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Sospechas de corrupción Odebrecht: la justicia define los procesamientos de los empresarios Roggio y Wagner 
En el expediente que investiga irregularidades en la construcción de una planta potabilizadora de agua de AySA en Tigre.
Por primera vez los referentes de las grandes constructoras del país fueron indagados. El juez Sebastián Casanello fue quien los citó a declarar el año pasado imputados, junto a ex directivos de AySa, de los delitos de negociaciones incompatibles y defraudación al Estado.
Después de las 28 indagatorias que se tomaron, dos de los principales empresario del rubro, Carlos Wagner (Esuco) y Aldo Benito Roggio (BRH) señalaron que las reuniones y el contacto con los funcionarios nacionales, eran tarea exclusiva de Odebrecht. Se trata de dos plantas potabilizadoras que fueron adjudicadas a los consorcios encabezados por la firma brasileña.
En la etapa de evaluación de la situación procesal de los involucrados en el expediente, los argumentos que apuntaron hacia Odebrecht, que admitió haber pagado sobornos por 35 millones de dólares en Argentina para obtener obra pública, no serían suficientes para deslindar las responsabilidades imputadas en la causa.
Según pudo saber Clarín, la mayoría de los indagados señalaron que quienes encaraban las reuniones con funcionarios, o estaban al tanto de las modificaciones en las obras y sus costos “era la empresa Odebrecht”. No fue llamativo para la justicia, “es la firma que declaró haber pagado sobornos y cuyo dueño se encuentra detenido”, explicaron fuentes de la causa.
Bajo la premisa de que hubo “acuerdos espurios” para manipular actos administrativos para favorecer negocios con empresarios privados, en el expediente se investigó la adjudicación y ejecución de dos plantas potabilizadoras que licitó AySa.
El magistrado sostuvo que "las contrataciones estuvieron previamente direccionadas" y que el llamado a licitación pública fue tan sólo "una puesta en escena para disfrazar negocios previamente acordados”.
En consecuencia se planteó que hubo una “ficción sobre el mejor precio” y que ambas obras expusieron "la existencia de un millonario perjuicio económico al Estado traducido, entre otras cosas, en mayores costos como consecuencia de las irregularidades cometidas".
Las obras cuestionada son dos. La primera de ellas, Paraná de Las Palmas (Tigre), fue adjudicada a Odebrecht, Benito Roggio, José Cartellones Construcciones y Supercemento en UTE, por un 25% más alto que su valor inicial de licitación: pasó de 1.838 millones de pesos a 2.200 millones. Con retrasos permanentes en la construcción (más de 60 meses), ese costo se incrementó un 78%.
La segunda obra, la planta de tratamiento de efluentes cloacales de Berazategui, fue adjudicada al Consorcio Camargo Correa (firma brasileña investigada en el Lava Jato) y Esuco SA. Esta planta fue licitada por 324 millones de pesos en 2007, y su adjudicación se realizó por un monto superior: 481.764.394 pesos.
En ambas obras, según consignó el juez y tomó como dato relevante. participaron "firmas brasileras involucradas en mayor o menor medida en el Lava Jato" la causa por lavado de dinero y corrupción que tiene como una de las protagonistas a Odebrecht que pagó sobornos en doce países para obtener obras: en Argentina las coimas habrían sido de 100 millones de dólares.
Un informe de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) que dirige Sergio Rodríguez, expuso una serie de "groseras irregularidades" y patrones en común en ambas contrataciones. “El comportamiento de los funcionarios públicos como el del sector privado muestran la manipulación de los procesos licitatorios”, tal como informó Clarín.
Todo fue rechazado por Benito Roggio en el escrito presentado ante el juzgado. Sostuvo que no es cierto “que la licitación haya sido ficticia” y que la empresa “nunca participó de las reuniones entre funcionarios públicos y Odebrecht”.
El consorcio con Odebrecht se constituyó por que “Benito Roggio no contaba con antecedentes y experiencia en obras de la envergadura que se licitaba algo que suplía holgadamente” la firma brasileña.
Así, se excusaron diciendo que sólo fueron representantes de UTE y desde la firma Roggio indicaron que “la relación y contacto directo entre la UTE y el comitente AySa, fue llevada a cabo exclusivamente por Odebrecht, en su condición de socio mayoritario”. Señaló también que Aldo Roggio “no es Ejecutivo” y que sus tareas se encuentran “lejos del trabajo diario”.
Sin embargo, para la justicia las líneas de financiamiento, fueron acordadas con anterioridad a que la empresa AySA hiciera pública su voluntad de contratar", lo que para Casanello muestra "los acuerdos preexistentes y desnuda el montaje de la licitación pública como una mera puesta en escena".
En el caso de Carlos Wagner en un escrito de 54 páginas, señaló que todo responde a un “impulso mediático” respecto a su participación de Esuco. Señaló que la firma “quedó excluida de toda gestión” para acceder al financiamiento brasileño y que el mismo, dado por el BNDES “era sólo para empresas de Brasil”. Y que estuvieron “ajenos a las cartas de intención” para obtener el dinero, que son cuestionadas en la causa. Ese financiamiento fue la puerta de entrada para Odebrecht.
Fuente: Clarín
Sábado, 7 de abril de 2018
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