Judiciales Procesaron a Roberto Baratta en la causa Río Turbio 
El juez Luis Rodríguez también procesó a otros 15 imputados. Por el caso está detenido el ex ministro de Planificación Julio De Vido.
El juez Luis Rodríguez procesó a Roberto Baratta, ex número dos de Julio De Vido en el Ministerio de Planificación, en la causa que investiga el desvío de fondos para la puesta en marcha de la mina de carbón de Río Turbio, en Santa Cruz.
Rodríguez investiga malversación de fondos públicos para distintas obras en Río Turbio en el orden de los 26.000 millones de pesos entre los años 2006 y 2016. Se calcula que hubo un desvío de 265 millones hacia fines distintos de los previstos.
Además de Baratta, que está detenido por otra causa por administración fraudulenta, el magistrado procesó a otros 15 imputados y ordenó embargos de hasta 250 millones de pesos.
En su resolución, el juez procesó sin prisión preventiva, como coautores del delito de defraudación por administración fraudulenta cometido en perjuicio de una administración pública, a Atanacio Perez Osuna y Martín Juan Goicoechea.
En tanto, procesó, sin prisión preventiva y como partícipes necesarios del delito de defraudación por administración fraudulenta cometido en perjuicio de una administración pública a las siguientes personas: Roberto Baratta, Jorge Omar Mayoral, Jaime Horacio Álvarez, Miguel Ángel Larregina, Marta Nilda Pérez, Juan Marcelo Vargas, Fernando Jorge Lisse, Hugo Ramón Sánchez, Orlando Marino Taboada Ovejero, Orlando Javier Pastori, Gustavo Alejandro Maza, Claudio Edgardo Masson, Diego Osvaldo Di Lorenzo y Carina Anahí Mendoza.
El expediente de Río Turbio es el mismo por el que está procesado y detenido con prisión preventiva De Vido. En diciembre pasado, la Cámara Federal porteña había confirmado la detención del ex ministro de Planificación.
En el fallo, la Sala II de ese tribunal además rechazó el pedido de excarcelación presentado por la defensa del ex funcionario, detenido en el penal de Marcos Paz.
Además del rechazo de la excarcelación, los camaristas ratificaron el procesamiento por defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y el embargo de 250 millones de pesos.
Fuente: Infobae
Viernes, 16 de febrero de 2018
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