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Política El Gobierno tiene su plan de ajuste para las provincias: menos obra pública y fondos  La baja del déficit genera tensiones con los gobernadores y también en la Rosada. Promesa de no tocar el gasto social. Amena de prorrogar el presupuesto 2018.
Menos obra pública, menos partidas discrecionales para las provincias, menos gastos operativos del Estado y paritarias acotadas conforman la hoja de ruta que el Gobierno trazó para reducir el déficit y cumplir el compromiso con el Fondo Monetario Internacional (FMI). “Es un poco de todo sin tocar el gasto social”, sostienen en el fortalecido Ministerio de Hacienda.
En las últimas semanas, sin embargo, en varios despachos oficiales se repitió como un mantra que los gobernadores deberían acompañar los esfuerzos del Gobierno y ajustar sus propios números. Varios gobernadores indignados levantaron el teléfono y llamaron a la Casa Rosada. Insistieron en los últimos días con un proyecto que el propio Ejecutivo ofreció a la oposición para que bajara el proyecto antitarifas: trasladar el control de las concesiones eléctricas Edesur y Edenor a la ciudad de Buenos Aires y a la Provincia. Esa idea generó malestar cerca de Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal. "Nos eligieron para dejar un Provincia viable y el PJ hace esto", se quejaron cerca de la gobernadora bonaerense.
Por las dudas, en el Ejecutivo se atajan. “Las provincias no van a compartir ningún ajuste. Eso es una pavada que salió de Hacienda”, dijo -con palabras menos elegantes- uno de los principales negociadores oficiales con los gobernadores y el peronismo. “El Fondo no pide que ajustemos nada en la provincias, solo pide que el déficit sea de 1,3 por ciento. Es un numerito. Y vamos a llegar como tengamos que llegar”, sentenciaron en el Ministerio del Interior.
Uno de los funcionarios que viajó a Washington a negociar el crédito de US$ 50 mil millones rechazó la imputación y habló de malentendido, pero reconoció que sí le extendieron a los delegados de Christine Lagarde una proyección de los presupuestos provinciales, en el que se aprecia una reducción de gastos de las administraciones provinciales. “Es una proyección de ejecución fiscal de las provincias estimado en función de que cumplan el pacto de responsabilidad fiscal”, precisó el funcionario.
Nicolás Dujovne y Rogelio Frigerio coinciden en que será necesario acelerar la reducción de los envíos de fondos discrecionales a las provincias, un camino que el Ejecutivo ya había empezado a recorrer. La mayoría de los gobernadores deberán valerse con las transferencias automáticas que crecieron exponencialmente en comparación a los últimos años, por convicción y principios, por el fallo de la Corte Suprema y por necesidad política. El Ejecutivo envía $ 200 mil millones de fondos automáticos más que el Gobierno anterior. “Las provincias que peor están son las que más recibieron durante el kirchnerismo. Las más ordenadas son las que menos recibieron”, razonan cerca del virtual ministro de Economía.
De todos modos, hay coincidencias. Jujuy era con Cristina Kirchner y sigue siendo con Mauricio Macri uno de los distritos más “privilegiados”. “Las proporciones de aportes ahora variarán. Algunos gobernadores se habían acostumbrado a contar con un presupuesto aparte a través de las transferencias. Como máximo, los aportes podrán equivaler al 20% del presupuesto provincial”, calculaban en Hacienda.
En la Casa Rosada confían en que las provincias patagónicas -de las más dependientes de Nación- se equilibraron gracias a las paritarias cero. Esta semana el gobernador de Chubut Mariano Arcioni amenazó con declararse en default, lo que menos necesita la Casa Rosada en estos días.
Los gobernadores y Nación estudian qué obras nacionales privilegiar. Un ministro que responde al jefe de Gabinete Marcos Peña repetía alegremente que la merma de obras nacionales podría cubrirse con los nuevos proyectos de Participación Público Privado (PPP).
Pero otro integrante del Gabinete con peso propio lo negó rotundamente. “Las PPP tienen atractivo para el centro del país. Una obra en Catamarca no seduce a los inversores, no tiene retorno”, explicaba. Sí esperan -en Interior afirman que ya es así- que los gobernadores absorban obras. En Jefatura de Gabinete esperan que tomen crédito ante organismos multilaterales, como la CAF o el BID. “Hay cosas sin sentido que no podemos hacer más, que el Estado se endeude para financiar obras provinciales que no se terminan de hacer y nos quedamos con la deuda”, explicó un secretario del área económica.
Programas nacionales que se tramitan a través de las provincias están en revisión, incluidas las pensiones por discapacidad. Los subsidios y las empresas estatales que supervisa Gustavo Lopetegui también sufrirán drásticos recortes.
En el Gabinete explican que el ajuste será menor en 2019 en comparación a 2018. "Bajamos un 0,2% más este año que lo previsto para el año que viene", dijo un ministro. El razonamiento es algo engañoso, porque se calcula en función al PBI y al crecimiento de éste, estimado en 1,5 puntos para el año que viene.
En el ala política y en la económica están seguros de que la devaluación del peso no ayudará a licuar los gastos del Estado. La inflación que traería aparejada mejoraría la recaudación en el corto plazo, pero nadie quiere cambiar el índice que más le preocupa a Macri.
El Presidente descartó firmar un decreto para que ningún funcionario del Ejecutivo cobre un sueldo más alto que el suyo. “Son nada más que mil funcionarios de organismos descentralizados, era demasiado que firmara un decreto”, explicaron sus colaboradores. La negociación paritaria en AFIP -uno de esos entes- y el recorte en algunas dependencias provinciales también dilató esa decisión política.
El ministro de Modernización Andrés Ibarra tiene en la mira a esos organismos. Creen que es uno de los pocos lugares donde tiene margen para recortar personal, en medio de los rumores de despidos en la agencia estatal Télam. Pero relativizan el impacto fiscal de esas medidas “Si se fueran todos los empleados y funcionarios del Estado y quedara solo Macri, el presupuesto solo bajaría el 11%”, reflexionan en el Ejecutivo. Desde que asumió Macri, alrededor de 50 mil empleados se fueron del Ejecutivo e ingresaron cerca de 20 mil. En Modernización creen que -en ese sentido- tienen más para “aportar a la causa” en la Justicia, en el Congreso y en las provincias y municipios. Frigerio lo niega. “Nosotros vamos a asumir los costos”, sostiene en la intimidad. El ministro político no quiere tensar la relación con los gobernadores antes de discutir el ajuste que se reflejará en el Presupuesto 2019.
Si no hay acuerdo, el Gobierno prorrogará el de este año. “Vamos a cumplir el 1,3% con o sin el presupuesto”, afirman en Balcarce 50. A los negociadores argentinos ante el FMI se les eriza la piel. “Institucionalmente no es bueno, no le sirve a nadie”, se lamentan.
En la Casa Rosada prefieren no presionar a los gobernadores, que ya demostraron en diferentes votaciones que no pueden asegurar el voto de los legisladores de sus provincias.
En dos semanas, Frigerio retomará las negociaciones bilaterales con los gobernadores. Más adelante, Macri los recibiría a todos juntos.
Fuente: Clarín
Jueves, 21 de junio de 2018
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