Economía El Gobierno restituyó contribuciones patronales adicionales a actividades insalubres 
Se trata de aquellos rubros con regímenes especiales por trabajo insalubre. De ahora en más, los empleadores deberán aportar un 2%. La medida anticipada por iProfesional forma parte del reordenamiento del sistema previsional que impulsa el Gobierno.
El Gobierno restituyó las contribuciones patronales adicionales a los regímenes de jubilación diferencial. Se trata de un incremento del 2% que había quedado en suspenso, y que ahora volverá a estar vigente en unas 50 actividades de la industria, transporte y servicios, en donde los trabajadores se jubilan en promedio a los 50 o con 25 de años de aporte por riesgos de insalubridad o envejecimiento prematuro.
La medida fue dispuesta este martes por el decreto 633 publicado en el Boletín Oficial, en el que se establece que "las contribuciones patronales adicionales correspondientes a los regímenes diferenciales mantenidos por la Ley N°24.241 y sus modificatorias serán las previstas en las respectivas normas vigentes".
El decreto 688 de 1976 suprimió los aportes diferenciales a cargo de los trabajadores y unificó en 2% adicional las contribuciones de los empleadores, que luego fueron suprimidas en 1980 con la resolución 694. Ahora, "el presente efectiviza las contribuciones oportunamente establecidas en los regímenes diferenciales en vigor, sin imponer al trabajador ningún tipo de aporte adicional para el acceso al beneficio", señala el texto.
Tal como lo anticipó iProfesional, esta es una de las medidas que evaluaba el Gobierno para reordenar el sistema previsional. Además de la reestitución de las contribuciones patronales adicionales, los funcionarios tampoco descartan eliminar regímenes diferenciales que consideran desactualizados y elevar la edad jubilatoria, según el caso.
Esas son algunas de las conclusiones a las que llegó la comisión técnica permanente, el organismo oficializado el mes pasado por el Ministerio de Trabajo que tiene a su cargo la revisión del marco previsional y que es presidido por el secretario de Seguridad Social, Juan Carlos Paulicci.
La comisión empezó a elaborar un informe sobre las actividades o tareas que "merecen" los beneficios del régimen diferencial, consignando los respectivos requisitos de edad, servicios y cotizaciones adicionales. Para analizar cada sector específico además se convocará a gremios y empresarios. El plazo previsto es de un año y luego deberá convertirse en un proyecto legislativo.
Si bien no hay un dato oficial sobre la cantidad de beneficiarios, se estima que cerca de 700.000 trabajadores gozan de un status previsional más favorable que el del sistema general por el tipo de tareas o el ambiente desfavorable donde las realizan. Ese es el caso de choferes de camiones, colectiveros, trabajadores del subte, ferroviarios, aeronavegantes, colectiveros, portuarios y taxistas.
También gozan de jubilaciones anticipadas ramas del agro y de la industria como petroleros, gráficos, obreros del vidrio, la carne, frigoríficos y chacinados, mineros, metalúrgicos, y en los últimos años, se sumó la construcción. Mientras que en los servicios ocurre lo mismo con radiólogos, enfermería, personal femenino telefónico, de servicios eléctricos y los docentes de frontera.
En línea con el diagnóstico del FMI, el decreto de este martes considera que los regímenes de jubilación anticipada "generan un costo adicional que debe ser financiado adecuadamente". Por ello, la medida apunta a "garantizar la sustentabilidad del sistema previsional en cumplimiento y debido respeto de los principios que lo fundamentan, en especial la equidad y el interés público en juego".
Si bien las autoridades reconocen que "la presente medida puede entenderse como un incremento de los costos laborales para estas actividades, los empleadores comprendidos en ellas gozan actualmente del beneficio de la Ley N°27.430, por la que se vieron reducidas progresivamente las contribuciones con destino al régimen de seguridad social general".
El impacto de la reforma tributaria sancionada el año pasado, sin embargo, se reflejó en la menor recaudación del Estado. En medio de un creciente ajuste fiscal, un estudio de la Universidad de San Martín estimó que se perdieron $4.600 millones entre marzo y mayo de este año por la reducción de las contribuciones patronales.
Fuente: iProfesional
Martes, 10 de julio de 2018
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