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POLÍTICA Qué dice el decreto de 1997 que el Gobierno busca aplicar, la oposición quiere derogar y que regula el acceso a las pensiones  El texto reglamenta el artículo 9 de la ley 13.478 de la Convención de los Derechos de Personas con Discapacidad.
El decreto 432/97 especifica cuáles son las condiciones para acceder a la pensión para el otorgamiento de pensiones a la vejez y por invalidez. Su aplicación podría afectar a un millón y medio de personas. Según el texto:
•Se presume que la incapacidad es total cuando la invalidez produzca en la capacidad laborativa una disminución del 76 % o más.
•Este requisito debe probarse con una certificación expedida por servicio médico de establecimiento sanitario oficial, en el que deberá indicarse la clase y grado de incapacidad. Dicha certificación podrá ser revisada y actualizada toda vez que la autoridad de aplicación lo crea conveniente.
•En el caso de pensión a la vejez, el beneficiario debe tener setenta o mas años.
•En el caso de pensión por invalidez, quien la reciba debe encontrarse incapacitado en forma total y permanente.
•Los extranjeros deberán acreditar una residencia mínima continuada en el país de 20 años.
•Ni el beneficiario ni el conyuge podrán ser titulares en otro régimen de previsión, retiro o prestación no contributiva alguna.
•No podrán tener parientes que estén obligados legalmente a proporcionarle alimentos o que teniéndolos, se encuentren impedidos para poder hacerlo; ni vivir con otros familiares bajo el amparo de entidades públicas o privadas en condiciones de asistirlo.
•No deberán tener bienes, ingresos ni recursos que permitan su subsistencia. Este último criterio, explican los especialistas, es el que genera mayor amplitud para la intrerpretación del decreto, en un contexto económico signado por la variación de precios y muchas paritarias sin cerrar.
La polémica
Mientras el Gobierno explica que la intención de la gestión es "transparentar" el sistema de otorgamiento de pensiones por discapacidad y culpa al kirchnerismo de haber tenido un "manejo clientelar y corrupto" de ese beneficio, los beneficiarios que se vieron perjudicados con la medida y referentes opositores de distintos espacios políticos salieron a cuestionar la aplicación "a la letra" de ese decreto emitido durante el menemismo.
En las últimas horas, el titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos de la Seguridad Social (Ufises), Gabriel de Vedia, solicitó al Ministerio de Desarrollo Social información detallada sobre la suspensión de pensiones por discapacidad.
Entre otras precisiones, pidió que se detallen las pruebas que sustentan la decisión de suspender parte de las pensiones por discapacidad, el medio de notificación al beneficiario de la futura suspensión del beneficio y que se acompañen las constancias respectivas que acrediten dicha notificación.
El presidente de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales (CNPA), Guillermo Badino, explicó a Télam que "no se trata de bajas sino de suspensiones preventivas que están todo el tiempo en revisión, ya que es algo dinámico y, si hay errores, se reparan inmediatamente". El Gobierno puso una línea para que los reclamos comenzaran a tramitarse (el 0800 222 3294) y la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, se comprometió "revisar los errores" que pudiera haber en la norma.
"No sacamos de la manga un decreto; es el decreto que reglamenta la función de la comisión", explicó Badino en referencia al decreto 432 que firmó el ex presidente Carlos Menem en 1997 y que, durante el kirchnerismo, se flexibilizó para que más personas pudieran acceder al beneficio.
Walter Pignataro, delegado general de ATE sector Pensiones, advirtió a Télam que, al menos en esta primera instancia, no se cumple con un proceso que garantice mayor control: "Se están quitando las pensiones sin comunicarse antes con las personas y consultar su situación. La realidad es que se pasó de un modelo de inclusión a otro de exclusión. Con el kircherismo se pasó de 10 mil pensiones al año a 10 mil al mes y la reglamentación legal vigente sigue siendo la misma".
La medida del Gobierno generó un fuerte debate político sobre la función y la viabilidad económica de todo el sistema de pensiones, pero también desde la Iglesia cuestionaron la situación en la que quedaron muchos beneficiarios y el criterio con el que se decidió aplicar el decreto de 1997.
El responsable de la Comisión para las Personas con Discapacidad del arzobispado de Buenos Aires, el sacerdote Pablo Molero, sostuvo en diálogo con Télam que “es necesario restituir inmediatamente” las pensiones no contributivas por discapacidad que fueron suspendidas por el Ministerio de Desarrollo Social ya que esos beneficios “han generado la posibilidad de vida digna y desarrollo a mucha gente”.
“Querer aplicar hoy un decreto que responde a otra época del país es un grave error porque es olvidar lo que sucedió en el 2001 y la pobreza estructural de años, así como no se puede desde dicha normativa cuestionar el criterio que un gobierno usó para reconocer el derecho a esa pensión a personas con una discapacidad y no ya con una invalidez laboral y con una situación socioeconómica vulnerable”, dijo el sacerdote.
“Nuestro país cuenta con familias que no pueden dar respuesta a las necesidades de sus miembros. Si lo tuvieran que hacer solamente con sus ingresos tendrían que decidir si comer o atender al miembro con discapacidad”, advirtió Molero.
“Estas pensiones han generado posibilidad de vida digna y desarrollo a mucha gente, que de otra manera no lo tendría, y ya no estarían algunos entre nosotros”, concluyó.
Los senadores del Frente para la Victoria-PJ presentaron un proyecto de ley para derogar incisos del decreto 432/1997. También está prevista una audiencia pública en la Cámara de Diputados para abordar el tema.
Fuente: Télam
Miércoles, 14 de junio de 2017
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