Corte Suprema de Justicia de la Nación La Corte convocó a una audiencia pública por el caso Farmacity para el 29 de agosto 
Será una audiencia pública informativa en el marco de la causa que determinará la autorización para que la cadena Farmacity SA pueda operar como farmacia en el ámbito de la provincia de Buenos Aires.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación fijó para el 29 de agosto, a las 10, una audiencia pública informativa en el marco de la causa que determinará la autorización para que la cadena Farmacity SA pueda operar como farmacia en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, y si corresponde a la Provincia o a la Nación regular ciertos aspectos de la actividad farmacéutica.
Asimismo, y según se informó en el Centro de Información Judicial (CIJ), el máximo órgano de Justicia estableció un plazo de 30 días para la participación de Amigos del Tribunal a los fines de que efectúen presentaciones de carácter jurídico, técnico o científico relativas a la cuestión debatida.
Se trata de una acción iniciada por la firma Farmacity S.A. con el objeto de que se declare la inconstitucionalidad de los artículos 3° y 14 de la ley 10.606 de la Provincia de Buenos Aires, que regula la propiedad de los establecimientos farmacéuticos y no incluye en la enumeración de las distintas categorías de sujetos que pueden ser titulares de ellos a las sociedades anónimas, como la firma actora.
La firma solicitó que se reconozca su derecho a ser propietaria de farmacias, a que sean regularmente habilitadas y a explotarlas en el ámbito de esa provincia, dentro de cualquier ubicación autorizada por las normas de planeamiento urbano.
En la audiencia participarán los ministros Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda. Los ministros Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz se han excusado de intervenir en la causa.
El conflicto comenzó en 2010, cuando Farmacity quiso instalar un local en Pilar, habilitación que fue negada por la Provincia, porque la legislación provincial no permite la explotación de farmacias por parte de sociedades comerciales o fondos de inversión, al considerar que las farmacias cumplen un rol de servicio público.
Fuente: La Prensa
Martes, 19 de junio de 2018
|
