Política El Gobierno podrá adjudicar obra pública y contratos a firmas del exterior  Acordó con Brasil, Paraguay y Uruguay abrir las licitaciones de bienes, servicios y obras de construcción. Provincias y empresas públicas podrían sumarse a la medida.
El protocolo de contrataciones públicas del Mercosur pasó casi inadvertido en el escenario político nacional, tras ser rubricado el pasado jueves por el presidente Macri, en un viaje exprés a Brasilia. No así para las corporaciones y asociaciones empresarias que tienen como clientes al Estado, que inmediatamente posaron la atención en los detalles de la norma que abre de par en par las puertas del mercado gubernamental a compañías del Brasil, Paraguay y Uruguay.
Aunque la primera reacción fue de preocupación, muchas compañías argentinas podrán competir, con trato igualitario, por convertirse en proveedores en los países vecinos. De acuerdo a voces del Ministerio de Producción, este pacto facilitará que muchas pymes nacionales puedan ofrecer productos y servicios a diferentes organismos fronteras afuera.
Según lo acordado, la Argentina abre a la competencia regional las provisiones de bienes, servicios y contrataciones de obras que realicen Presidencia de la Nación, Jefatura de Gabinete y todos los ministerios nacionales; más de 40 organismos descentralizados, como la Anses o el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), y unas 57 universidades nacionales.
La oferta argentina incluye todos los bienes comerciables, con excepción de compras de medicamentos e instrumentos para las ofertas del Ministerio de Salud; prendas, complementos, calzado, cascos y equipamiento militar del Ministerio de Defensa, y lanchas para el Ministerio de Seguridad, que puso un único reparo. En las compras de Transporte, Energía y Minería, e Interior, Obras Públicas y Vivienda, se excluye la compra de maquinarias.
También podrán entrar a competir compañías que ofrezcan servicios de contaduría, auditoría, asesoramiento tributario, arquitectura, ingeniería, planificación urbana; servicios de información, de investigación y desarrollo (con excepción de los programas para el desarrollo científico y tecnológico), servicios inmobiliarios, de arrendamiento, publicidad, investigación de mercado o consultoría, encuestas, y los sensibles servicios de comunicación, logística y correos. En el rubro construcción, se incluyen obras de preedificación, construcción de edificios, ingeniería civil, ensambles y edificaciones, obras de instalación, terminación y acabados de edificios.
El Estado se reservó fijar un umbral de precios que, para bienes y servicios, abre al exterior las compras mayores a $ 2,3 millones, y en caso de obras de construcción, comienza a partir de los $ 100 millones.
Por tratarse de países federales, ni la Argentina ni el Brasil pudieron ofrecer la apertura de las compras provinciales o estaduales, respectivamente, cosa que sí pueden hacer Paraguay y el Uruguay, de administración unitaria. Por esta divergencia, el Gobierno se comprometió a iniciar consultas con las provincias para incorporarlas de manera voluntaria. Entretanto, el Paraguay no abrirá su mercado hasta tener acceso a las compras Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones.
De un modo similar, la Argentina se comprometió a "iniciar negociaciones para la inclusión de empresas del Estado dentro de dos años a partir de la entrada en vigor del protocolo".
El acuerdo suscripto es el segundo en su tipo que impulsa el macrismo, luego del firmar meses atrás un pacto similar con Chile, y mientras se negocia desde el Mercosur un capítulo de compras públicas en el acuerdo de asociación con la Unión Europea (UE) y cuyo contenido, de momento, es desconocido.
Fuente: El Cronista
Martes, 26 de diciembre de 2017
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