su cargo uno de los mayores proyectos energéticos del país y que comparten on el gigante chino Gezhouba.
Es de todas las empresas implicadas en la causa de los cuadernos, la más comprometida a la hora de analizar su futuro y el de sus negocios.
Su principal contrato es el que involucra la construcción de dos represas hidroeléctricas en Santa Cruz por un monto de $4500 millones y que le fue adjudicado por el kirchnerismo pero respetado por el actual gobierno de Mauricio Macri, aunque con ciertos cambios.
La primer medida tomada por este grupo cordobés de estrechos lazos con ex funcionarios K de relevancia fue la de “licenciar” a Gerardo Ferreyra.
Su ahora ex vicepresidente y uno de sus dos accionistas mayoritarios, también fue detenido por Bonadio acusado de haber pagado coimas a Baratta. Fue el único que hasta ahora negó todos los cargos en su contra y evitó hasta adherir a la teoría inaugurada por Calcaterra de que se trató de fondos para financiar las campañas electorales de Cristina Kirchner.
Desde el Gobierno se apuesta a la supervivencia del proyecto porque se lo considera esencial para alcanzar la autonomía energética de la Argentina. Por eso, con o sin Electroingeniería, las dos represas se seguirán construyendo. De hecho, el grupo chino podría quedarse con la participación de Electroingeniería en la UTE, tal como se impulsa desde el propio gobierno nacional.
MSU licencia a su presidente
En cuanto al caso de la empresa MSU, no está clara la estrategia de negocios todavía. El único hecho concreto fue el de separar a Manuel Santos Uribelarrea de la presidencia de la sociedad que lleva sus iniciales. El empresario, se tomó una licencia por ocho meses, lapso en el cual la representación de MSU estará a cargo de su padre.
En la causa, el fiscal Carlos Stornelli imputó a Santos Uribelarrea por el delito de partícipe necesario de la asociación ilícita que se dedicó, durante una década, al pago y cobro de sobornos y que habría sido liderada por Cristina y Néstor Kirchner. En su defensa, el titular de MSU señaló que hizo pagos "bajo presión" del anterior gobierno, para las campañas políticas de 2015 del Frente para la Victoria.
Techint, analizando su estrategia
Con respecto a los negocios de Techint, el grupo que ya tiene dos involucrados en la causa, optó por desconocer las citas de los cuadernos del chofer Oscar Centeno.
Lo hizo cuando se conoció la detención de Héctor Alberto Zabaleta, un ex ejecutivo que figura en la causa en la cual se describen nueve encuentros que tuvo con Baratta
"No tenemos precisiones de que hayan ocurrido los encuentros que se mencionan en los cuadernos . Como lo hace en todos los casos, la compañía va a realizar por su parte una investigación interna", indicó en su descargo en el cual se agrega que "entre 2004 y 2015 su participación en la obra pública fue de menos del 1% del total, muy por debajo de la capacidad técnica y el potencial de la empresa".
El comunicado fue distribuido días antes de la decisión del juez Bonadio de citar también a indagatoria a Luis Betnazza, uno de los principales ejecutivos del holding de la familia Rocca. El ejecutivo deberá presentarse el martes próximo en la sede de los tribunales federales de Comodoro Py, en la zona porteña de Retiro.
En los cuadernos de Centeno, este grupo aparece nombrado en nueve ocasiones en citas que corresponden al 2008. Se asegura que Baratta visitó en esas oportunidades las oficinas centrales del holding entre abril y diciembre de ese año con el objetivo de retirar bolsos o paquetes.
Estos datos fueron corroborados por Zabaleta, ex director de Administración de Techint, cuando le tocó declarar. De hecho, ahora figura como otro de los "arrepentidos", y por eso fue liberado después de que el juez homologó el acuerdo firmado con la fiscalía.
En su declaración, admitió "la entrega de dinero y montos que se pagaron" vinculados a los fondos ilegales que se investigan en la causa de los cuadernos de las coimas.
Fuente: iProfesional
Lunes, 13 de agosto de 2018
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