Política Mientras detenían al dueño de Electroingeniería por el "escándalo de los cuadernos", el Gobierno le otorgaba beneficios fiscales 
Unas horas después de que Gerardo Ferreyra fue enviado a prisión, el Ministerio de Energía le redujo la carga fiscal a la construcción de dos represas.
El mismo día en que un juez federal ordenó la detención de Gerardo Ferreyra, uno de los dueños de Electroingeniería, el Gobierno le otorgó al grupo cordobés beneficios impositivos para facilitar la construcción de un proyecto hidroeléctrico en la provincia de Santa Cruz.
El empresario fue enviado a prisión por orden de Claudio Bonadío en el marco de una causa en la cual se investiga el reparto de bolsos con millones de dólares, supuestamente usados para el pago de sobornos y coimas en obras que entre el 2008 y el 2015 adjudicó el entonces Ministerio de Planificación Federal, a cargo de Julio De Vido.
A su vez, Ferreyra es, junto con Osvaldo Acosta, dueño de uno de los grupos empresarios que más creció durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, junto con Lázaro Baez y Cristóbal López.
Su empresa está a cargo de la construcción de dos represas santacruceñas antes llamadas Kirchner y Cepernic. Se trata de un proyecto rebautizado “Aprovechamientos Hidroeléctricos del Río Santa Cruz Condor Cliff – La Barrancosa”, que involucra inversiones cercanas a los u$s5000 millones y que fue adjudicado durante la gestión del anterior gobierno kirchnerista.
El objetivo de la obra es el aprovechamiento hidroeléctrico del Río Santa Cruz con a construcción de dos represas y centrales hidroelécticas ubicadas sobre el río Santa Cruz con la finalidad de generar energía renovable para todo el país.
El año pasado, el presidente Mauricio Macri decidió sostener la iniciativa al considerarlas esenciales para lograr la autonomía energética de la Argentina y sometió la iniciativa a una audiencia pública. Luego, se le introdujeron algunos cambios y las represas fueron relanzadas en febrero pasado.
El proyecto involucra dos contratos. Uno de financiamiento que fue firmado por los gobiernos de Argentina y China y en el cual la UTE no es parte. Y que garantiza el financiamiento de toda la obra más el IVA de la misma.
Este acuerdo es todavía mayor porque también incluye al Belgrano Cargas sumando un total de u$s7.500 millones de los cuales u$s5.000 se destinarán a las represas y los otros u$s2.500 millones al ferrocarril.
En cuanto al segundo contrato, es el comercial donde las partes son el Ministerio de Energía, a través de Ieasa ( sucesora de Enarsa), y la UTE Represas Patagonia, formada por Electroingeniería, Gezhouba e Hidrocuyo.
En una conversación con iProfesional, anterior a su detención, el propio Ferreyra aclaró que ambos contratos, tanto el de construcción de las centrales como el de financiamiento, están vigentes “porque cuanto más avanzamos en la obra más dólares ingresan al país”. Aclaró además que, una vez terminado el complejo hidroeléctrico el repago del crédito lo hace la venta de energía y no el Presupuesto Nacional.
Beneficios para la represa de Santa Cruz
Ahora, mediante la Resolución 42/2018 del Ministerio de Energía publicada en el Boletín Oficial de esta jornada, la UTE logró que se la exima del pago de derechos de importación y de tasas estadísticas para el material y la mercadería no producida en el país que será destinada a las obras de ambas represas sobre el río Santa Cruz.
El documento, que lleva la firma del ministro Javier Iguacel, acepta el pedido de Electroingeniería y su socio asiático China Gezhouba Group Company, para que el complejo sea calificado como “proyecto crítico” y así evitar el pago de varias cargas fiscales e impositivas.
Según esta sociedad empresaria, que funciona como una UTE en la concesión de la obra, la calificación está encuadrada en los términos del artículo 34 de la Ley N° 26.422. Es decir, del presupuesto nacional aprobado por el Congreso en el 2008 en el cual se permite aliviar la carga tributaria a proyectos vinculados con la generación, el transporte y la distribución de energía eléctrica; la prospección, exploración, producción y explotación de gas y petróleo; la constitución de nuevas refinerías de petróleo y ampliación de las existentes; y el transporte, almacenaje y/o distribución de hidrocarburos.
Según la resolución de Energía, el área de coordinación de obras e impuestos de la Dirección General Operativa de la Subsecretaría de Coordinación Administrativa de ese Ministerio evaluó positivamente la presentación de Electroingenería y el grupo chino.
“Lo hizo de conformidad con los criterios establecidos por el Reglamento de Promoción de Proyectos de Inversión en Obras de Infraestructura – Ley N° 26.360 y Ley N° 26.422, y sus normas complementarias, concluyendo que la solicitud cumple con los requisitos establecidos en dicha norma”.
La norma aclara que se trata de un proyecto del Estado nacional, contratado mediante una licitación pública nacional e internacional adjudicada por la Resolución N° 760 el 20 de agosto del 2013. Y a modo de respaldo del otorgamiento de los beneficios, agrega que las cargas tributarias e impositivas, así como las tasas aduaneras y demás cargos a las importaciones, “se hallan incorporadas en los precios presupuestados por la contratista y aprobados por el Estado nacional en su condición de comitente”.
También señala que los cambios en la carga tributaria que la obra obtendrá con la declaración de Proyecto Crítico “impactará en forma directa en los precios cotizados en su oferta por los bienes que resulten objeto del beneficio”.
De todos modos y mas allá de esta resolución de Energía, el futuro de las dos represas quedó en suspenso. Y no por la decisión oficial de practicar un recorte en las obras públicas para reducir el déficit fiscal sino precisamente por la detención de Ferreyra.
Desde el ministerio que comanda Iguacel dijeron desconocer el impacto que esta causa judicial podrá tener sobre este mega proyecto que involucra fondos por casi u$s5000 millones y está incluido en el compromiso que firmó el gobierno de Mauricio Macri para contar con un swap de u$s11.000 millones como mecanismo de contingencia para resguardar las inversiones del país asiático en Argentina.
Ahora, Ferreyra aparece involucrado en una causa que investiga el juez federal Claudio Bonadío por la cual fueron detenidos 11 ex funcionarios y empresarios presuntamente involucrados en el pago de coimas y sobornos durante los anteriores gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández.
El caso se inició a raíz de una investigación periodística del diario La Nación en la cual se descubrieron una serie de cuadernos escritos por el chofer de Roberto Baratta, mano derecha del ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, en los que se detalla el reparto de bolsos con millones de dólares a modo de coimas.
El primer detenido fue Roberto Oscar Centeno, precisamente el chofer del ex funcionario kirchnerista, quien en los cuadernos detallaba las maniobras de transporte de dinero entre el 2008 y el 2015 que quedaban en manos de otros funcionarios oficiales o de importantes empresarios entre los que figura Ferreyra.
Pero además del dueño de Electroingeniería, están involucrados ex ejecutivos de IECSA, empresa que hasta el año pasado fue propiedad de Angelo Calcaterra, primo del Presidente Macri; Carlos Wagner, ex titular de la Cámara Argentina de la Construcción; y personal jerárquico de los grupos Pescarmona, Techint, Roggio, Albanesi, Supercemento, Isolux, así como banquero de renombre.
Fuente: iProfesional
Miércoles, 1 de agosto de 2018
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