Judiciales Quebró Austral Construcciones, la empresa insignia de Lázaro Báez 
La firma está investigada por los millonarios fondos que recibió del Estado nacional durante el kirchnerismo, cuando obtuvo 52 contratos por 46 mil millones de pesos.
La Justicia comercial dispuso la quiebra y ordenó la inhibición general de bienes de Austral Construcciones, la compañía insignia del empresario detenido Lázaro Báez e investigada por los millonarios fondos que recibió del Estado Nacional durante el kirchnerismo para obra pública vial.
"Déjese constancia que en virtud del decreto de quiebra Austral Construcciones S.A. ha quedado desapoderada de pleno derecho de los bienes que integran su patrimonio al día de la fecha, como así también de aquellos que adquiera hasta su rehabilitación; encontrándose tal patrimonio bajo la administración del síndico", señaló en su fallo la jueza comercial María José Gigy Traynor.
La constructora recibió durante los gobiernos de los Kirchner 52 contratos por 46 mil millones de pesos, licitaciones por las que se abrió una causa judicial por fraude al Estado Nacional en la que ya fueron elevados a juicio la ex presidenta Cristina Kirchner, el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, el ex secretario de Obras Públicas José López, y Báez, entre muchos otros.
En su fallo, la jueza instó además a la empresa y a los terceros a que "entreguen al síndico los bienes que tengan en su poder, al igual que los libros de comercio y demás documentación -que en su caso llevare- relacionada con su contabilidad, previniéndoles a los terceros la prohibición de hacer pagos a la fallida, bajo apercibimiento de considerarlos ineficaces".
En ese sentido, se dispuso la "inhabilitación definitiva de la fallida en los y de sus administradores por el término de un año desde la fecha de decreto de quiebra, la cual cesará de pleno derecho el día 27 de junio de 2019".
La causa por la obra pública, en la que la ex presidenta está acusada como coautora de los delitos de asociación ilícita y administración fraudulenta, se originó en 2016 por una denuncia de las nuevas autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad.
Según la acusación del fiscal Gerardo Pollicita, "se montó una organización criminal orientada a la sustracción de fondos públicos por medio de la asignación discrecional de prácticamente el 80 por ciento de las obras viales adjudicadas en la provincia de Santa Cruz en favor de las empresas de Lázaro Antonio Báez, lo que representó la contratación del Estado por más de 46 mil millones de pesos" durante los gobiernos kirchneristas.
Se trató de una maniobra con una "estructura coordinada de personas, con división de roles y permanencia en el tiempo por más de diez años, que le permitió a sus responsables sustraer de las arcas públicas miles de millones de pesos a través de la obra pública vial".
Fuente: Diario Popular
Lunes, 2 de julio de 2018
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